Las organizaciones agrarias rechazan la protección del lobo: “Somos los ganaderos los que estamos en peligro de extinción”

UPA tilda de “condena a los ganaderos” la decisión de blindar la caza del lobo y apela a que la cordura se imponga. La decisión “deja sin alternativas a la ganadería autóctona, extensiva y ecológica que pagará los platos rotos de esta medida”.

Las principales organizaciones agrarias han mostrado su rotundo rechazo a la decisión d Comisión Estatal de Patrimonio Natural de incorporar al lobo en el Listado de Especies de Protección Especial (LESPRE), debido a los daños que este animal causa en el ganado extensivo.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha calificado de “decisión errónea” la inclusión del lobo dentro del listado de especies de protección especial, lo que implicará que no se podrá controlar la especie. UPA cree que la decisión, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, “ignora plenamente” las demandas de los ganaderos, así como de las Comunidades Autónomas con presencia de lobos, que se han mostrado rotundamente en contra de este blindaje del lobo.

El lobo en España no se encuentra en peligro de extinción, “por más que se empeñen algunos”. Al contrario, los expertos lo señalan –y los ganaderos lo sufren-: la especie se ha expandido de forma importante en los últimos años, causando daños importantes a la ganadería extensiva, sobre todo en Castilla y León, Asturias, Galicia, Cantabria, Comunidad de Madrid, La Rioja y Euskadi, que son los territorios con presencia de lobos en la Península Ibérica.

Tmbién ASAJA Castilla-La Mancha ha advertido que la ganadería extensiva se muere ya que cada día en España decenas de animales que son parte del modus vivendi de muchas familias de ganaderos, mueren víctimas de ataques de lobos.

El secretario general de la organización agraria, José María Fresneda, ha señalado que el Gobierno “no puede doblegarse a las presiones de los que dicen que protegen a los animales, y cuando se los necesita, como cuando morían cabezas a cuenta de Filomena, no aparecen”.

También COAG ha rechazado la actitud  que denominan “arbitraria, antidemocrática” de la ministra Teresa Ribera, que “con esta decisión expulsa a la ganadería extensiva de su milenario hábitat natural. Revela además una gran hipocresía, al defender por un lado un modelo de producción sostenible y políticas para revertir el despoblamiento de la España rural y por otro amenazar el desarrollo de la ganadería extensiva”, ha señalado en un comunicado.

Según la organización, los lobos matan anualmente más de 15.000 cabezas de ganado en todo el país. A las millonarias pérdidas económicas, se suman los graves efectos sanitarios y reproductivos en las cabañas ganaderas y el estrés de las habitantes que viven en estas áreas. También, la propagación de enfermedades, que podrían derivar en zoonosis, o sea, ser transmitidas al ser humano, la producción de daños en las explotaciones agrícolas mediante los cada vez más frecuentes destrozos de cosechas, la creciente alarma en los pueblos porque los lobos se acercan cada vez más a las poblaciones, los daños en infraestructuras básicas y la generación de accidentes de tráfico. 

Se encomiendan al Ministerio de Agricultura

Las organizaciones agrarias esperan ahora que el departamento que dirige Luis Planas, defienda los intereses de los ganadero. Así, UPA ha señalado que “El Ministerio de Agricultura debe defender a sus ganaderos. Se acabó mirar hacia otro lado. Está en juego la pervivencia de la ganadería extensiva en nuestro país y con ello su contribución al cuidado del medio ambiente, en especial en las zonas de montaña”.

Asimismo han señalado que acudirán a todas las instancias “al presidente del Gobierno si hace falta” para revertir esta situación y evitar así que el pastoreo y la ganadería extensiva se conviertan en una “actividad milenaria en peligro de extinción”.

Por otro lado, Fresneda también ha cuestionado la estrategia de conservación del lobo en Castilla-La Mancha y ha pedido a la consejería de Agricultura “que se posicione y explique el modelo de agricultura que quiere para la región, si el que defienden los conservacionistas o el que garantiza el sistema productivo”.

En este sentido ha exigido “que no se tomen decisiones sin contar con los afectados y sin analizar y cuantificar las consecuencias de las mismas. Todas las medidas que limiten la actividad agraria o ganadera deben ir acompañadas de ayudas para la prevención y la reparación de los daños ocasionados”.