Cantabria y la mayoría de autonomías avalan un informe promovido por Galicia: se puede cazar el lobo porque “está en un estado de conservación favorable”

Un informe promovido por Galicia --que dice que el lobo está en estado de conservación favorable en España y que, por tanto, de acuerdo con la legislación vigente, se puede cazar-- y que se debate en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente ha obtenido el respaldo de todas las comunidades autónomas, incluida Cantabria, con excepción de Cataluña, Castilla La Mancha y País Vasco. También ha votado en contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha informado el Gobierno de Cantabria.

En la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de este 22 de junio, CCAA y el MITECO han valorado dos informes: el promovido por Galicia y el elaborado por el Ministerio a partir de datos de las autonomías, que dice que el lobo no está en estado de conservación favorable en España y que, por tanto, no se puede cazar.

La Unión Europea (UE) requiere a cada Estado la realización de informes sexenales para revisar la aplicación de normativas ambientales clave y el estado de conservación de especies y ecosistemas protegidos. Por ejemplo, el lobo, que se enmarca dentro de la Directiva Hábitats.

En el caso de Cantabria, los consejeros de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, y de Medio Ambiente, Roberto Media, han participado telemáticamente en Sectorial de Medio Ambiente y han defendido el documento presentado por las comunidades autónomas loberas, que concluye que la población de lobo en España se encuentra en un estado de conservación favorable.

Según ha explicado el Ejecutivo regional, se trata de un documento que tenía que haberse remitido a la Comisión Europea, tras su aprobación en Conferencia Sectorial en julio del pasado año 2025, y no se hizo porque, el Ministerio “ha ido retrasando esta obligación e incumpliendo la ley, ya que este informe refleja claramente que el lobo se encuentra en estado favorable de conservación”, ha señalado Susinos.

Para la consejera, esta dilatación del procedimiento durante un año se ha producido porque el Gobierno de España pretende “retorcer la realidad con el único objetivo de volver a meter al lobo en el LESPRE”.

Susinos ha explicado que, a partir de ahora, el siguiente paso es que el MITERD remita este informe sexenal a Europa.

Un retraso “injustificado e incomprensible”

Durante la reunión, la consejera ha denunciado el retraso en la tramitación del informe, recordando que la Conferencia Sectorial prevista para julio del pasado año fue desconvocada por el Ministerio “sin dar explicaciones”.

“Hoy hemos votado un informe que llega con más de un año de retraso, pese a haber sido elaborado por las comunidades autónomas con rigor científico y conforme a los procedimientos establecidos”, ha señalado.

En este sentido, Susinos ha sido contundente al afirmar que “las comunidades autónomas ya hemos hecho nuestro trabajo técnico y científico; ahora le corresponde al Ministerio cumplir con su obligación y trasladar a Europa el informe aprobado”. En este contexto, la consejera cántabra ha recordado que la Comisión Europea ya comenzó un procedimiento por infracción contra el Reino de España por no remitir el informe sexenal antes del 31 de diciembre de 2025.

Asimismo, ha puesto de manifiesto que la mayoría de las comunidades autónomas han solicitado reiteradamente durante el último año la convocatoria de esta Conferencia Sectorial, tanto por escrito como en diferentes reuniones institucionales, sin obtener respuesta hasta ahora.

Posición común de las comunidades

La postura defendida por el Gobierno de Cantabria se alinea con la expresada de forma conjunta por varias comunidades autónomas en diversas comunicaciones oficiales remitidas en los últimos meses, en las que se insiste en la necesidad de respetar el procedimiento técnico y científico establecido y de garantizar la seguridad jurídica en la gestión de la biodiversidad.

Susinos ha reiterado que el posicionamiento de Cantabria responde también a la necesidad de garantizar un equilibrio entre la conservación de la especie y la actividad del medio rural.

“La gestión del lobo debe basarse en criterios técnicos, científicos y de equilibrio territorial, teniendo en cuenta la realidad de las zonas rurales y el impacto sobre sectores como la ganadería”, ha apuntado.

Finalmente, ha concluido que “la defensa del medio rural y de quienes viven y trabajan en él exige decisiones rigurosas, transparentes y ajustadas a la legalidad, no cambios de criterio que generen incertidumbre”.