La Audiencia de Cantabria ha ratificado el archivo judicial del 'caso GFB' al considerar probado que no hubo delito de malversación de caudales ni de administración desleal, tal y como ya acordó en octubre del año pasado el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander.
En el auto emitido por la Sección Tercera, la Audiencia considera, al igual que el Juzgado, que no se ha acreditado la comisión de las infracciones penales que denunció la Fiscalía en base a la documentación facilitada por la comisión de investigación realizada en el Parlamento autonómico a instancias del grupo popular, que durante la anterior legislatura gozó de mayoría absoluta en la Cámara.
No obstante, el auto, fechado el pasado 1 de diciembre y del que ha sido ponente la magistrada Paz Aldecoa, deja un sabor agridulce a los investigados, entre los que se encontraban los exconsejeros socialistas de Economía e Industria Ángel Agudo y Miguel Ángel Pesquera, y el entonces director general de Sodercan, Salvador Blanco, que ostenta de nuevo este cargo.
Si bien la Audiencia les exonera de haber cometido algún delito, considera que, “sin ninguna duda”, la actuación en la fábrica de fibroyeso de Orejo (Marina de Cudeyo) puede entenderse como “poco ética”, y podría incluso tener consecuencias en otros ámbitos como el mercantil, debido a una “cierta incompetencia” en la gestión de fondos públicos que ha ocasionado “quebranto” a la Administración.
En este sentido, considera que hubo “despilfarro” y “derroche” de fondos públicos así como un “total desinterés” en la gestión del proyecto, promovido por la empresa Euroamérica -del grupo costarricense Pujol Martí- y en el que el anterior Gobierno PRC-PSOE invirtió varios millones de euros a través de Sordercan.
Así, insiste la Sección Tercera de la AP, aunque su actuación “supuso un derroche de fondos públicos y un total desinterés en la gestión” no hay indicios de que hubiera mediado un “ánimo de enriquecimiento personal” o para “un tercero”.
12 millones de plusvlía
Y tras exponer ejemplos como la adquisición de la maquinaria de la fábrica por 44 millones de euros, con una plusvalía “no justificada” de 12 millones, o “gastos excesivos” en sueldos o dietas y “elevadísimos” de representación , todo ello sin que la empresa hubiera iniciado su producción, el auto señala que los mismos constituyen una “muestra evidente” de lo que no debe ser una “adecuada y responsable” gestión de dinero público, que en el caso de GFB ha ocasionado un “considerable perjuicio económico” a la Administración Pública y a los ciudadanos de la región.
Los magistrados de la Audiencia tampoco aprecian indicios suficientes para que concurra un delito de administración desleal, pese -insiste- a que la gestión fue “poco responsable” en la “práctica totalidad de las decisiones” relacionadas con la puesta en marcha del proyecto fabril.
Y tampoco aprecian delito de fraude de subvenciones, por la concesión de cerca de 2,6 millones a GFB para la creación de 77 puestos de trabajo, cuando sólo se contrataron a 42 personas y “apenas mes y medio después” del arranque de la actividad se inició un ERE (expediente de regulación de empleo) que implicó el despido de varios empleados.
Los jueces consideran al respecto que la contratación fue “efectiva” y los miembros del consejo de administración tenían el “convencimiento” de que el inicio de la actividad estaba “muy próximo”.
Por todo lo anterior, la Audiencia de Cantabria desestima los recursos de apelación presentados contra la resolución de instancia y confirma el archivo del 'caso GFB' acordado por el Juzgado de Instrucción.
En activo
Tras entrar en concurso de acreedores, el grupo alemán Farmacell compró GFB po 14,5 millones de euros y en primavera de 2013 arrancó la producción con 37 empleados después de invertir en la planta cerca de 22 millones con el objetivo de producir hasta 12 millones de metros cuadrados anuales de paneles de fibroyeso.