Han vivido 20 años en un antiguo centro de ocio municipal abandonado en Toledo. Hasta que una orden del Juzgado número 1 de Toledo decretó el desalojo y que el inmueble fuera demolido por el peligro de derrumbe, tras un informe municipal que apuntaba a “graves deficiencias de habitabilidad” y a “un peligro para sus ocupantes y para terceros”.
“No puede pasar algo en ese edificio y que sea responsable del Ayuntamiento”, afirmó el portavoz del Gobierno local de PP y Vox, Juan José Alcalde para justificar la medida. Tres familias y sus cinco hijos fueron desalojadas y sobre ellas el portavoz señaló que era “una situación de emergencia”, en la que debían intervenir los Servicios Sociales “para proteger a los menores y a las familias vulnerables”.
De hecho, el propio auto judicial, fechado a mediados de abril, instaba a los Servicios Sociales a “dotar a los ocupantes de una solución habitacional una vez sean desalojados”.
Silvia Augusto, madre de tres menores de 4, 6 y 11 años respectivamente, lleva viviendo desde el 13 de mayo junto a sus hijos y otras dos familias más en varias caravanas y sin acceso a agua corriente en el toledano recinto ferial La Peraleda. Ese día tuvieron que abandonar su hogar, situado a escasos metros.
Desde entonces, dice Silvia Augusto, solo han recibido ayuda por parte de un matrimonio toledano -Gerardo y Sagrario- que les lleva agua o comida para los niños. “Desde que nos han echado nadie ha venido a preguntar ni nada. Solo ayer vino la asistencia social”.
Sin agua, ni acceso a baños públicos y sin solución habitacional
La solución de alojamiento para estas familias no ha llegado. Tanto la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, como el propio alcalde, Carlos Velázquez, han asegurado en los últimos días que han ofrecido “todos los recursos” a su alcance y que les 'permiten' las competencias municipales.
Entre ellos, la reserva de un hostal para diez días -que las familias no han aceptado afirmando que se trata de “pan para hoy y hambre para mañana”- o la tramitación de las ayudas de emergencia para atender sus necesidades vitales básicas.
“El Ayuntamiento de Toledo no dispone de vivienda social, es otra administración la que tiene porque es la competente, que es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”, ha dicho el alcalde, poniendo la pelota en el tejado del Gobierno de Emiliano García-Page para que les busque alojamiento.
Lo único que pedimos es una vivienda digna, un techo donde poder meter a nuestros hijos. No nos oponemos a pagar un alquiler social, sea en un pueblo o donde sea
“Lo único que pedimos es una vivienda digna, un techo donde poder meter a nuestros hijos. No nos oponemos a pagar un alquiler social, sea en un pueblo o donde sea”, comenta Silvia. Denuncia que les han cerrado la toma de agua de la que se abastecían desde que abandonaron el inmueble y que no les permiten poder hacer uso de los baños públicos que hay instalados en el recinto ferial.
Tienen luz y algunos electrodomésticos, como la lavadora, a la intemperie junto a una de las caravanas. También cuentan con “un chorrito de agua para poder hacer la comida y fregar”, mientras que para poder asearse llevan a los niños -todos ellos escolarizados- a la vivienda de un familiar, explica Silvia. En 20 años, recalca, nunca “ningún problema con nadie”.
“Lo único que le he pedido a la asistente social ha sido que me dé un cheque para poder comprar agua. Lo más esencial, porque claro la nevera de la caravana es muy chiquitita. Y me dice que no, que yo estoy cobrando de lo de mi trabajo”, lamenta Silvia, quien indica que tiene un trabajo a media jornada con el que no llega a los 400 euros para ella y sus tres hijos. “Con eso no me da para sobrevivir”, lamenta.
Silvia recuerda que el juez dictaminó que tenían que abandonar el día 13 de mayo el inmueble y que los Servicios Sociales tenían que ayudarles para que los menores no se quedaran en la calle. “Solo se cumplió una parte y creo que no se va a cumplir la otra. La fama internacional que tiene Toledo y no disponen de tres viviendas...”, reprocha.
“No es una cuestión política, es una cuestión de humanidad”
Su indignación la han compartido este viernes representantes del Grupo Municipal Socialista de Toledo. Su viceportavoz, Ana Abellán, y su portavoz, Noelia de la Cruz, se han desplazado al recinto de la Peraleda para entrevistarse con los afectados, denunciar su situación y exigir al Ayuntamiento de Toledo que asuma su responsabilidad como administración más cercana.
“Siempre hemos aceptado como correcta la decisión de proceder al derrumbe por la situación de las instalaciones”, precisa Abellán, al tiempo que insiste en que “el juez da conocimiento al Ayuntamiento en dos ocasiones sobre la situación de las familias para que proceda a buscar y encontrar soluciones adecuadas”.
“Son los Servicios Sociales del Ayuntamiento los que tienen que acatar esa situación y hacer ese acompañamiento a las familias y sobre todo a esos menores”.
“Siguen sin solución, pero no conformes con eso, se les ha cortado algo tan básico como es el suministro de agua, una situación que la concejala de Asuntos Sociales afirmó no conocer. Ella dice que es mentira... Tagus no corta el agua si no hay alguien que dé la orden. ¿Quién ha dado la orden”, preguntaba Abellán que no entiende “por qué no se les deja hacer uso de los baños públicos de La Peraleda mientras se encuentra una solución”.
El PSOE cree que hay “intereses ocultos” tras este desalojo
La portavoz socialista ha puesto el foco en la intervención judicial que precedió al derrumbe y ha cuestionado por qué se ha producido: “Nos cuesta creer que un juzgado haya intervenido de oficio sin que nadie lo solicitara. ¿Ha sido el ayuntamiento quien lo ha pedido? ¿Por qué tanta prisa en proceder al derribo?”, ha planteado, trasladando su “sospecha” de posibles intereses urbanísticos en la zona, como la instalación de una discoteca, y sugiriendo que “algún amigo del alcalde” podría estar detrás de esta celeridad.
Ambas representantes han exigido que el alcalde y la concejala “bajen al terreno y den la cara ante esta situación de emergencia”. “No basta con lanzar balones fuera y culpar a otras administraciones. Los servicios sociales municipales son la primera puerta a la que deben acudir estas familias y el Ayuntamiento no puede eludir su responsabilidad”, han expuesto.
Son los Servicios Sociales del Ayuntamiento los que tienen que acatar esa situación y hacer ese acompañamiento a las familias y sobre todo a esos menores
Tanto la vicealcaldesa de Vox, Inés Cañizares, como el portavoz municipal, del PP, Juan José Alcalde, desmintieron en los últimos días la supuesta intención de de que se pudiese desarrollar un proyecto hostelero en el solar en el que se ubicaba este inmueble, donde se habilitará un aparcamiento, según trasladaron. “Vamos a sanear y dignificar esas instalaciones, pero de ninguna manera habrá un establecimiento hostelero. Quiero dejarlo muy claro”, afirmó Cañizares.
“Si no rectifican, tomaremos medidas legales”
Hoy, tras las declaraciones que ha realizado la portavoz del PSOE, el teniente de alcalde José Manuel Velasco, ha calificado de “lamentable y ruin que el PSOE utilice la situación de familias vulnerables para hacer política”. Además, le ha pedido rectificar respecto a la insinuación de que “algún amigo del alcalde va a construir una discoteca” en este espacio. “Si no rectifican tomaremos las medidas legales oportunas”, ha agregado.
Respecto al corte de suministro de agua, Velasco ha indicado que “Tagus no puede cortar el agua de una toma que no existe, porque esta edificación ni era una vivienda, ni tenía célula de habitabilidad”. Además, ha insistido en que el derribo de esta construcción ha anulado la conexión ilegal a la red de abastecimiento de agua por la que se estaban suministrando. También ha asegurado que “resulta llamativo, que el PSOE defienda y promueva un asentamiento ilegal”.