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El Poder Judicial refuerza a Canarias con seis jueces para hacer frente a la alta litigiosidad

Archivo - Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife
- GOBIERNO DE CANARIAS -

Europa Press

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La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó en su reunión del pasado 2 de diciembre asignar al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a seis jueces de la septuagésimocuarta Promoción de la Escuela Judicial en expectativa de destino (tres en la provincia de Santa Cruz Tenerife y tres en la de Las Palmas).

La media atiende no solo a los criterios de población de las islas, sino a la carga real de trabajo y la litigiosidad que registra la comunidad autónoma, que por sexto año consecutivo registra la tasa más elevada del país.

La resolución de la Comisión Permanente responde al exhaustivo informe de necesidades que el presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo, elevó al órgano de gobierno de los jueces el pasado 29 de octubre en respuesta a la petición del CGPJ de una “propuesta fundamentada” sobre las necesidades y el número de plazas que pueden ser cubiertas mediante el mecanismo de jueces en expectativa de destino.

La decisión implica que, previsiblemente, en febrero de 2026 tomarán posesión como JED los seis nuevos miembros de la judicatura, que quedarán a disposición del presidente del TSJC y podrán ser destinados como refuerzo a los tribunales que lo precisen, tres en Las Palmas y tres en Santa Cruz de Tenerife, detalla el TSJC en una nota.

Además, en la misma reunión la Comisión Permanente acordó ofrecer tres plazas actualmente vacantes en las islas (dos en Güímar y una en Santa María de Guía).

El informe elevado por el presidente del TSJC al Consejo General del Poder judicial planteaba tres escenarios alternativos de asignación de plazas, uno inicial y mínimo de cuatro plazas, un segundo, el “deseable”, de seis plazas y un tercero, considerado como “óptimo”, de ocho plazas.

La Comisión Permanente ha tomado en consideración el segundo escenario, fundamentado en una ponderación multifactorial que considera de manera conjunta los siguientes elementos: que Canarias soporta el 6,1% del total de los litigios que se tramitan en España; que la ratio de litigiosidad no sólo es la más alta del país desde hace seis años sino que actualmente supera la media nacional en un 32,48%, y que el 63,4% de los órganos judiciales se encuentran en situación “crítica”, al superar el 130% del módulo de carga establecido por el CGPJ.

El presidente del TSJC estableció en su informe un orden de prelación en la asignación de las plazas de jueces en expectativa de destino que contempla, en primer lugar y como “prioridad absoluta por volumen y sobrecarga”, un refuerzo transversal de los juzgados de primera instancia de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo módulo de carga es del 274% (el más elevado entre los partidos de la provincia).

En segundo término, un refuerzo idéntico en los juzgados de primera instancia de Santa Cruz de Tenerife (un módulo del 243% y un incremento de la pendencia interanual del 17,5%) y en tercer lugar, en los juzgados de lo social de Las Palmas de Gran Canaria, que computan un módulo de carga del 181,3% y un incremento de la pendencia interanual del 6,6%.

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