Contra el fuego, gestión del territorio
Una vez más, los incendios que asolan nuestra geografía (176.000 hectáreas quemadas a finales de julio de 2026, cinco veces más que en 2025), evidencian la necesidad de una gestión coordinada, integrada e inteligente del territorio.
La prevención del fuego, como el tratamiento de las zonas inundables y de todo lo que tiene lugar sobre el territorio, requiere un tratamiento integrado por las administraciones responsables y la participación ciudadana, y más, cuando circunstancias de riesgo climático, alertadas desde hace mucho, son una realidad, con consecuencias cada vez más graves.
El incendio de Los Gallardos, en Almería, con pérdida de vidas humanas, y los que le han sucedido, en especial el actual y devastador megaincendio de Ávila, Madrid y Toledo que ha obligado a la declaración de emergencia nacional, con más de 74.000 ha afectadas y de 100.000 evacuados, evidencian la fragilidad del territorio frente al fuego y la necesidad de mejorar mecanismos de prevención en un contexto de cambio climático vinculado al aumento de la temperatura media del planeta.
La frecuencia de incendios en España y la suma de hectáreas quemadas a lo largo del año no son un hecho nuevo, basta observar los Anuarios de Estadística Forestal para comprobar que el número de incendios y la superficie forestal quemada han sido muy elevados en ocasiones anteriores, por ejemplo, en 1978, con 8.324 incendios y 434.867 ha quemadas, y cifras parecidas o superiores en 1985, 1989, 1994, 1998 y 2022.
Los incendios son consustanciales a nuestra geografía, a nuestras condiciones climáticas y a la extensión de nuestra superficie forestal: el 38,4% del territorio español. La superficie forestal arbolada sólo está detrás de la de Suecia y Finlandia. En este sentido, no hay nada nuevo, pero sí en cuanto a la tipología de los incendios que empezamos a sufrir, comparables al actual de Las Landas y entorno de Burdeos, a los habituales en la costa de California, Australia o Chile, y a los sufridos con anterioridad por Portugal y Grecia.
La situación de riesgo ante el fuego ha sido habitual en países con zonas de clima mediterráneo como los antes citados, pero ahora se extiende también a latitudes más altas y del interior de Europa. De los denominados incendios de 4ª y 5ª generación, pasamos a los que estamos sufriendo ahora mismo en Madrid, Ávila y Toledo, o Castellón, a los que se califican de 6ª generación o megaincendios.
Todos son provocados por causas múltiples, como siempre, la mayoría por accidentes e imprevisión personal del riesgo, pero la diferencia respecto a los anteriores es que su intensidad y grado de peligrosidad se ve agravada por la combinación de la actual estructura del territorio y el aumento de la temperatura media del planeta, que provoca mayor frecuencia, duración e intensidad de las olas de calor, con temperaturas de más de 40 grados, incremento de las noches tropicales y sequedad del aire.
Precisamente, la persistencia de altas temperaturas, la escasa humedad del aire y la presencia de vientos fuertes y de dirección cambiante son los responsables de los megaincendios que padecemos, más imprevisibles en su evolución y difíciles de sofocar que los anteriores en el tiempo, sobre todo por las corrientes convectivas de desarrollo vertical que generan, ascendiendo hasta 14 kilómetros de altura.
De ese modo, se forman 'pirocúmulos', nubes que trasladan las pavesas encendidas a gran distancia, saltando carreteras y cortafuegos, y propagan el incendio con la creación de nuevos focos separados del inicial. Si se añaden a esto las formas actuales de ocupación del territorio, comprenderemos la gravedad y dinámica de los incendios actuales.
En ese contexto, todos estamos conmocionados por la virulencia del fuego y afligidos por sus consecuencias para los bienes, las personas y la calidad del medio ambiente, ya no sólo local.
Por eso, no parecen suficientes los discursos centrados en estrategias sectoriales frente al fuego, ni adecuadas las discusiones partidistas que se reducen al volumen de recursos empleados para prevención y extinción de incendios, en todo caso, insuficientes.
Tampoco parece solución alguna la tantas veces reiterada propuesta desde el gobierno de la nación de un 'Pacto de Estado sobre el Cambio Climático', que resulta de enorme vaguedad y vaciedad cuando, entre otras cosas, ya existe desde 2021 una Ley de Cambio Climático y legislación al respecto.
Lo que se necesita son acciones concretas para prevenir y reducir peligros ante los desastres naturales, partiendo del conocimiento directo del modelo territorial existente, de sus desajustes y contradicciones internas, y de la aplicación de la legislación medioambiental y de ordenación del territorio, adaptándola, por supuesto, a las nuevas condiciones de riesgo.
Al margen de que exista o no consenso sobre el cambio climático, los efectos de la elevación de la temperatura del planeta seguirán existiendo y poco podemos hacer para evitarlo. Los incendios actuales son una consecuencia de ello, con incremento del lanzamiento a la atmósfera de CO2, desertización de los suelos y contaminación de los acuíferos, y ahí sí podemos intervenir, pues podemos actuar sobre la ordenación del territorio, de la que son parte, entre otras cosas, la gestión forestal, las políticas agrarias y el freno a la desmedida urbanización del campo.
Hasta mediados del pasado siglo, el mundo rural tenía una importancia muy superior a la actual, la población se distribuía espacialmente de manera más homogénea (el 48% residía en municipios de menos de 10.000 habitantes, ahora el 19,5%) y buena parte de ella vivía de la agricultura y la ganadería.
La utilización de los montes reducía su carga vegetal para los incendios, y ante el más leve conato de incendio, bastaba un repicar de campanas de la iglesia para que los vecinos se movilizaran y lo sofocaran de inmediato.
Hoy, han desaparecido las huertas en torno a los pueblos, que constituían auténticos cinturones de seguridad frente al fuego, su lugar lo ocupan unifamiliares, muchos de segunda residencia y uso turístico, y viviendas en diseminado en zonas de montaña y costa.
Casi siempre esas construcciones se levantan en medio de campos de labor en abandono, que nadie limpia, convertidos a menudo, en 'barbechos urbanos' a la espera de su edificación. Se generan así los paisajes de 'interfaz urbano/rural' que facilitan la propagación del fuego a través de sus jardines, y más con el carácter explosivo de los incendios de 6ª generación.
A su vez, la mayoría de las masas forestales, antes aprovechadas económicamente, se han abandonado y su superficie se ha extendido (de 18 millones de hectáreas frente a 12 en los años 1970), sin que tampoco existan suficientes labores de limpieza y saneamiento. El resultado es más carga vegetal, más energía dispuesta a arder ante la menor chispa en condiciones de aumento generalizado de la temperatura, de mayor incidencia de las olas de calor, de extrema sequedad y de fuertes vientos.
Con esta estructura del territorio, apoyada por procesos especulativos del suelo, con más carga vegetal que en el pasado y un uso más intensivo del suelo en verano por actividades de ocio y turismo, los riesgos frente al fuego aumentan.
Es un modelo de ordenación del territorio bien distinto al del pasado, con una naturaleza más exuberante y una urbanización del campo que no se preocupa por las tierras libres en desuso, sin labores de limpieza de ningún tipo, que particulares y ayuntamientos no realizan, agravado todo ello por la insuficiencia de los presupuestos para conservación y mantenimiento de las superficies forestales, siempre por debajo de los destinados a extinción a nivel estatal y autonómico.
Abandonemos el diletantismo de los que se empeñan a favor o en contra del concepto de cambio climático, pues, los argumentos científicos están ahí y los megaincendios están en nuestra casa. Los hemos visto en otras geografías y ahora los tenemos aquí, combatámoslos y tratemos de reducir las posibilidades de que se repitan
Ante la grave situación de los incendios actuales, ¿no sería más razonable actuar sobre el modelo de ordenación del territorio para hacerlo más resiliente que formular declaraciones huecas y vacías de contenido sobre el cambio climático? ¿No será, pues, más conveniente empezar a trabajar todos juntos, con la colaboración y la experiencia de las gentes que aún quedan en el campo para reducir los riesgos del actual modelo territorial? ¿No habría que poner también límites a la excesiva y progresiva urbanización del campo? La legislación para gestionar el territorio y el medioambiente ya existe, incluida la relacionada con el cambio climático, sólo hay que adaptarla a las nuevas situaciones de riesgo y desde luego utilizarla inteligentemente y de manera integrada, no sectorial.
Centremos pues el discurso en la lucha contra el fuego, en lo que es prioritario, y propongamos una gestión integral e integrada del territorio, corrigiendo excesos y desajustes actuales, colocando la seguridad de las personas por delante de todo.
Por otro lado, abandonemos el diletantismo de los que se empeñan a favor o en contra del concepto de cambio climático, pues, los argumentos científicos están ahí y los megaincendios están en nuestra casa. Los hemos visto en otras geografías y ahora los tenemos aquí, combatámoslos y tratemos de reducir las posibilidades de que se repitan. Eso exige coordinación de todos los poderes públicos y complicidad y colaboración de los ciudadanos. La lucha contra el fuego es una responsabilidad política, pero también, tarea de todos.