La Fiscalía pide ocho años de cárcel para cuatro mujeres por forzar a otra a abortar para seguir prostituyéndola
La Fiscalía de Canarias pedirá este lunes penas de siete a ocho años de cárcel para cuatro mujeres nigerianas a las que acusa de haber obligado en 2010 a abortar a una compatriota a la que explotaban como prostituta, sometiéndola a todo tipo de castigos físicos y psicológicos.
El caso sentará en el banquillo en la sección segunda de la Audiencia de Las Palmas a Sonia O., de 40 años, conocida como Mamá Princesa; Marcelina O.E., Mamá Osato, de 38; Asantesaa Y.N., Doris, de 30; y Evelyn M., Mamá Ame, de 42; que ya fue condenada en Móstoles (Madrid) hace diez años por otro delito de aborto.
La acusación pública asegura que la denunciante de estos hechos, que goza de la condición de testigo protegida, era obligada a ejercer la prostitución por la persona que la había traído a España, Mamá Osato y que la trataba como “mera mercancía”.
El fiscal sostiene que, cuando su proxeneta se enteró de que la testigo estaba embarazada, la conminó a abortar, con el argumento de que la gestación le iba a impedir “trabajar” durante varios meses.
Como la mujer se negó a poner fin a su embarazo y expresó su deseo de tener al niño, Mamá Osato tomó contra ella la represalia de elevarle en 15.000 euros la deuda que debía abonarle por haberla traído a España y comenzó a presionarla, en ocasiones a golpes, con la colaboración de Sonia O. y Asantesaa Y.N.
De esa manera, las tres consiguieron llevar el 3 de marzo de 2010 a la testigo a una clínica de Telde (Gran Canaria), cuyos responsables se negaron a practicar el aborto a la chica, porque carecían de autorización para realizar interrupciones de alto riesgo (la gestación había cumplido ya la semana 18).
Dos semanas después, la denunciante fue llevada a Madrid para que abortara allí, contando con la colaboración de Evelyn M., Mamá Ame, que la alojó en su vivienda y la condujo a una clínica de la capital, consciente en todo momento de que la joven no quería poner fin al embarazo, subraya el Ministerio Público.
La denunciante firmó en la clínica el preceptivo consentimiento, pero la acusación pública le niega cualquier validez.
A juicio del fiscal, ese consentimiento no se prestó de forma libre, sino bajo todo tipo de amenazas y ritos de vudú con los que se amedrentó a la testigo, haciéndole creer que tanto ella como su familia en Nigeria podían sufrir diversos males.
El fiscal acusa a las cuatro procesadas de un delito de aborto y propone que Sonia O., Marcelina O.E. y Asantesaa Y.N. sean condenadas a siete años de cárcel, pena que eleva a ocho años en el caso de Evelyn M., que tiene antecedentes por los mismos cargos.
