El Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha ha emitido un dictamen sobre el anteproyecto de la futura Ley de Simplificación Administrativa autonómica, impulsada desde el Ejecutivo regional. Un documento “demoledor”, según el sindicato STAS, que ha valorado que se trata de un “severo revés institucional” para la Junta de Comunidades. Desde el sindicato afirman que el organismo consultivo “propone enmendar más de la mitad del articulado del anteproyecto”.
Fuentes del sindicato consultadas por este medio apuntan a la figura de las entidades colaboradoras, un instrumento “polémico”, que también denunció el sindicato CCOO asegurando que supondría “privatizar” algunos servicios públicos. Mientras, STAS habla con preocupación de que las entidades privadas “podrían asumir funciones actualmente en manos de empleadas y empleados públicos”, y eso supone, abundan, “una privatización encubierta de servicios esenciales como la inspección y certificación, funciones que, según el Estatuto Básico del Empleado Público, deben ser ejercidas exclusivamente personal funcionario”. Un extremo negado por el Gobierno de Emiliano García-Page.
Esta figura de las entidades colaboradoras se estructura en torno al Título IV de la nueva ley. El Consejo Consultivo explica en el dictamen al que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha que la figura ya se ha regulado en varias comunidades autónomas, para simplificar y agilizar determinados procedimientos administrativos.
Sin embargo, en el caso del anteproyecto de la ley castellanomanchega, considera que el texto propuesto refleja “una gran indefinición a la hora de fijar las funciones que podrán ejercer estas entidades privadas”. Por eso, el Consejo Consultivo advierte: “Requiere replantear su redacción”, para “eludir potenciales problemas interpretativos o de seguridad jurídica”.
Incluso, llegan a recordar, “a la vista de la generalidad de las funciones y de la amplitud con la que quedan regulados los ámbitos de actuación en los que podrán participar las entidades colaboradoras”, que la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público dispone que “el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca”.
El Consejo recuerda también que hay jurisprudencia que expresa la “limitación de las actividades que pueden ser realizadas por terceros ajenos a la organización administrativa”.
Anteproyecto “impreciso” y que genera “inseguridad jurídica”
Para el sindicato STAS este dictamen, que es preceptivo y no vinculante, considera “que buena parte del contenido del anteproyecto es impreciso, carece de claridad y genera una preocupante inseguridad jurídica”. El sindicato señala que la crítica llega en un “momento clave”, y que ayuda a “reforzar” la oposición mostrada por la organización al iniciarse el proceso de redacción de este anteproyecto de ley.
Comisiones Obreras, por su parte, ha lamentado que la tramitación de la Ley siga adelante, “pese a sus evidentes perjuicios a la ciudadanía y los servicios públicos”. La Federación de Servicios a la Ciudadanía pidió la retirada de este anteproyecto, al considerar que “abre la puerta a la privatización masiva de los servicios públicos” de la comunidad autónoma. “Pese a que García-Page presume de que esta ley es una 'colaboración público-privada', en realidad, la Ley de Simplificación amenaza a los servicios públicos con una disminución de las plantillas de empleo público, actualmente ya muy mermadas”, lamentan desde CCOO.
Lo cierto es que la regulación que el precepto hace de las denominadas unidades administrativas de apoyo, es bastante confusa
STAS ha calificado el anteproyecto como “basura legislativa” y afirman que “pone en riesgo” principios esenciales “como la objetividad, la legalidad y la seguridad jurídica en la gestión pública” y destacan que el dictamen del Consejo Consultivo indica qu en el caso de las “Unidades administrativas de apoyo” es “determinante” que se doten con puestos de rtabajo, mediante una modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT). “Lo cierto es que la regulación que el precepto hace de las denominadas unidades administrativas de apoyo, es bastante confusa”, recalca el dictamen del organismo de consulta.
“El dictamen del Consejo Consultivo no deja lugar a dudas: el Gobierno regional debe frenar este anteproyecto y repensar su enfoque. Reclaman una modernización administrativa basada en el refuerzo del empleo público, mayor dotación presupuestaria y diálogo real con los y las representantes del funcionariado”, afirman desde STAS, desde donde recuerdan que el debate ahora depende de las Cortes de Castilla-La Mancha.
Por su parte, desde CCOO han asegurado que están a favor de una administración “más moderna y ágil”. “Pero esta ley no sólo no lo conseguirá, sino que debilita la estructura pública que garantiza los derechos de la ciudadanía; abre de par en par las puertas para la gestión de estos derechos por entidades privadas; perjudica a la ciudadanía diferenciandola por su renta; y permite actuaciones sin supervisión pública cuyos perjuicios no podrán ser reparados, entre otras muchas cosas”, rematan.
El Consejo Consultivo ha emitido un dictamen favorable para que el anteproyecto pueda elevarse a Consejo de Gobierno, pero advierte igualmente de que se deben tomar en cuenta las varias consideraciones que ha expresado en el documento.
CSIF pide la retirada de la ley
El sindicato CSIF se ha unido a las críticas al anteproyecto y ha exigido la retirada de la ley debido al “contundente” dictamen “negativo”, que supone para la organización un “auténtico varapalo” que desmonta “totalmente” la ley. “Desde noviembre venimos denunciando que supone un auténtico atentado a los servicios públicos de la región abriendo la puerta a su privatización bajo el pretexto de la eficiencia administrativa”, sostiene Joaquín Sánchez, presidente del Sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de CSIF Castilla-La Mancha.
Sánchez apostilla que “el Gobierno regional ha hecho oídos sordos a las advertencias de los representantes de los trabajadores, se le ha dicho por activa y por pasiva que no podía seguir adelante con esta normativa. Esperemos que deseche esta ley porque abre la puerta a la privatización de los servicios públicos”.