La Justicia da tres días al Ayuntamiento de Santander para entregar los datos de contaminación de la zona de bajas emisiones
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha dado al Ayuntamiento de Santander un plazo improrrogable de tres días para que entregue la totalidad de los datos sobre la calidad del aire y las estaciones de medición instaladas en la ciudad.
En su resolución, el tribunal de la Sala de lo Contencioso-Administrativo requiere al Consistorio que preside Gema Igual (PP) que complete las mediciones solicitadas, con el objetivo de remediar la “ausencia de geolocalización y de una parte sustancial del periodo de medición” detectada en los expedientes entregados hasta la fecha tras la denuncia presentada por la Asamblea Ciudadana Santander Saludable.
El juzgado establece que, en el supuesto de no disponer de dicha información, el Ayuntamiento deberá justificar detalladamente las razones de tal carencia, debiendo además aportar los documentos corregidos en formato hoja de cálculo.
Sensores millonarios financiados con fondos europeos
El requerimiento judicial se refiere a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Santander. El despliegue de esta infraestructura ha supuesto un desembolso de dinero público de unos 3,7 millones. La primera licitación, destinada a la compra e instalación de los sensores de contaminación, ascendió a 1,4 millones de euros, a los que se sumaron otros 2,3 millones de euros adjudicados para el desarrollo de la plataforma tecnológica y la implantación operativa de la ZBE.
Pese a esta importante inversión con apoyo de fondos europeos, colectivos vecinales y ecologistas, como la asociación ARCA, han venido denunciando la opacidad y la falta de transparencia del Consistorio respecto al funcionamiento real de los medidores y la fiabilidad de las lecturas.
Una zona de bajas emisiones “fake”
El plan de la Zona de Bajas Emisiones diseñado por el Ayuntamiento del PP, que intentó retrasar al máximo su entrada en vigor pese a que la norma era obligatoria, limita la restricción de tráfico solo al área de El Ensanche, lo que representa apenas un 0,6% de la superficie total del municipio, y establece sus limitaciones de lunes a viernes a los vehículos de categoría A.
Esta delimitación reducida ha provocado el rechazo de más de una docena de entidades de movilidad, ecologistas, sindicatos y asociaciones vecinales integradas en la plataforma Santander Saludable. Organismos como Cantabria ConBici han calificado públicamente la medida como una “ZBE fake” y una “chapuza legal”, al considerar que deja fuera los puntos con mayor densidad de tráfico y niveles de emisión de la ciudad.
Con este último dictamen, el Ayuntamiento de Santander dispone por tanto solo de tres días para aportar los archivos digitales georreferenciados o hacer frente a las explicaciones requeridas por el tribunal.