La jueza del caso Reparos declara compleja la causa que vuelve a involucrar al expresidente de Canarias
La jueza de Instrucción 4 de La Laguna ha declarado “causa compleja” una parte de las diligencias previas abiertas por la gestión de centenares de contratos del Ayuntamiento de esa ciudad prorrogados de manera irregular y en contra de los criterios del interventor. Se trata del caso Reparos, en el que figura una decena de encartados, entre otros el expresidente del Gobierno de Canarias y exalcalde lagunero Fernando Clavijo.
La causa lleva estancada en ese juzgado desde 2018, cuando el concejal Santiago Pérez (Avante La Laguna) denunció la existencia de contratos prorrogados sin título legal alguno para servicios públicos cuya adjudicación debió haberse realizado tras los correspondientes concursos. Se trata de contratos que sumarían decenas de millones de euros que eran prorrogados tanto por el exalcalde Clavijo como por su sucesor, José Alberto Díaz, y algunos de sus concejales y concejalas, sin justificación alguna y en contra de los criterios que exigía el interventor de la Corporación en base a la ley de contratos públicos.
Los presuntos delitos cometidos no estarían prescritos, pero la gran cantidad de documentación a analizar, que ha sido remitida al juzgado por el Ayuntamiento, ha aconsejado esta medida legal.
La jueza ha decretado concretamente la complejidad de la pieza separada que ha abierto a los contratos prorrogados por Fernando Clavijo, dada su condición de aforado ante el Tribunal Supremo después de que su partido lo promoviera a la condición de senador por la Comunidad Autónoma de Canarias en medio de otra causa penal, el caso Grúas. La Sala Segunda del alto tribunal decretó luego el sobreseimiento de la parte referida precisamente al único aforado, que optó por esta condición ante el Supremo cuando la reforma del Estatuto de Autonomía dejó sin aforamiento a los altos cargos de Canarias en noviembre de 2018.
La jueza ha decretado la complejidad de la causa referida a Clavijo para tener un plazo de un máximo de 18 meses para preparar la exposición razonada que habrá de elevar al Supremo. De no haber sido aforado, el expresidente correría la misma suerte que el resto de los investigados: prestar declaración y someterse luego a un juicio oral, dado que la causa -a entender de la instructora de la fiscalía- parece clara.
0