La Fiscalía denuncia a una exalto cargo de la ULPGC por usar la universidad para el alquiler de pisos de familiares

La Fiscalía Provincia de Las Palmas ha denunciado a Rosario Berriel, ex vicerrectora de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), por contratar viviendas de familiares con fondos de la institución universitaria.

Según señala este miércoles Canarias 7, el fiscal Pedro Gimeno ve un presunto delito de malversación de caudales públicos por estos hechos, lo que acarrea, según el Código Penal, penas que podrían oscilar entre los dos a seis años de prisión, la inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo, de seis a diez años. Será ahora un juzgado de instrucción el que se encargue de realizar la correspondiente investigación.

La denuncia surgió después de que el Consejo Social de la ULPGC detectara estas irregularidades en una auditoría de la Fundación Parque Científico que fue trasladada al Ministerio Público. En esa misma auditoría también se recogían otras irregularidades en la justificación de una ayuda a la investigación en materia de cooperación internacional con Marruecos que también están siendo analizadas por la Fiscalía.

Todo surgió cuando la ULPGC firmó en su día a un acuerdo con el Instituto Confucio en virtud del cual los profesores nativos que vendrían a Gran Canaria desde China,se alojarían en inmuebles facilitados por la propia universidad. En este momento Berriel, presuntamente, se saltó la normativa relativa a la licitación de los contratos de arrendamiento de dichos inmuebles y, según el escrito de la Fiscalía, en 2015 cerró el contrato con cinco viviendas de su marido, Luis Barber, y su hermana, Mercedes Berriel.

En total, Berriel realizó cuatro contratos de arrendamientos para las cinco viviendas de las que su marido y hermana eran titulares. De este modo, percibían cantidades económicas con cargo a la ULPGC saltándose la regulación vigente en materia de contratos públicos.

Fuentes del pleno del Consejo Social destacan que la decisión de la Fiscalía de presentar denuncia demuestra que tanto la auditoría, como el informe y la posterior remisión al fiscal, han sido “rigurosas y prudentes”.