La querella promovida por los trabajadores de Nestor Martin contra los promotores de la sociedad tendrá consecuencias de manera inminente. El cierre de la empresa, temporal o no, parece un hecho después de la presentación del concurso de acreedores y la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que enviará al paro esta misma semana a toda la plantilla de la fábrica de estufas.
Los actuales responsables del Ejecutivo autonómico dicen que son “conscientes de la desesperación” de los empleados de la factoría ante la situación de quiebra de la empresa, “apuesta personal del expresidente Ignacio Diego”, a dos días de cerrar sus puertas hasta que haya fondos para retomar la producción, pero insisten en que “no es responsable” invertir más dinero público de la comunidad autónoma en un proyecto que, a su juicio, es “fallido” y que “no tiene ningún futuro”. “Sería malgastarlo”, ha reconocido el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota.
Sin embargo, la situación de esta empresa, que la pasada legislatura recolocó a un centenar de trabajadores que fueron despedidos de Teka y que aportaron al capital social casi tres millones y medio de euros de sus finiquitos, tendrá recorrido también en los tribunales. De hecho, la opacidad en la concesión de ayudas públicas por valor de 18 millones ha acabado con la imputación de la exdirectora del Servicio Cántabro de Empleo (SCE) y de los dos gestores de la fábrica de estufas.
Todos ellos declararán el próximo 21 de septiembre ante la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander, Mercedes Compostizo, al estar acusados por su actuación en la empresa. Según ha adelantado Europa Press, los dos gestores estarían imputados por delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental; en tanto que la exdirectora del SCE lo estaría únicamente por este último delito, el de falsedad documental.
Preguntada sobre el asunto, la exconsejera de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria durante la pasada legislatura, Cristina Mazas, ha salido en defensa de su subordinada y ha reiterado que los 18 millones de euros de ayudas que recibió del Ejecutivo autonómico se hicieron “con todos los parabienes técnicos”. También ha reconocido implícitamente una de las principales sospechas de los trabajadores, que es la utilización de ese dinero público en actividades que se desarrollan fuera de la planta camarguesa.