PSOE y PP se han puesto esta vez de acuerdo en las Cortes de Castilla-La Mancha para rechazar una moción de Vox que pedía tramitar de forma y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que lleguen ilegalmente a España y de los inmigrantes legales que cometan delitos graves o hagan del delito leve “su forma de vida”.
“Hay que deportar a todos los que entraron de forma ilegal en España”, ha dicho el presidente del Grupo Parlamentario Vox David Moreno, pero no solo a estas personas, sino también “a los que no se integren”. Incluso ha llegado a culparles de violar o de la violencia machista en nuestro país.
Esta semana se ha conocido que Castilla-La Mancha deberá acoger a 320 menores en un año, procedentes de Canarias, Ceuta o Melilla, pero la consejera de Bienestar Social Bárbara García Torijano replicaba que a día de hoy es “imposible” teniendo en cuenta que el sistema de protección es de 560 plazas en total y están al 98% de cobertura. Además, la consejera ha pedido “financiación”.
El diputado del PP José Antonio Martín-Buro ha justificado su rechazo a la moción de Vox asegurando que “es un batiburrillo de medidas” para las que no tienen competencias las Cortes de Castilla-La Mancha y que, decía, “para tranquilidad de todos no se van a poner en marcha”. Eso sí, ha aprovechado para cargar contra el Gobierno de España. El PP cree que es “evidente el fracaso de la política migratoria” y ha recordado que el PP ha recurrido ante el Constitucional la distribución de menores migrantes propuestas por el Ejecutivo central. Un recurso que también presentó el Gobierno de Emiliano García-Page.
Los 'populares' rechazan el argumento de Bienestar Social sobre la falta de financiación para la acogida de los menores. “No hay problemas de financiación porque hay más de 300 millones no ejecutados ni en 2022 ni en 2023”, en este departamento, según ha asegurado.
Después ha dicho que en esta cuestión el PP defenderá que todas comunidades autónomas estén “sometidas a las mismas reglas, sin excepciones condiciones por conveniencia política o partidista”. Ha rechazado las “asimetrías” o los “tratos preferenciales” e incluso se ha referido al “mercadeo indigno de los menores migrantes” en el ámbito político. “No puede haber comunidades con derechos y otras con obligaciones. No podemos traficar con favores para contentar a los separatistas”, ha zanjado el diputado popular.
PSOE: “No sé si lo que pretenden es recuperar la Inquisición”
El diputado socialista José Antonio Contreras se mostraba después vehemente durante su intervención. Especialmente duro ha sido con el partido ultra. “Ya hablan ustedes directamente de deportación”, decía, para invitarles a echar un vistazo a la legislación española. “No sé si lo que pretenden es recuperar la Inquisición”, preguntaba a Vox.
Ha abogado por “una política migratoria que sea ordenada y legal para garantizar derechos y deberes, solidaria y humana, basada en la convivencia, en la igualdad del trato”
El socialista ha lamentado que el debate sobre menores migrantes no sea “el adecuado”, a causa de la posición de Vox. “Este es un fenómeno profundamente humano, social y económico. Sí. Económico. Sigue siendo motor de crecimiento, diversidad y cohesión”, pero también, decía, “es objeto de manipulación, bulos y discursos de odio”. Algo frente a lo que ha pedido “no quedarse callados”.
Según el PSOE, “la inmigración es un reto y oportunidad y no un problema” y el diputado ha asegurado que no tolerarán “discursos que estigmaticen a personas por su color de piel, su lugar de origen o su religión”.
“Lo que está haciendo la extrema derecha en este país es profundamente peligroso”, decía, al criminalizar a los migrantes.
La consejera, a Vox: “No solo es preocupante, sino vomitivo”
Ha cerrado el debate la consejera de Bienestar Social. Bárbara García Torijano ha comentado su intención inicial de no intervenir, hastiada de discursos “de odio”.
Ha dicho estar “preocupada” por las expresiones utilizadas por el partido ultra, los mismos que no reconocen la violencia machista o que no creen en los movimientos sociales para defender los derechos de las personas. “No solo es preocupante, sino vomitivo. Son ustedes políticos, con responsabilidades políticas y deberían estar planteando que soluciones damos a tantos y tantos niños que vienen buscando paz, acompañamiento y derechos”.
Sobre la postura del Gobierno castellanomanchego se ha mostrado tajante: “Castilla-La Mancha es acogedora, le pese a quién le pese. Es solidaria, le pese a quien le pese”. Asegura también que “está en la posición de buscar soluciones, alternativas y distintas vías”.
Después ha reiterado, en un mensaje ya dirigido al Gobierno de España, que “hace falta financiación”. En este aspecto abundaba, “hay un decreto que tendremos que cumplir” y lo que se está pidiendo es “que estén cubiertas las necesidades de los niños y niñas que vengan a nuestra comunidad autónoma. Nosotros sí defendemos los derechos de la infancia y de las personas”.