En plena crisis por el acceso a la vivienda en Cantabria y tras empezar a constatarse que la liberalización del suelo rústico promovida por el Gobierno del PP está alimentando la expansión de las viviendas turísticas, la oposición ha reaccionado con contundencia, acusando al Ejecutivo autonómico de María José Sáenz de Buruaga (PP) de “favorecer la especulación inmobiliaria y la masificación turística a costa del territorio rural”.
En este sentido, PSOE, Izquierda Unida y Cantabristas han criticado los efectos ya palpables de la última reforma de la Ley del Suelo, que data de marzo de este año, y que fue camuflada en la Ley de Simplificación Administrativa que el Gobierno del PP logró sacar adelante gracias al apoyo de la extrema derecha de Vox.
Y es que gracias a la modificación de la citada normativa, cuya supuesta finalidad era combatir la despoblación y fijar población rural, el Ejecutivo cántabro está tramitando licencias para edificar en suelo rústico varios proyectos que directamente advierten de que se destinarán a levantar apartamentos turísticos en suelo rústico de municipios como Bareyo, Reocín o Liérganes.
Al respecto, la presidenta se ha pronunciado esta semana justificando ese aumento de viviendas turísticas: “Cuando uno va a vivir al medio rural no come del aire, hay que favorecer el emprendimiento, la actividad económica y las oportunidades de desarrollo económico-social”, ha expresado, defendiendo “la vivienda asociada al establecimiento hostelero” para que “la foto no sea la de un paisaje muerto”.
Así, desde el PSOE han recordado que ya advirtieron de las consecuencias cuando el PP planteó la reforma de la Ley del Suelo. “Era una excusa para liberalizar suelo rústico y que se especulara con él”, ha señalado su portavoz parlamentario, Mario Iglesias, a este periódico. En este sentido, los socialistas consideran que esta política “se enmarca en el modelo de masificación turística de nuestra región” y critican que, lejos de ayudar a fijar población en las zonas despobladas, “está tensionando aún más el mercado de un bien de primera necesidad como es la vivienda”.
Además, el PSOE ha registrado una batería de preguntas al Gobierno de Cantabria para conocer cuántas viviendas de uso turístico se han construido en suelo rústico desde la entrada en vigor de la nueva ley, así como el número de edificaciones que se corresponden con primera residencia o están vinculadas al sector primario, y su localización geográfica: si se trata de zonas de interior o del litoral más presionado por el turismo.
Por su parte, Izquierda Unida ha cargado contra el modelo “liberalizador del suelo”, que -según recuerdan- “comenzó con PRC y PSOE en la pasada legislatura y ha sido profundizado por el PP”. En opinión de su coordinador autonómico, Israel Ruiz Salmón, permitir la construcción de viviendas en suelo rústico sin vinculación al uso agrario “es contrario al interés general y va en contra del enfoque de comunidades vecinas como Asturias o Euskadi”.
“Lo que debería ser una excepción se está convirtiendo en norma, trasladando el modelo urbanístico de la costa al interior”, denuncia IU, “a sabiendas de los graves problemas que ha supuesto y supone, como construcciones ilegales y derribos o el uso para fines turísticos que disminuyen la disponibilidad de viviendas para uso residencial y encarecen las pocas que hay, además de tensionar los servicios públicos y generar puntos calientes de masificación turística”.
Además, el coordinador de IU ha alertado de los efectos de esta medida en el acceso a la vivienda, los servicios públicos y el medio ambiente. “El PP no tiene más modelo que el ladrillazo que nos sumió en una profunda crisis que tanto dolor generó y que ahora repite con un agravante: hormigonar el suelo más fértil que hay en Cantabria. Y luego tendremos que oírlos decir que defienden al sector primario, cuando lo que promueven es la construcción en parcelas que hoy pace el ganado”, ha señalado Ruiz Salmón en conversación con elDiario.es.
Finalmente, ha criticado el decreto autonómico de viviendas de uso turístico, que “no pone coto, ni crea un marco común para los 102 municipios, sino que traslada la pelota a las entidades locales alargando el problema”.
Desde Cantabristas, las críticas han sido igual de duras. “La Ley del Cemento de PRC-PSOE y la posterior reforma del PP tenían un único objetivo común: facilitar la construcción de viviendas turísticas en nuestros pueblos”, han afirmado en declaraciones a este periódico. Según esta formación, tanto el anterior como el actual Gobierno han apostado por “desregularizar el suelo rústico para favorecer dinámicas especulativas y enriquecer los bolsillos de unos pocos a costa de la crisis de vivienda que estamos padeciendo”.
El Partido Regionalista de Cantabria (PRC), que avaló la anterior reforma -la de enero de 2024- que sacó adelante el Gobierno del PP, ha evitado por el momento posicionarse, aunque ha confirmado que está trabajando en una iniciativa parlamentaria sobre esta cuestión que verá la luz la próxima semana.