“La vecina mía, la Serapia, me dio dos toques en la puerta y me dijo: 'Oye, que van a echar a los niños de la escuela'”. Era un sábado de diciembre de 1977. Carmen Rivas no recuerda la fecha, pero era mediodía. Por eso, los hombres estaban en sus trabajos y las mujeres del barrio San Francisco, en Santander, estaban la mayoría en casa. Rivas, tras enterarse por la Serapia de que había orden de desalojo de la escuela, bajó a la calle con su suegro, que ya era mayor. Ni ella ni la mayoría de las vecinas del barrio se había enfrentado nunca a la policía.
“En la calle había principalmente mujeres porque era sábado y se trabajaba y estaban los guardias y aquí se montó una…”, describe Rivas, que es maestra jubilada y tiene 80 años: “Aquello lo iniciamos las mujeres”. Casi medio siglo después, recuerda aquel día rodeada de otras cuatro vecinas. Todas muy abrigadas, sentadas alrededor de una mesa, dentro de la biblioteca del barrio. Mientras hacen memoria, tras la puerta sacude huracanado el temporal Goretti.
Las mujeres, todas en falda por la rodilla, alguna con pañuelo en la cabeza, observaban atentas, hablaban entre ellas, cruzaban los brazos mientras esperaban a ver qué iba a hacer la guardia civil. Así se las ve en algunas secuencias del corto documental 'El barrio que no se rindió', del cineasta Guillermo Ruiz, que se proyecta este jueves 15 de enero, a las 18.30 horas, de forma gratuita, en el Centro Cívico de Tabacalera de Santander.
El corto rescata todo lo que pasó antes y después de 1977: cómo Nurbasa, la constructora, levantó los bloques en los años sesenta, pero dejó todo lo demás sin hacer; cómo luego fueron los vecinos los que urbanizaron el barrio desde cero, con su dinero y con sus manos. Cómo se organizaron en una asociación de vecinos y cómo luego ocuparon varios locales propiedad de la constructora para compensar el enorme gasto que les supuso arreglar su barrio. Y cómo las mujeres se enfrentaron a la policía para evitar el desalojo de la escuela.
Producto del desarrollismo franquista, a este barrio de lo que entonces eran las afueras de la ciudad, llegaron a vivir familias trabajadoras de pueblos de Cantabria y de provincias limítrofes. Y el vecindario sufrió primero las consecuencias de una forma brutal de construir: “Desde mi casa veía las ratas corriendo”, dice María del Carmen García, de 79 años.
El Grupo San Francisco era escombros.
Por eso, las mujeres empezaron a recolectar dinero casa por casa. El vecindario, sobre todo los domingos, que era día de descanso, se puso a asfaltar por su cuenta. Muchos hombres se dedicaban a la construcción y lo aprovecharon para adecentar los espacios comunes. Al principio, las mujeres ajardinaron el barrio, llevando flores, cortando el césped con tijeras de casa, bajando comida. Así todos se fueron conociendo.
Los vecinos calcularon que se habían gastado unos diez millones de pesetas de la época y así se lo advirtió la asociación de vecinos a la constructora y a las instituciones en un manifiesto en 1975. Pero pasaron dos años sin respuesta. “Entonces pensamos: ¿cómo lo cobramos? Y se ocupó la escuela”, dice Marga Álvarez, que hoy tiene 72 años.
“Hay una cosa importante, todo fue por el cura, por la parroquia”, interrumpe Rivas, refiriéndose a Ernesto Bustio, conocido cura obrero, que ejerce actualmente como sacerdote en Güemes. Bustio fue muchos años el párroco del barrio. Junto a otros curas obreros de los setenta, trabajó en barrios como este, que entonces se consideraba que estaban a las afueras de Santander, en la cima de la ladera norte de la ciudad, donde había prados de vacas y una enorme fábrica de curtidos. Bustio, sin sotana, empezó a hablar con los jóvenes, como Marga Álvarez, para luego, llegar a los padres. Les ayudó a organizarse, a saber cómo movilizarse, desde su parroquia del barrio.
Cuentan las vecinas que la escuela infantil iba a ser un cine. Ese era el plan de la constructora. “Y ahí dijimos que no, que de eso nada”, dice Rivas.
La noche del 10 de abril de 1977 hicieron una asamblea de mujeres y tomaron una decisión drástica: la madrugada del 11 de abril ocuparon el local, que tenía unos 100 metros cuadrados, y construyeron la escuela popular, para niños hasta seis años. “Se pusieron esa noche las ventanas, no había ventanas. Y se trajeron alfombras porque el suelo estaba de obra. Al día siguiente, había alumnos para llenar dos aulas”, rememora María del Carmen García.
De esa fecha se acuerdan todas, porque es el nombre que le pusieron a la escuela: Escuela popular 11 de abril. Desde entonces, hay un mural en la fachada que rinde tributo a aquella ocupación.
Marga Álvarez habla bajito, pero su orgullo de barrio es evidente. Cuenta que su padre, carpintero, fue uno de los que hizo las banquetas de madera de los niños. Entre padres y madres las pintaron, de azul, de verde, de rojo, de amarillo. Los niños dejaron la marca de sus manos en las paredes.
Tres jóvenes del barrio empezaron a ejercer de maestros. Cada día, bajaban dos madres a dar clase. “En un aula estaban los maestros y en otra, con los más pequeños, estaban las madres. Hacíamos fichas, nuestro plan de trabajo, bajábamos al recreo, hacíamos de maestras… Estaba todo muy organizado”, explica Álvarez.
Las clases transcurrieron con normalidad durante ocho meses, hasta el día del desalojo. Los dos encargados de la obra y de la oficina de cobro a los vecinos, aunque el proyecto había quedado sin terminar, vivían en el barrio. Así vieron cómo los vecinos ocuparon el local para la escuela, la constructora denunció y exigió el desalojo del local.
“Yo los sábados acostumbraba a ir al mercado de La Esperanza, yo vivía arriba, en este portal”, dice María del Carmen García, de 79 años. “Cuando llegué, bajaba una de mis hijas, que era pequeña, y ya me quedé, ya no subí a casa”. García nació en un pueblo de Palencia y ese día de 1977, vio cómo tres furgones de la policía habían llegado a desalojar el local donde estudiaban los niños pequeños.
Carmen Rivas cuenta que los policías dejaron un furgón arriba, en lo que es hoy el paseo Altamira. “Dijeron que estábamos en un sitio que no era nuestro. Los guardias sacaban las banquetas… y las mujeres las metían”, cuenta riéndose. Lo que no le hace tanta gracia es recordar por qué hubo tensión: “Los profesores eran del barrio y decidieron llevarlos a ellos; entonces dijimos nosotras que no, que entonces nos tendrían que llevar a nosotras. La policía no se había visto en otra igual”, dice Rivas.
“Era muy serio desalojar una escuela: había que sacar a los chiquillos y después a los maestros”, reflexiona esta vecina: “Al no haber hombres, al ser niños, mujeres y viejos, y que las mujeres no hacíamos más que meter las banquetucas... ¿cómo te enfrentas a un grupo de mujeres, ¿qué le das cuatro palos a las mujeres?, todas con delantal y bata…”, reflexiona.
La tensión, el miedo era real. “Fue un momento muy difícil”, reconoce Rivas. Era el tardofranquismo, no había derecho de reunión ni de asociación. Marga Álvarez dice que cierto miedo había, pero era más importante la escuela. “Era muy nuestra”. “Yo creo que las mujeres, como no estaban los maridos, bajaron más”, reconoce Rivas.
Entonces, los policías soltaron a los maestros. “De hecho, en el corto se les ve con serenidad”, advierte Inma Movellán, de 62 años. “Mis padres siempre me dijeron: qué suerte haber caído en este barrio”, dice con orgullo.
El local donde estuvo la escuela, pasó mucho tiempo ocupado. Lo mismo pasó con otros locales: el del club infantil, el de juventud, la biblioteca en la que están hoy, la guardería infantil… Del constructor no supieron mucho más hasta que después unos vecinos le compraron el local de la escuela. La compra no sentó bien entre el resto de habitantes del barrio, recuerda Placi Soberón, de 61 años, que escucha atenta a sus vecinas mayores.
El local pasó después a ser aula de adultos. Hasta que el Ayuntamiento de Santander lo compró para uso vecinal. Hoy es taller de manualidades y cerámica. Afuera, en el colorido mural que recuerda el 11 de abril, un hombre sostiene un folio blanco, despintado. Antes se leía: 'Orden de desalojo'. Dicen que tienen que volver a pintarlo.