La gestión del agua, en la “necesaria” transición de lo económico a lo ambiental

La tercera edición del 'Curso en gestión y planificación del agua en la cuenca del Tajo', organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha y dirigido por la académica Beatriz Larraz se ha propuesto, un año más, ofrecer una panorámica de las cuestiones relacionadas con la gestión y planificación del agua en la cuenca del río Tajo en terreno castellano-manchego. Sin embargo, tal como señala la organización, no se puede olvidar tampoco el tramo medio, que pasa por Madrid ni la condición internacional de la cuenca fluvial. 

Nuria Hernández, coordinadora del curso y socia fundadora de la Fundación Nueva Cultura del Agua, fue la encargada de explicar el enfoque “más nacional” de la gestión del agua, desde un punto de vista legislativo y enmarcado en los objetivos que propone el marco vigente de la Directiva Marco del Agua en su aplicación interna española. Además, Hernández ha tratado también las relaciones entre España y Portugal, debido a que comparten diversas cuencas hidrográficas entre las que se encuentra la del Tajo.

La experta señala que el modelo de gestión del agua en España se encuentra en una transición que se ha alargado desde los años 90'. Así, se ha empezado a dejar de lado de manera paulatina el “antiguo paradigma hidráulico”, que sigue vigente desde principios del siglo XX y que trataba el agua como un “vector del desarrollo” para impulsar los aspectos económicos y territoriales, pensando sólo en satisfacer la demanda incrementando la oferta del agua. Sin embargo, los nuevos paradigmas señalan que la gestión del agua debe enfocarse más hacia la sostenibilidad medio ambiental, la transparencia y la participación pública.

“Así empieza el cambio impulsado por la Directiva Marco del Agua en el marco legislativo, que viene siendo demandado por la sociedad académica y civil desde los años 90'”, explica Hernández, quien recalca que otros países ya han llevado a cabo esta transición, pero mucho antes. Es el caso de Estados Unidos, que lo llevó a cabo entre las décadas de los años 60 y 70, mientras que en España se “esperó” hasta casi la década del 2000. Esto se debe a muchos factores, entre los que se encuentra la sequía de mediados de los 90', diversos conflictos sociales y territoriales, y el mal estado de las aguas.

Planes hidrológicos nacionales y la entrada de la UE

Nuria Hernández explica también que de estos factores se derivan también los dos Planes Generales Hidrológicos, el planteado en 1994 y el finalmente aprobado en 2001. “Pretendían la interconexión de las cuencas, la transmisión de aguas de aquellas cuencas más húmedas a otras mas secas y levantaron un debate socioal donde los valores y relación con la naturaleza ha ido cambiando”, señala. Esto se debe a que la población ya no sólo quiere que se proteja la economía, sino también poder contar con paisajes y recursos hídricos en buen estado con los que poder identificarse como ciudadanos, explica.

A lo largo de los años 90', surgen también las Comunidades Autónomas con “voz propia”, y que demandaban también que el agua no fuese tratada sólo con estrategias a escala nacional, sino que reivindicando las particularidades regionales. Estas nuevas voces y estos nuevos objetivos hicieron que se fuese consolidando en España un movimiento ambiental y logran también la apertura de un debate público que cuestiona el paradigma del agua. Es justo en este momento, también, cuando se aprueba la Directiva Marco del Agua, un documento europeo de octubre de 2000 que organiza la gestión de las aguas para protegerlas y potenciar su uso sostenible.

“La Directiva quizás no ha conseguido lo que se proponía todavía, pero las mejoras son claras: tenemos más información, hay más debate, los objetivos van cambiando”, concede Hernández, quien no deja de advertir que las resistencias del antiguo modelo de la política del agua sigue siendo todavía muy potente. De esto también ha llamado la atención la Comisión Europea, que ha señalado a España por presentar planes hidrológicos “bicefalos”, es decir, que pretenden tomar en cuenta ambas caras de la misma moneda. “Se pretende la recuperación de la buena salud de todas las aguas, pero a la vez, se siguen manteniendo objetivos de satisfacción de las demandas”, señala Hernández.