La alcaldesa de Santander aprueba las restricciones al tráfico para recibir dos millones: “No soy de prohibir, pero aquí no se pierde ni un euro”

El pleno del Ayuntamiento de Santander ha aprobado este martes inicialmente la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para cumplir con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, con lo que restringirá el acceso del tráfico a unos 200.000 metros cuadrados del centro de la ciudad -un 0,6% de la superficie total de la ciudad- para recibir unos dos millones de euros.

La alcaldesa de la capital cántabra, Gema Igual (PP), ha defendido que Santander “no está contaminada y yo no soy de prohibir”, pero como dicha ley le pone en la tesitura de “o delimito o pierdo fondos”, la regidora ha optado por implantar la ZBE porque “aquí no se pierde ni un euro”, ha dicho.

La votación ha salido adelante con los votos del PP, en contra de Vox, PRC e IU, y la abstención del PSOE.

Igual ha afirmado que esta “obligación legal” hace que el Consistorio acote unas zonas que “aún no estando contaminadas, tenemos que decretar y delimitar”. Asimismo, ha considerado “injusto” restringir el tráfico rodado, pero “si no lo tenemos antes del 31 de diciembre, no podemos optar a los fondos del transporte”.

En esta línea, ha criticado al Gobierno central (PSOE-Sumar) “que bastante nos machaca como para desperdiciar fondos”.

Una vez delimitado el perímetro desde la calle Lealtad hasta Puerto Chico y desde El Sol o Santa Lucía hasta el Paseo Pereda, el Ayuntamiento se ha centrado en elegir la limitación horaria. La alcaldesa ha explicado que “parece lógico que el horario sea de lunes a viernes y de 8 a 19 horas”.

Sobre los parámetros que determinan la presencia de contaminación ha sostenido que “un incendio, las calefacciones o la entrada a un barco o unos fuegos artificiales pueden hacer que se trastoquen”.

Por su parte, el portavoz socialista, Daniel Fernández, ha definido la propuesta como “vacía de contenido” porque es “insuficiente desde el punto de vista medioambiental y, además, puede ser ilegal o susceptible de sanciones” por parte de la Fiscalía. También ha exigido que se realice un proceso de participación ciudadana.

Los socialistas habían pedido “un proyecto mayor”, con un transporte público “reforzado”, carriles bicis segregados, seguridad para los peatones, menos ruido, menos emisiones, aparcamientos disuasorios y aparcamientos en altura para residentes. Para ello, han solicitado un plan de movilidad, que se localicen los solares vacíos y un estudio de viabilidad del aparcamiento en altura.

Por otro lado, el portavoz regionalista, Felipe Piña, ha solicitado de nuevo la comarcalización del Transporte del Arco de la Bahía y el cumplimiento la ley de protección de datos por “todas esas cámaras que nos van a grabar”. Asimismo, ha lamentado el rechazo a realizar una evaluación ambiental cada seis meses.

Por ello, Piña ha indicado que esta ZBE no soluciona “una insuficiencia tremenda en los retos sociales que tienen que ver con la reducción de emisiones” y ha manifestado que “han tomado la directriz de ir a salvar los muebles y no perder las ayudas”.

Por su lado, la portavoz de Vox, Laura Velasco, también ha negado la contaminación y ha dicho que la alcaldesa “ha rehusado defender los intereses de los santanderinos” ante una “imposición es del Gobierno de Pedro Sánchez”.

Velasco ha señalado la ZBE como “una estafa pseudoambiental que suele buscar recaudar a costa del más débil, del vecino, del comerciante, del autónomo, de la clase media y trabajadora” y ha apostado por una solución a través de ayudas directas a la compra de vehículos. Además, ha pedido explicaciones sobre la flota del TUS, que “sólo” cuenta con 26 autobuses eléctricos o híbridos.

Por otra parte, el concejal de IU Keruin Martínez ha señalado la salud de los santanderinos porque “Santander es una ciudad contaminada o muy contaminada y ha pedido medidas en los entornos escolares donde ”los niveles de contaminación y de ruido se combinan con tráfico intenso y falta de seguridad“, así como en entornos hospitalarios. Más allá, ha criticado que ”el Ayuntamiento ni siquiera contempla un plan real para proteger a la infancia“.

Críticas a Aqualia

En otro punto del orden del día se ha aprobado la ordenanza fiscal para 2026 --con los votos en contra de PSOE, PRC, Vox e IU--, que engloba las tasas de agua y alcantarillado, que en 2026 subirán un 2,7%, en base a la actualización anual del IPC, fijada en el contrato suscrito en 2006 con la empresa concesionaria, Aqualia.

Los cuatro partidos de la oposición han criticado la calidad del servicio de la empresa, cuyo contrato expira en 2031, y sus “beneficios millonarios”, que rondan los tres millones anuales.

En este sentido, Igual ha respondido que “Aqualia no es una ONG, es una empresa que da trabajo a 120 trabajadores, que genera un impacto económico y tiene que ganar dinero” y ha afirmado que “en los 26 años --que dura el contrato-- es justo que Aqualia recupere los 70 millones de euros” y que esos tres millones de beneficio “tampoco es tanto dinero”.

Por su lado, Daniel Fernández ha comparado la actualización “como si dice que no ha subido el precio del menú del día, pero el pan, el agua y el café ahora cuestan el doble” y ha propuesto que el Consistorio “recupere la gestión directa del cobro de tasas, que se revisen los incumplimientos de Aqualia y se evalúe la continuidad de la concesión, como han hecho con el de basuras”.

Asimismo, ha criticado los “superávits millonarios” de la concesionaria, lo que ha calificado como “una estafa encubierta” porque la empresa “prometió inversiones por cuatro millones que no ejecutó y ustedes no la fiscalizan como debería”. También ha dicho que “los vecinos siguen pagando recibos a una empresa privada como si fuese Hacienda”.

Gema Igual ha contestado al PSOE que “si sólo sube, como ha dicho, el pan y el café, pues a lo mejor las lentejas no suben”; que la ordenanza fiscal está “congelada desde 2013 porque solamente actualizamos dos, que los tenemos por contrato”; y le ha sugerido a Fernández que “vaya a los juzgados cuando hable de estafas”.

Felipe Piña ha apuntado que se “privatizó un servicio que era rentable” y ha lamentado que “desde 2022 ha subido la tarifa del agua un 16%”, algo que para él no redunda en el servicio porque “cada vez que llueve se inunda la ciudad porque las alcantarillas están sucias, porque no hay mantenimiento”.

El regionalista también ha hablado de otras tasas como los párkings, que han crecido “un 15% desde el año 22”, lo que afecta al comercio porque “mucha gente no puede aparcar el coche en el centro” y ha indicado que se grava “al que se deja su vida en la ciudad”.

Por otro lado, la portavoz de Vox ha detallado que Aqualia “en 2024 arrojó un beneficio de 3.528.815,70 euros, que para 2025 se estima en 3.413.966,97 y que para 2026 también se estima de 3.261.660 euros”.

En esta línea, ha preguntado que si se cumple el requisito de mantenimiento del equilibrio económico-financiero, el cual “el Ayuntamiento lleva 10 años incumpliendo, mientras los vecinos pagan cada vez más”.

Más allá, IU se ha postulado en contra de “un modelo que se traduce en privatizar beneficios y socializar pérdidas” y ha lamentado que “el estado en el que están las infraestructuras e instalaciones deja mucho que desear” y que el Consistorio no deja “el dinero en el bolsillo de los santanderinos, sino en el bolsillo de las empresas amigas”. Por ello ha solicitado una auditoría y una encuesta de satisfacción para ver qué opinan los santanderinos.