La oposición carga contra el PP por condicionar la subida salarial de los docentes cántabros a la aprobación de los presupuestos

Si este jueves no se puso fin al conflicto por la adecuación salarial docente, que va camino de los 10 meses, fue únicamente por una cuestión: el Gobierno de Cantabria, encabezado por María José Sáenz de Buruaga (PP), condicionó la subida económica a la aprobación de las cuentas autonómicas. El Ejecutivo del Partido Popular está en minoría, y hasta ahora ha contado con el apoyo del PRC para sacar adelante -además de la investidura- los dos presupuestos de esta legislatura.

Tras conocerse el resultado de la última reunión celebrada entre la Consejería de Educación que dirige Sergio Silva (PP) y los sindicatos docentes, las formaciones de la oposición han reaccionado cargando contra el Ejecutivo de Buruaga por supeditar el acuerdo para adecuar el salario de los profesores cántabros a que reciban el apoyo necesario para sacar adelante las cuentas de 2026. 

El PRC ha asegurado este viernes que “dejar la pelota en su tejado” muestra una “falta de iniciativa política total y absoluta” por parte del PP. Así lo ha señalado su candidata electoral, Paula Fernández, quien ha reiterado que los regionalistas no apoyarán las cuentas del año que viene si no recogen la subida salarial docente.

Fernández ha señalado que su partido no conoce todavía “ningún borrador” y “ni siquiera las líneas generales” del documento, por lo que ha instado al Gobierno del PP a “trabajar” y a que, en el caso del acuerdo salarial con los docentes, “no echen balones fuera y no lancen la patata caliente” al PRC. “Que tomen la iniciativa, esto es una responsabilidad únicamente suya”, ha manifestado.

La también diputada regionalista ha explicado que su partido está “en pleno análisis” del grado de cumplimiento de los actuales presupuestos, los de 2025 que se aprobaron gracias a sus votos. Como ya han reiterado en más de una ocasión, desde el PRC han criticado los incumplimientos de los acuerdos sellados entre Buruaga y Miguel Ángel Revilla para aprobar las cuentas. “Hay muchas cuestiones que firmaron en 2024 que tampoco a día de hoy se han cumplido”, ha resaltado Fernández.

La candidata electoral del PRC cree que la Junta de Personal Docente ha demostrado “una altura de miras increíble para evitar la huelga” convocada para el inicio del próximo curso. “Es la Junta la que tiene que valorar esas condiciones”, ha añadido.

“La asignación económica se les tiene que pagar en el año presupuestario y no vamos a apoyar los presupuestos del año que viene si esto no está definido, claro, negociado y si ambas partes no están de acuerdo en esa subida salarial que, como todos sabemos, va a ser a lo largo de un periodo de tiempo”. “No es tan difícil llegar a un acuerdo”, ha sentenciado Fernández.

“Chantaje”

El PSOE, por su parte, acusó este jueves al Gobierno de Buruaga de utilizar a los docentes de la comunidad autónoma “como rehenes por su debilidad política”. “El PP ha puesto las cartas boca arriba porque tienen miedo a que el PRC esta vez les deje tirados y no les aprueben los presupuestos como las otras dos veces anteriores y que caigan en manos de las exigencias de la extrema derecha de Vox para aprobarlos”, denunció la portavoz de los socialistas Ainoa Quiñones.

“No hay acuerdo porque, aunque el Gobierno autonómico ha aceptado todas las reivindicaciones de la Junta de Personal, incluso la cláusula de revisión salarial al IPC, ha condicionado el acuerdo a intereses partidistas”, ha criticado, tildando este hecho de “inadmisible”.

“Huelga política”

Por su parte, el PP ha cargado este viernes contra los sindicatos STEC y CCOO por “utilizar al colectivo de profesores para armar una huelga política contra el Gobierno del PP”, tras vincular a los representantes de STEC y CCOO con el movimiento Cantabria No Se Vende y con el propio PSOE.

El portavoz parlamentario del PP, Juan José Alonso, ha declarado que el Ejecutivo autonómico “no va a aceptar chantajes políticos de un nuevo PRC entregado a Sánchez y mucho menos de un PSOE que está utilizando la Delegación del Gobierno para promocionar a Casares”. “Los acuerdos tienen que beneficiar a los colectivos y no satisfacer los intereses partidistas de los líderes sindicales”, ha expresado.