La justicia avala dos años después la retirada de las jaulas marinas ubicadas en una zona prohibida del sur de Lanzarote

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la denegación de la prórroga extraordinaria que había solicitado la empresa Yaizatún para seguir produciendo dorada y lubina en 53 jaulas marinas entre Punta Gorda y Playa Quemada, en el municipio de Yaiza, en el sur de Lanzarote. 

La respuesta judicial llega más de dos años después del desmantelamiento de esas instalaciones. En junio de 2023, la entonces presidenta en funciones del Cabildo, María Dolores Corujo, daba por retiradas de forma definitiva todas esas jaulas. 

De hecho, la misma empresa ya había solicitado en aquel entonces autorización para un nuevo proyecto que pretende instalar 56 viveros marinos en otro enclave de la isla, entre La Bufona y Playa El Barranquillo, entre los municipios de Arrecife y Tías, para producir dorada, lubina y atún.

Yaizatún, sociedad perteneciente al grupo empresarial murciano Ricardo Fuentes e Hijos, era titular desde agosto de 2001 de una concesión de cultivos marinos (acuicultura) en el sur de Lanzarote. Esa autorización, otorgada por el Gobierno de Canarias, tenía una duración de veinte años. Es decir, expiró en el verano de 2021.

Tres años antes, en julio de 2018, Yaizatún había intentado anticiparse pidiendo una prórroga extraordinaria. La empresa pretendía extender la actividad una década más amparándose en un artículo de la Ley de Costas de 2013, el número dos, que permitía prolongar las concesiones para la ocupación de dominio público marítimo terrestre que hubieran sido otorgadas antes de la entrada en vigor de esa norma, como era el caso de la piscifactoría de Yaiza.

La Dirección General de Costas de la Administración General del Estado denegó esa petición porque esa prórroga extraordinaria no se concede de manera automática e indiscriminada, sino que requiere cumplir con requistios de protección del litoral. Es decir, no se puede otorgar si la instalación no es “ambientalmente sostenible”.

Es ahí donde entra el Gobierno de Canarias, competente para la concesión del permiso industrial o de actividad. Y es que, según el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC), aprobado en julio de 2018, pocos días antes de la petición de prórroga extraordinaria de la empresa, determina que esa concesión se localiza de forma parcial en zona prohibida. Es decir, en un emplazamiento que “carece de aptitud acuícola, basándose en el diagnóstico ambiental y territorial-socioeconómico o su viabilidad técnica”.

La Viceconsejería del Sector Primario del Ejecutivo regional acordó, en consecuencia, que no se trataba de una actividad medioambientalmente sostenible, por lo que no era posible concederle el beneficio de la prórroga extraordinaria que contemplaba la Ley de Costas de 2013.

Frente a esa denegación de la prórroga, la empresa presentó un recurso de alzada ante la propia administración que también fue rechazado, lo que llevó a Yaizatún a judicializar el caso en febrero de 2023.

En aquel momento ya había un importante movimiento que pedía el desmantelamiento de la piscifactoría del sur de Lanzarote. No solo los vecinos, que se quejaban de los malos olores, o del colectivo Ecologistas en Acción, que atribuyó la contaminación de los fondos marinos a la actividad esas jaulas, sino también el propio Ayuntamiento de Yaiza y del Cabildo de Lanzarote. Tres estudios técnicos vincularon la degradación del litoral con las piscifactorías.

Recurso de la empresa

A pesar de la denegación de la prórroga, Yaizatún mantuvo la actividad en el sur de Lanzarote desde agosto de 2021, fecha en la que había caducado la concesión, hasta principios de 2023, poco después de que el Gobierno de Canarias rechazara su último recurso. Fue entonces cuando la empresa empezó a desmantelar la jaula, pero no claudicó y en ese preciso momento decidió llevar el caso a los tribunales.

En ese recurso sostenía que la concesión solo se situaba “en una pequeña parte” en zona prohibida y que ello no justificaba la negativa total, puesto que, en su opinión, se estarían vulnerando los principios de proporcionalidad y buena administración. Como petición subsidiaria, en caso de que la principal no fuera estimada, reclamaba que se le reconociera el derecho a prórroga solo en aquella superficie ubicada fuera de la zona prohibida.

La Sala de lo Contenicioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en un fallo fechado a finales del pasado mes de julio, rechaza los argumentos de la empresa y confirma la denegación de la prórroga y, por tanto, avala el cierre de la piscifactoría.

Los magistrados coinciden en que las granjas marinas de Yaiza no constituían una actividad “ambientalmente sostenible” por estar localizadas de forma parcial en zona prohibida. Con respecto a la prohibición parcial, la Sala concluyó que se trataba de una valoración técnica de la propia administración que no puede ser modificada.

Además, aludió al informe desfavorable del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (de junio de 2021) como “el auténtico cierre argumentativo del debate”, puesto que la denegación de la concesión demanial (para la ocupación del dominio público marítimo) impide el desarrollo de cualquier actividad acuícola en esa zona.