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¿Ciudadanos o mercancias?
Hemos asistido esta semana a la firma del nuevo acuerdo de “cooperación” sanitaria entre las comunidades autónomas de Madrid y Castilla-La Mancha, acuerdo este que significa clara y llanamente el cambio de estatus de los hasta ahora ciudadanos a la nueva consideración de “mercancías especulativas”.
Gracias a dicho acuerdo, o mejor dicho, a consecuencia del mismo, los ciudadanos de las poblaciones de Castilla-La Mancha limítrofes con Madrid podrán ser atendidos en hospitales de Madrid con la consideración de referencia de dichas poblaciones por la nada desdeñable cuantía económica del 95% del coste de atención (se llegue a realizar ésta o no) y el desembolso del otro 5% restante al finalizar el año a cargo de los vaciados fondos de cohesión.
Esto es la incorporación por la puerta de atrás del modelo Alzira (tristemente conocido por reducir la atención sanitaria a un negocio de lucro de particulares) a nuestra sanidad.
Pese a la propaganda interesada de supuesta mejoría en la atención sanitaria, no nos cuentan que dicho acuerdo supondrá el desvío y flujo de fondos económicos (ya de por si maltrechos y con una reducción constante) de la sanidad castellano-manchega a las arcas de la sanidad madrileña, rompiendo con la “regla de oro” de cooperación y solidaridad entre comunidades autónomas para evitar la discriminación entre ciudadanos vivan donde vivan.
Pero no queda ahí la cosa, pese a lo discriminatorio del asunto, la sanidad castellano-manchega va a estar pagando por una asistencia que no se tiene por que dar para realizar el pago de la misma, sino que basta con la prestación de cobertura de futuros.
Por eso desde la Asamblea en Defensa de la Sanidad Pública de Toledo nos oponemos frontalmente a dicho acuerdo, ya que nos negamos a que un ciudadano (y mucho menos a uno enfermo) pueda ser considerado mercancía especulativa independientemente de su lugar de residencia.
- Exigimos el cumplimiento de la Ley ya existente en la que un ciudadano puede ser atendido en caso de necesitar una operación o tratamiento en cualquier comunidad donde esté independientemente de dónde esté su residencia.
- Entendemos que la acción llevada a cabo no soluciona el gran problema que existe en atención primaria en nuestra comunidad.
- Exigimos que nuestros ciudadanos puedan elegir libremente el hospital sin ser impuesto por el gobierno regional que sólo quiere solventar la economía de la comunidad vecina.
Por eso pedimos la retirada del convenio inmediatamente y que el gobierno regional exiga a la Comunidad de Madrid cumplir la ley. ¡¡Eso si seria mirar por la ciudadania!! Y no abandonarlos a su suerte.
