La Audiencia Provincial de Cantabria ha celebrado este viernes la vista en la que se ha ratificado el acuerdo entre la Fiscalía, el Gobierno autonómico y los cinco procesados por el caso Gesvican, que serán condenados a multas simbólicas -la mayor ronda los 2.420 euros- y a la suspensión para el ejercicio de empleo o cargo público durante dos años en el caso de dos de ellos, los que eran técnicos de la empresa pública.
Además, a los cinco imputados por amañar contratos dependientes de la entonces Consejería de Obras Públicas -dos empleados de Gesvican y tres responsables de las empresas Rucecan y Senor- se les ha impuesto una indemnización de 53.000 euros al Gobierno de Cantabria -que ejerce la acusación particular- de forma conjunta, aunque las cantidades que debe asumir cada uno son diferentes según su responsabilidad.
Tal y como se ha acordado y ratificado este viernes en la vista, a los dos trabajadores de Gesvican se les condenará como autores de un delito continuado de actividad prohibida a funcionario público, mientras que a los otros tres se les considerará como cooperadores necesarios. Además, a todos ellos se les aplica la atenuante analógica de confesión del hecho y la de reparación del daño por haber consignado ya el dinero de la indemnización.
Así, la pena para los dos técnicos de la empresa pública será de multa de unos 2.420 euros y suspensión para el ejercicio de empleo o cargo público que suponga cualquier actividad relacionada con efectuar baremaciones de proyectos de contratación pública durante dos años.
En cuanto a los representantes de las empresas, dos de ellos, los responsables de Rucecan, serán condenados a multas de 1.620 euros; y el último, de Senor, a 1.350 euros.
En cuanto a la indemnización de 53.000 euros, a los dos empleados de Gesvican les corresponde el pago de 16.975 y 9.625 euros, respectivamente; a dos responsables de Rucecan, 10.875 euros cada uno; y al de Senor 4.750 euros.
Además, según ha avanzado el juez, en la sentencia se les impondrá el pago de las costas, tal y como ha pedido en la vista la letrada del Gobierno regional -no se recogía en el acuerdo de conformidad que ya estaba pactado-. Una de las defensas ha solicitado que este pago se aplique de forma proporcional a los condenados, aunque el magistrado no se ha pronunciado sobre este asunto.
En esta sesión ha quedado formalizado ese acuerdo al que llegaron todas las partes tras la instrucción de la causa, que ha evitado la celebración de un juicio que además debía ser con jurado.
El pasado mes de noviembre, el Juzgado de Instrucción número 2 de Santander abrió juicio oral contra estos dos empleados públicos de Gesvicán que cobraban por elaborar proyectos para empresas que optaban a concursos de la entonces Consejería de Obras Públicas -ahora de Fomento-, y también contra los responsables de SENOR y RUCECAN por pagar a los primeros para asegurarse una buena valoración en las adjudicaciones.
La de Gesvican es una pieza separada de la trama de Obras Públicas, por la que el funcionario considerado como el cabecilla ha ingresado en prisión este mes.
Los cinco implicados en el caso Gesvican anunciaron tras abrirse el juicio oral que reconocían los hechos y se adhirieron al escrito de acusación del ministerio fiscal y del Gobierno de Cantabria, que recoge que éstos “se concertaron con distintas sociedades que operaban habitualmente en el sector de obra pública para revisar o elaborar técnicas de las ofertas, solicitando a cambio precios”.
Por elaborar las condiciones técnicas y de calidad cobraban 2.500 euros, si la técnica colocaba a la empresa licitadora en primera posición la tarifa era de 2.000 euros y si finalmente la empresa resultaba adjudicataria entonces recibían 5.000 euros.
Así las cosas, en el año 2019 las empresas SENOR y RUCECAN se presentaron en unión temporal de empresas a tres proyectos, y uno de los empleados, que era el encargado de Gesvican para la elaboración de proyectos y análisis de condiciones técnicas y de calidad, “con el auxilio puntual en algunos trabajos del otro acusado, se dedicó a preparar conjuntamente para las empresas los estudios técnicos de sus licitaciones”.
De este modo, alteraron “la libre concurrencia entre competidores, quebrantando sus deberes inherentes al cargo de forma reiterada a cambio de precio por prestación de sus trabajos”.
Las empresas abonaron al cincuenta por ciento la tarifa de los dos empleados públicos y sus ofertas resultaron ser las adjudicadas.
Aunque no se ha determinado la cantidad exacta que cobraron, se ha estimado que “cuando menos”, fueron esos 53.000 euros, según se desprende de las anotaciones recogidas en los registros practicados.
El escrito recalca que el perjuicio de la defraudación “recae en las arcas del Gobierno de Cantabria, ya que obviamente ha afectado a la cuantía de las ofertas por las que se adjudicaron los contratos y probablemente también haya sido trasladado a una ejecución minorada de la calidad de las obras públicas”.