Suspendida la declaración de los testigos en el proceso abierto por la Fiscalía contra dos concejales del gobierno de Mogán

El Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana ha suspendido la declaración de los concejales de Mogán Maicol Santana (PP) e Isabel Santiago (Nueva Canarias) en la causa abierta por la Fiscalía Provincial de Las Palmas a los concejales Julián Artemi Artiles (PSOE, encargado del área de Hacienda y Contratación), Mencey Navarro (Ciuca, encargado del área de Urbanismo y Asesoría Jurídica) y el Secretario Accidental del Ayuntamiento, David Chao, por la contratación por parte del Ayuntamiento grancanario del letrado Miguel Rodríguez Ceballos, amigo y socio de Navarro.

Rodríguez Ceballos y Mencey Navarro conforman el despacho Ceballos Navarro, Abogados, que ha sido contratado por el Consistorio grancanario para que le lleve la defensa jurídica. Para la Fiscalía, este asunto podría ser constitutivo de un delito continuado de prevaricación administrativa de los artículo 74 y 404 del Código Penal.

La declaración de este jueves ha sido aplazada porque el abogado Daniel Reyes, también consejero de Ciuca en el Cabildo de Gran Canaria y quien lleva la defensa de Navarro y Chao, solicitó a primera hora de esta mañana la suspensión de las declaraciones porque el concejal no podía comparecer por tener que acudir a un congreso. A pesar de que el juzgado rechazó la solicitud alegando que no se encontraba en ninguno de los supuestos establecidos en la norma, finalmente no pudo desarrollarse y está previsto que se celebre el próximo 19 de noviembre.

Para Santiago y Santana, los dos testigos y concejales en la oposición, “no parece muy imparcial que el secretario, fedatario público que es y que debe servir con objetividad la defensa de los intereses generales, comparta representación y defensa letrada con el concejal de Urbanismo y Asesoría Jurídica, Mencey Navarro”. Ambos portavoces entienden que lo mejor para el proceso y para garantizar la neutralidad del funcionario municipal es que tuviese su propio abogado.

El procedimiento parte de dos denuncias, una presentada por la funcionaria Patricia Inés Hernández, ex Jefa de la Asesoría Jurídica Municipal, y los concejales de la oposición Isabel Santiago (NC), Maicol Santana (PP) y Domingo Rodríguez (ex CIUCA). En ambas se señalan la manifiesta ilegalidad con vicios de responsabilidad penal ante las reiteradas contrataciones al letrado socio de Mencey Navarro quien, hasta el día de presentación de las denuncias, había sido designado reiteradamente y de forma fraccionada, para esquivar la Ley de Contratos del Sector Público, para, mínimo, 22 procedimientos, llegando a alcanzar en marzo de 2017 una cifra muy próxima a los 60.000 euros.

Para la Fiscalía “la defensa jurídica de un Ayuntamiento no puede considerarse como un contrato a celebrar para cada uno de los juicios que tenga el Ayuntamiento sino que, conforme a lo señalado en el Informe 30/12 de la Junta Consultiva de Contratación de la Administración del Estado, tal defensa es una unidad funcional que exige la celebración de un contrato único, más aún cuando todos los contratos menores se están adjudicando al mismo letrado”.

Así, el Ministerio Público acusa al concejal Navarro de, por tener una relación “persona y profesional” con el citado abogado, haber infringido el deber de abstención establecido en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, con el sólo objeto ya mencionado de beneficiar a esta persona.

Los portavoces de ambas formaciones políticas, ante las probables intenciones obstaculizadoras que pudieran realizar de este procedimiento los investigados, estudian la posibilidad de personarse en este procedimiento, con la intención de que se llegue al fondo del asunto y se depuren las responsabilidades en las que podrían haber incurrido el Secretario General Accidental de la Corporación y los dos concejales del Gobierno de Onalia Bueno.