El Ministerio ordena retirar en seis meses el monumento a Carrero Blanco de Santoña
El Ayuntamiento de Santoña ha intentado salvar de la Ley de Memoria Democrática la estatua del que fuera vicepresidente del Gobierno de Franco, Carrero Blanco, argumentando que también fue víctima del terrorismo, ya que perdió la vida como consecuencia de un atentado de ETA. La estrategia no ha funcionado.
La Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática ha emitido una resolución el 2 de septiembre que ordena su derribo en el plazo máximo de seis meses al ser contrario a la ley.
En paralelo, el Ayuntamiento santoñés recurrió a la reciente normativa autonómica y, amparándose en una Ley de Víctimas del Terrorismo de Cantabria, solicitó sin éxito a la Consejería de Presidencia que reconociese que Carrero Blanco es una víctima. El Gobierno de Buruaga respondió que no tiene competencia para el reconocimiento de víctima de terrorismo en su normativa. Por esta razón, le indicó que debía dirigirse a la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, como órgano encargado de certificar la condición de víctima del terrorismo, donde tampoco han accedido a su petición.
Las autoridades locales pretendían que se autorizase la 'resignificación' del monumento para que permanezca en el paseo marítimo de la localidad. Una obra de 40 metros de altura del escultor Juan de Ávalos con un ángel en la cúspide y una rosa de los vientos, que hace alusión a la condición de marino de Carrero Blanco.
No fueron los únicos en solicitar el indulto, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) de Miguel Ángel Revilla apoyó en el Parlamento autonómico declararlo Bien de Interés Cultural para protegerlo de la Ley de Memoria y evitar su retirada. Además de “antidemócrata” también “fue un benefactor del pueblo de Santoña”, justificó el portavoz regionalista Pedro Hernando.
Reacción
La Asociación Héroes de la República y la Libertad considera que tanto el Ayuntamiento de Santoña como el Gobierno de Cantabria (PP) “han hecho verdaderos malabares para intentar colar por Bien de Interés Cultural la nostalgia que aún destilan de franquismo”.
En un comunicado, su presidente Jorge Suárez, reivindica esta resolución como “un paso importante de higiene democrática”.
La resolución ministerial puede ser recurrida.