La Fiscalía respalda el archivo de la 'telaraña' del presidente del Cabildo de La Gomera
La Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife no recurrirá el sobreseimiento provisional del caso Telaraña, por el que se investiga al presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, y a otras cinco personas. En un escrito presentado en el Juzgado de Instrucción de San Sebastián, al que ha tenido acceso mirametv.com, el Ministerio Público avala la decisión de la jueza María Lourdes Goya y rechaza las pretensiones de la acusación popular, que ha decidido mantener vivo el procedimiento en la Audiencia Provincial.
La jueza sustituta del Juzgado de Instrucción de La Gomera dictó el pasado mes de octubre el archivo provisional de la causa principal que pesa sobre Curbelo, investigado por cuatro presuntos delitos de cohecho. La acusación popular, que impulsa el exconsejero insular Pedro Medina, presentó un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra la decisión de Lourdes Goya, que tendrá que ser resuelto en última instancia por la Audiencia Provincial. En un escrito de once folios redactado por la fiscal María Farnés Martínez, la representante del Ministerio Público da marcha atrás en sus posiciones iniciales y concluye que no existen indicios suficientes para continuar con unas pesquisas que se remontan a 2010, cuando la Guardia Civil presentó la primera denuncia.
La fiscal reconoce que “tiene razón” la acusación popular cuando alega en el recurso que no se han practicado todas las pruebas que ordenó el Juzgado de Instrucción, mediante providencia, el 28 de diciembre de 2015. Farnés Martínez replica que, aunque la totalidad de las diligencias no se ha llevado a cabo, las que se han realizado “han permitido desvirtuar los indicios de infracción penal”, de tal manera que las actuaciones pendientes “en nada afectarían a la existencia o no del hecho delictivo”.
El Ministerio Público expone que, llegados a este punto de la instrucción, después de siete años de pesquisas judiciales, “debe primar el derecho del investigado a un proceso sin dilaciones indebidas”. La acusación popular atribuyen el retraso de la causa a la falta de medios que padece el Juzgado de San Sebastián, por donde han pasado hasta seis jueces distintos durante el tiempo que ha durado el caso Telaraña.
Los Lameros
Uno de los delitos de cohecho por los que se investiga al también diputado autonómico y presidente de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) está relacionado con las actuaciones urbanísticas que se llevaron a cabo en la zona de Los Lameros, en la isla de La Gomera.
La Fiscalía, aunque avala su conclusión principal, corrige y muestra su desacuerdo con varias de las argumentaciones que se exponen en el auto de la jueza que dictó el sobreseimiento provisional. María Farnés Martínez cuestiona a la instructora por asegurar que la aprobación del PIOG tan solo depende de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), por lo que Curbelo no hubiera podido tener influencia alguna, al recordar que el Cabildo es el encargado de elaborar el documento y elevarlo al órgano autonómico.
Este hecho no es suficiente para Farnés Martínez, que defiende que la actuación del presidente insular en el expediente no pone de manifiesto un comportamiento delictivo. Las sospechas se fundamentaron en las acusaciones que mantuvo el constructor Antonio Pérez, también investigado en la causa, sobre una permuta de bienes inmuebles a través de una telaraña de sociedades vinculadas con el promotor y el propio Curbelo. El Ministerio Público no da credibilidad a la versión del también médico y se basa en sus “contradicciones” para manifestar que “no se aprecia indicio de infracción penal” en la operación.
Tampoco encuentra la fiscal motivos para sostener la investigación por cohecho en relación a las supuestas presiones y obstáculos que, según el testimonio de Antonio Pérez, ponía Casimiro Curbelo para que el ámbito fuera definido como urbanizable residencial. En el escrito del Ministerio Público se admite que se produjeron cambios en la calificación del suelo durante la tramitación del expediente, pero se basa en el informe pericial que se encargó durante la instrucción para concluir que ninguna de las modificaciones supuso un aumento del valor de los terrenos.
Las Petroleras
Tampoco aprecia la fiscal indicios suficientes de delito para continuar la investigación en el apartado referente al ámbito de Las Petroleras. Este suelo fue adquirido por una sociedad propiedad de Antonio Pérez en 2004, Machal SL, al comprar todas las participaciones de la empresa que hasta entonces era la propietaria. Un año después, el ámbito volvió a cambiar de manos, esta vez a las de la entidad El Revolcadero SL, que en octubre de 2005 vendió un 20% de sus participaciones a Fortunato Arteaga, un presunto testaferro de Casimiro Curbelo.
El propio Arteaga, como expone en su escrito Farnés Martínez, en sede policial y en su primera declaración judicial, reconoció que “no efectuó pago alguno” por las participaciones y que actuó “a solicitud” de Curbelo. Un testimonio que modificó durante el interrogatorio que se le realizó cuando se levantó el secreto de las actuaciones. El presunto testaferro negó que el presidente del Cabildo le hubiera hecho solicitud alguna y aseveró que actuó a instancia del promotor Antonio Pérez.
El Ministerio Público argumenta que la única prueba existente es la declaración de Antonio Pérez, la cual, además de haber quedado “desvirtuada”, no es válida porque el testimonio de un “coinvestigado no es suficiente para fundamentar una sentencia condenatoria”.
El Machal
La investigación vinculada con el ámbito de El Machal ha tenido una mayor repercusión mediática porque está relacionada con la grabación de una conversación en la que interviene Casimiro Curbelo y se aborda un presunto reparto de intereses en el desarrollo urbanístico de este ámbito. El suelo era inicialmente propiedad de la familia Luengo Barreto, que lo compró con la intención de que fuera recalificado como urbanizable, algo que no prosperó, pero terminó en manos del promotor inmobiliario Antonio Pérez, que supuestamente lo repartió a partes iguales con el hoy diputado autonómico y el expresidente del Cabildo de La Palma Felipe Hernández.
La tramitación del Plan Insular de Ordenación de La Gomera (PIOG) permitió que la zona de El Machal, que en el Plan General de Ordenación (PGO) de San Sebastián de La Gomera venía clasificada como de “protección territorial”, se vinculase con un futuro desarrollo turístico, donde cabían dos hoteles de cuatro estrellas y un campo de golf de 18 hoyos. La Cotmac, finalmente, eliminó el equipamiento deportivo, pero mantuvo el alojativo.
María Farnés Martínez pone el acento en el hecho de que Antonio Pérez declaró que se firmaron dos contratos privados para sellar el reparto del suelo en tres partes iguales, uno con Casimiro Curbelo y otro con Felipe Hernández, pero no los aportó cuando fue requerido por el Juzgado porque “no los ha podido localizar”.
El escrito de la Fiscalía se apoya también en la declaración de Felipe Hernández, que en sede judicial manifestó que nunca existió un tercer propietario en la operación, en alusión a la figura de Curbelo.
Travesía de Hermigua
En relación a la obra civil de la travesía de Hermigua, denunciada por Pedro Medina, la fiscal también expone que “no queda acreditada la comisión de delito alguno”, mientras que considera justificados los cambios que se produjeron en el proyecto tras tomar declaración a los técnicos implicados
Especial mención merece, y así lo hace constar la representante del Ministerio Público, el testimonio del representante de una de las empresas implicadas, la multinacional Sacyr. Carlos Martínez reconoció en su declaración que le llegó “una noticia en relación con la solicitud de petición de dinero por parte de un empleado suyo llamado Manolo”, aunque aseguró que el trabajador nunca reveló el nombre de la persona con la que se había puesto en contacto.
Sobre este hecho también se interrogó a otro de los investigados, Enrique Amaya, un empresario cercano a Curbelo que fue señalado por un testigo protegido como el encargado de solicitar dinero para el “papi” (apodo que la Guardia Civil vinculaba con el diputado de ASG). El entonces imputado reconoció haber mantenido una conversación con “Manolo”, el empleado de Sacyr, pero negó que existiera soborno alguno y que únicamente le solicitó que le concertara una reunión con el presidente del Cabildo. Pese a ello, la Fiscalía considera que no existen indicios suficientes para continuar con un procedimiento que, de prosperar el recurso de la acusación popular, tendría que pasar al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la condición de aforado de Casimiro Curbelo.
