El Ayuntamiento de la Vila Joiosa, del PP, pagó más de 300.000 euros por el servicio de socorrismo en las playas sin contrato ni fiscalización previa

El Ayuntamiento de la Vila Joiosa, del PP, pagó más de 300.000 euros sin contrato a la empresa que presta el servicio de socorrismo en las playas. Lo hizo sin pasar por procedimientos de contratación pública y sin fiscalización previa, al menos en tres ocasiones, y con un tirón de orejas de la Intervención municipal, que apreció un riesgo de fraccionamiento de contratos sin justificar y varias irregularidades.

Así consta en las resoluciones a las que ha tenido acceso elDiario.es, donde los servicios jurídicos municipales recogen una serie de malas prácticas en la contratación del servicio en 2025. Ambas responden tres autorizaciones del reconocimiento extrajudicial de crédito y omisión de la función interventora, tres pagos por los servicios del pasado verano -junio, julio y agosto-, una fórmula que puede emplearse pero ha de ser excepcional. En concreto, es un pago de 76.230 euros -que corresponden a la mitad de junio- y dos de 126.636 euros, por dos meses concretos. La empresa a la que se dirigen las facturas es la Asociación de Ayuda en Carretera-DYA, que ya había prestado otros servicios al municipio y lo hace en otras ciudades de Alicante.

En las resoluciones, la Intervención señala que se ha contratado un servicio “sin expediente de contratación, sin licitación pública, sin contrato formalizado y sin fiscalización previa. El servicio se ha venido prestando mediante contratos menores reiterados con el mismo objeto, proveedor y condiciones”. La Intervención apunta que se da una “utilización indebida del contrato menor y fraccionamiento”, y señala: “El recurso reiterado a contratos menores con el mismo objeto, proveedor y condiciones evidencia una fragmentación indebida del contrato y una elusión del procedimiento legal de licitación, infringiendo lo dispuesto en el artículo 118.3 y vulnerando los principios del artículo 1 de la LCSP”.

La Intervención afea también una falta de planificación y la “vulneración de los principios rectores de la contratación pública”; en concreto, el principio de transparencia, “al evitar la publicidad mediante procedimientos abiertos”; la libre concurrencia, “al limitar el acceso de posibles licitadores mediante adjudicaciones directas no justificadas” y el “principio de eficiencia y economía, al impedir la optimización de recursos públicos mediante licitación competitiva”. Asimismo, concluye, no se remitió el expediente previamente para su control, como marca la norma. Con todo, pese a que la contratación podría declararse nula, el proceso no se revisó de oficio.

Desde el ayuntamiento que dirige el popular Marcos Zaragoza explican que durante ese periodo el consistorio estaba realizando la nueva licitación del contrato de socorrismo y se produjo una demora en los plazos debido a cuestiones administrativas. “Al ser un servicio que garantiza la seguridad en las playas, el Ayuntamiento prorrogó por urgencia el servicio con la empresa adjudicataria hasta ese momento. En 2026, el servicio de socorrismo se está desarrollando con el contrato actual con total normalidad”, señalan.