El convenio de privatización sanitaria del Hospital Santa Clotilde será fiscalizado por el Parlamento de Cantabria
El Grupo Parlamentario Regionalista registrará una enmienda a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompaña a los Presupuestos Generales de Cantabria de 2026, que actualmente se encuentran en plena tramitación tras superar las enmiendas a la totalidad, para que el Parlamento de Cantabria fiscalice anualmente el convenio singular de privatización sanitaria con el Hospital Santa Clotilde de Santander, que supone un gasto de 256 millones de euros durante los próximos 16 años.
Paula Fernández, candidata electoral del PRC en Cantabria, ha propuesto este viernes una medida para obligar a que los convenios privatizadores con hospitales privados y centros sanitarios concertados rindan cuentas en la Cámara autonómica antes de recibir fondos públicos.
Con su propuesta, Fernández ha introducido un mecanismo de control para los convenios singulares sanitarios, pensando en un caso concreto: el convenio privatizador con el hospital Santa Clotilde, que desde su opaca introducción a través de una enmienda del PP en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2025 ha contado con información a cuentagotas.
La idea del PRC, que tiene un pacto de presupuestos con el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) y que, a priori, cuenta con el visto bueno de la presidenta, es que la financiación anual ya no sea automática y tenga que pasar por una comisión del Parlamento, para evitar que se repita el proceso que se dio con el convenio privatizador que tiene hoy el Servicio Cántabro de Salud (SCS) con el hospital privado. Un acuerdo que, en teoría, buscaba resolver el problema de las listas de espera, aunque aún no cuenta con suficientes camas, aparatos y personal para asumir todas las tareas que tiene encomendadas a través de este acuerdo.
La iniciativa es una enmienda a la Ley de Medidas Fiscales del Presupuesto para 2026 de Cantabria y más que probablemente saldrá adelante, con el visto bueno del PP. Según ha explicado Paula Fernández en una comparecencia ante los medios, la enmienda deriva del “caso concreto” de convenio con Santa Clotilde.
“Queremos garantizar transparencia, control público y evaluación anual de resultados allí donde antes no la hubo, para que los resultados de salud, los indicadores de accesibilidad y el grado de cumplimiento del convenio y sus adendas sean conocidos, debatidos y fiscalizados públicamente cada año”, ha asegurado Fernández.
Hasta ahora, la posibilidad de establecer un convenio singular se caracterizaba por un control eminentemente administrativo y técnico, sin la intervención parlamentaria directa que ha propuesto el PRC.
De hecho, la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública en Cantabria presentó en enero un recurso contencioso para demandar la nulidad del “irregular y oscuro” convenio, denunciando “la falta de la memoria técnica y económica y el certificado de crédito adecuado y suficiente”.
Privatización en Santa Clotilde
La inclusión en el convenio con Santa Clotilde de mamografías y endoscopias de los programas de cribado de cáncer de mama y colón ha sido una de las cuestiones que más polémica ha levantado. Estos programas se suman a la actividad que ya venía prestando el hospital desde hace tiempo a través de convenios anuales.
Se trata de la atención a personas con patología crónica o con un grado de autonomía reducida cuya asistencia sanitaria no pueda ser proporcionada en su domicilio o que requieran rehabilitación.
También se incluyen los programas de ortogeriatría, hospitalización de día, atención geriátrica, paliativa y control de dolor, además de consultas, procesos quirúrgicos y pruebas diagnósticas para cumplir con la ley de garantías de tiempos máximos de demora.
El acuerdo, que se publicó a mediados de noviembre en el Boletín Oficial (BOC), está vigente desde el 1 de enero, con una duración de 16 años prorrogables por cuatro más, con lo que la duración máxima será de 20 años.
En enero se publicó una adenda en el BOC que recoge el procedimiento para la medición de resultados con unos indicadores que vinculan la financiación al cumplimiento de objetivos de resultados en salud e indicadores de accesibilidad, evaluados anualmente. Según esa adenda, el 1% de la financiación anual del contrato (15,9 millones) está asociada al grado de cumplimiento de los objetivos.