Redes sociales y menores: prohibir no basta
La medida anunciada por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, el 3 de febrero de 2026 desde la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái -como parte de un paquete de cinco medidas para combatir el abuso digital- pretende prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, con verificación obligatoria de edad efectiva y responsabilidades penales para los directivos de las plataformas si fallan. Esta propuesta reaviva un debate inaplazable sobre salud mental, educación y responsabilidad social.
Se ha reabierto una reflexión incómoda pero necesaria: ¿en qué medida esta prohibición va a proteger realmente a la infancia ante un problema que lleva años creciendo de forma alarmante?
Los datos son demoledores y los vivimos como una emergencia en las aulas cada día. El Informe 'Infancia, adolescencia y bienestar digital. Una aproximación desde la salud, la convivencia y la responsabilidad social' (UNICEF España y colaboradores, 2025) revela un uso preocupante: el 92,5% de los adolescentes españoles participa en, al menos, una red social; el 75,8% en tres o más; y casi un 6% (hasta el 7,7% en Bachillerato, duplicándose en chicas) muestra signos de uso problemático. Casi un 9% dedica más de cinco horas diarias a redes sociales entre semana (cifra que sube al 20% en fin de semana), con umbrales críticos de 2 a 3 horas que duplican el riesgo de ansiedad y depresión, según diversos estudios sobre salud digital.
El estudio pionero de la Comunidad de Madrid, presentado el 9 de febrero de 2026 y realizado con unos 700 alumnos de Secundaria y Bachillerato, concluye que plataformas como YouTube, TikTok e Instagram influyen directamente en la inseguridad y los niveles de ansiedad. Las investigaciones señalan un incremento de ansiedad a partir de los 14 años cuando los adolescentes no responden de forma inmediata a los mensajes recibidos.
En el caso de las chicas, el nivel más elevado se registra a los 17 años, con un 76,5% que sufre ansiedad si no los contestan de inmediato. Entre los chicos, este máximo se sitúa entre los 15 y los 16 años, con un 57% que manifiesta esa misma sensación asociada a la necesidad de contestar con rapidez. Igualmente, del estudio se desprende que las edades más vulnerables van de los 14 a los 16. También se observa que un 60% de los adolescentes pierde horas de sueño y que el 20% oculta en las respuestas el tiempo real de conexión.
No son espacios neutrales
Las redes sociales no son espacios neutrales. Están diseñadas para maximizar el tiempo de permanencia mediante recompensas inmediatas, comparación constante y estimulación continua. En cerebros en desarrollo -hasta los 25 años-; esto amplifica la impulsividad, el aislamiento real, la fragmentación atencional y una epidemia de malestar que los docentes detectamos a diario: alumnado que no sostiene la mirada, que se desconecta en segundos, que traslada el conflicto del grupo de WhatsApp al recreo o al directo de TikTok.
La inclusión educativa se desmorona cuando el acoso salta de lo presencial a lo viral, y las chicas -más expuestas a la presión por imagen- pagan el precio más alto. Según informes recientes sobre violencia digital en España, un alto porcentaje de jóvenes (hasta el 80% según la ONG Plan International), el acoso y la violencia digital son fenómenos masivos que afectan a la mayoría de las niñas, adolescentes y jóvenes entre 12 y 24 años, y cifras similares indican recepción de mensajes con intención de quedar o intimar, incluso tras rechazo reiterado.
Lógicamente, sin verificación contrastada, sin alternativas reales y sin atacar el diseño adictivo de las plataformas, la prohibición se convertirá en papel mojado. Ya vetamos a menores de 14 años y un alto porcentaje accede igual. Prohibir sin educar desplaza el problema, genera frustración y deja a los jóvenes sin herramientas para navegar en un mundo que no va a desaparecer.
Hemos permitido durante años que estas empresas se lucren con la adicción infantil mientras la escuela, las familias y la sociedad pagan las facturas: más ansiedad, más depresión, más violencia digital, menos empatía y menos capacidad de concentración sostenida.
Hay que apostar por la educación digital crítica obligatoria desde infantil, integrada en el currículo como defensa de los derechos humanos en la era digital
Por ello, reclamamos una prohibición efectiva: verificación firme, multas ejemplares y responsabilidad penal real para quienes diseñan la adicción. Además, hay que apostar por la educación digital crítica obligatoria desde infantil, integrada en el currículo como defensa de los derechos humanos en la era digital: enseñar a desmontar algoritmos, detectar desinformación, proteger la intimidad y gestionar emociones en entornos hiperconectados.
Razonadamente, la escuela debe recuperar su papel como refugio de lo real: reforzar la prohibición de móviles en horario lectivo, e invirtiendo adecuadamente en alternativas que reconstruyan comunidad -deporte, arte, debate, lectura compartida, proyectos cooperativos- para contrarrestar la erosión que las pantallas estén provocando en las relaciones presenciales. Igualmente, es urgente poner la salud mental en primera línea: más orientadores y psicólogos escolares, formación docente en detección de adicciones digitales, programas preventivos obligatorios e involucrar responsablemente a las familias con talleres efectivos.
Las redes pueden ser aliadas, logremos convertirlas en espacios de activismo por los derechos humanos. Pero hoy, para demasiados niños y niñas, son jaulas de comparación y ansiedad. Prohibir el acceso prematuro es proteger; educar para usarlas con criterio es empoderar. Porque, como siempre he defendido, educar no es solo transmitir conocimientos; es proteger, acompañar y transformar.
Invertir en educación digital crítica, en salud emocional y en una escuela humana no es gasto: es justicia social, es futuro, es defender la infancia como derecho irrenunciable. En consecuencia, necesitamos un Pacto de Estado que incluya las voces de los adolescentes -ellos viven el problema e ignorarlos sería repetir errores- y campañas de concienciación que informen sin manipular. El desafío es muy profundo y exige una respuesta social coordinada y recuperación de la escuela como espacio de convivencia real.
Retrasar el acceso puede ser un primer paso. Pero el cambio real dependerá de algo más complejo: invertir en educación, proteger la salud emocional y reconstruir una cultura de respeto a los derechos humanos. Porque la infancia que hoy crece entre pantallas será la sociedad que mañana tomará decisiones sobre la convivencia social.