El presunto quebranto de Emalsa se juzgará once años y medio después de que comenzara la investigación

El juicio contra los quince directivos de los socios privados de la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas (Emalsa) comenzará en octubre de 2024, o lo que es lo mismo, once años y medio después de que la Fiscalía Provincial de Las Palmas abriera diligencias penales de investigación allá por febrero de 2013.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo, ha comunicado que la Audiencia de Las Palmas juzgará a partir del 1 de octubre del próximo año a los implicados acusados de cometer sendos delitos de apropiación indebida y administración desleal, aunque ha lamentado el retraso que sufre la celebración de esta vista por la “carga de trabajo que soportan muchos de los juzgados” de Canarias.

Lorenzo, en unas declaraciones recogidas por EFE, ha manifestado en una rueda de prensa este viernes que estos tiempos de respuesta de la justicia no son “aceptables” y exceden los parámetros que se consideran normales. Ha señalado por otro lado que los juzgados “se van colapsando”, a lo que habría que sumar la huelga de letrados de administración de Justicia y la los funcionarios.

Por último, ha puesto énfasis en que no se trata de “una situación a la que nos debamos ni acostumbrar ni por supuesto considerar normal” y que, mientras tanto, los juzgados van dando respuesta “en la medida de lo posible”. Una de las consecuencias de esta situación hayan pasado tres años desde que el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 6 de la capital, Luis Galván, dicto el auto de apertura de juicio oral, sin que se haya determinado, hasta ahora, la fecha del inicio.

Los hechos enjuiciados tuvieron lugar entre 2008 y 2012 cuando Emalsa tenía como accionistas al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (34%) y a dos socios privados, Saur y Valoriza- Sacyr, con el 33% cada uno. La Fiscalía de Delitos Económicos acusa a esos dos socios privados de valerse de su posición mayoritaria en Emalsa para adjudicar contratos a una filial, Sercanarias, “prescindiendo absolutamente de la normativa aplicable” por un valor de 23 millones de euros, el cual considera que es superior a un precio real, lo que conllevaría a un perjuicio a las arcas municipales.

La adjudicación que ocasionó el mayor quebranto a Emalsa, según la Fiscalía, fue la correspondiente al mantenimiento de la red de alcantarillado, que ascendió a 11,1 millones de euros. Por otro lado, sostiene que hay “elementos comunes” en esas adjudicaciones, en las que en algunas casos no se publicaron los pliegos de especificaciones técnicas que hubieran permitido presentar ofertas a otras empresas interesadas en hacerse con el servicio y en otros sí se publicaron, pero su contenido no coincidía con el objeto del contrato finalmente concertado con Sercanarias.

La Fiscalía plantea dos penas alternativas para los acusados: una de ellas, de seis años de cárcel y 18.000 euros de multa por un delito continuado de apropiación indebida y la segunda, de cuatro años de prisión y 46 millones de euros, por un delito continuado de administración desleal. Para las dos personas procesadas en calidad de cooperadores necesarios, solicita dos años y nueve meses de prisión. 

En la causa están personados como acusaciones el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la asociación El Sol Sale para Todos.