Salvador Alba niega haber ofrecido favores judiciales a Ramírez para “acabar” con la carrera de Rosell

El magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas Salvador Alba ha negado haber ofrecido favores judiciales al presidente de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, para “acabar” con la trayectoria de la ex diputada de Podemos y jueza en excedencia Victoria Rosell.

Alba sale así al paso a un escrito que Ramírez ha presentado en el Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas sobre un encuentro o conversación privada con el magistrado y donde el juez le habría confesado su “ánimo de acabar con la carrera de la hoy ex diputada de Podemos” y presuntamente la habría ofrecido “toda suerte de favores procesales si imputaba a Victoria Rosell actividades irregulares”.

Estos hechos han sido negados por el magistrado en un comunicado donde asegura que “nunca” ha tenido encuentro privado “de ninguna clase con el investigado don Miguel Ángel Ramírez Alonso, los mismos han sido en todo caso públicos y en sede judicial”.

Asimismo, manifiesta que mantuvo una declaración previa a su declaración procesal con Ramírez en sede judicial, en el despacho de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, a donde afirma que el presidente de la U.D. Las Palmas y de Seguridad Integral Canaria acudió acompañado de su letrado don Sergio Armario y, posteriormente, “se produjo su emplazamiento para prestar declaración en la causa que se sigue en su contra”.

Esta declaración previa, añade, “fue solicitada con insistencia por el letrado de Seguridad Integral Canaria, personado en el procedimiento”.

“En ningún momento se ha efectuado imputación alguna de actividades irregulares a Victoria Rosell por parte de quien suscribe, ni consta en el procedimiento en cuestión que Miguel Ángel Ramírez impute actividad irregular alguna a Victoria Rosell, a la que en su declaración ni menciona”, apuntilló. Además, añade que emitió informe a instancia del Tribunal Supremo en el marco de una causa especial existente en el mismo.

En cuanto a la reunión y el contenido integro de la misma, Alba señaló que ha remitido informe al Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias tras el envío del informe que había solicitado la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Al respecto, incide en que la reunión “tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Las Palmas, en horas de audiencia pública”, asegurando que se negó “abiertamente” a tener una “entrevista privada en la sede empresarial de Seguridad Integral Canaria.

“Nunca se han ofrecido favores procesales de clase alguna por este magistrado ni a este investigado ni a ningún otro, si bien han sido constantes las presiones recibidas por el mismo y por su entorno, incluido el letrado referido, por lo que se han ejercitado acciones penales. Por este Magistrado se ha tramitado e instruido el procedimiento penal que se sigue contra don Miguel Ángel Ramírez, entre otros, imponiendo a este una fianza de 17 millones de euros, y ordenando una completa investigación patrimonial del mismo”, apostilló.

Además, subraya que el resultado “ya consta en autos”, ya que se han practicado declaraciones testificales, pericial contable, entre otras diligencias, lo que afirmó “dista mucho de cualquier pacto o artificio tendente a la exoneración del investigado”.

Asimismo, indica que hasta el momento de su cese en el Juzgado, “no se había solicitado nulidad de actuaciones alguna por ninguna de las partes. Si, en cambio, solicitudes de sobreseimiento y archivo que fueron rechazadas por este magistrado”.

“Si se ha producido una grabación en sede judicial , y en el transcurso de un proceso penal, sobre todo por quien es propietario de la empresa que tiene encomendada la seguridad del edificio judicial, se habría incurrido en un presunto delito de descubrimiento y revelación de secreto del artículo 197 del Código Penal , por los que se ha ejercitado la acción penal correspondiente por este magistrado, tanto por la utilización de algún dispositivo de captación del sonido como por su ulterior divulgación en distintos medios de comunicación, con la responsabilidad inherente a los mismos, solicitando el oportuno cotejo y pericial acústico forense oportuna a fin de determinar su autenticidad y la ausencia de manipulación, ya que se trata de frases y expresiones aisladas y sacadas de contexto, y proceder al completo esclarecimiento de los hechos”, concluye el comunicado.