Una auténtica tormenta política ha desatado entre el Gobierno central y el castellano-manchego la decisión del Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy de recurrir la normativa por la que la Junta, con fecha del pasado 1 de enero, redujo a 35 horas semanales la jornada laboral de los empleados públicos y anuló la jubilación forzosa a los 65 años. El portavoz de la Junta, Nacho Hernando, ha calificado de “atropello constitucional” esta decisión y lo ha atribuido a una “venganza política” de la expresidenta de la región y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, contra Castilla-La Mancha por no gobernar tras las pasadas elecciones autonómicas.
Hernando ha tirado de hemeroteca para recordar que el PP votó en contra de esta ley regional en las Cortes de Castilla-La Mancha argumentando que no había presupuesto para ello. Ahora, ese argumento “se cae por su falta de peso”, ha dicho, refiriendo también que el delegado del Gobierno, José Julián Gregorio, dijo en febrero que el Ejecutivo de Rajoy no recurriría esta medida hablando incluso de “filtración interesada”. “O bien ha mentido a todos los castellano-manchegos, o aun peor, ha sido completamente desautorizado por Cospedal y Rajoy”, ha destacado.
Dicho esto, ha enfatizado que es un “atropello inconstitucional” que un Gobierno en funciones recurra una medida aprobada en sede parlamentaria, y que Cospedal “entre abrazo y abrazo” con el exministro de Industria, José Manuel Soria, utilice “a sus peones tanto en la Moncloa como en el Ministerio de Hacienda” para “seguir destruyendo nuestra tierra desde Madrid”.
“Cospedal se mueve por rencor y por la rabia contra los trabajadores públicos de esta región”, considera la Junta. Argumenta que esto es así aludiendo a las declaraciones de la expresidenta el pasado noviembre en las que reconocía que hubiera gobernado de nuevo en Castilla-La Mancha si “hubiese sido menos dura” con los funcionarios. “Es una venganza política porque no soporta que dos de cada tres castellano-manchegos votaran a favor de su jubilación forzosa”, ha añadido Hernando.
Fórmulas legales para evitar despidos
Por el momento, y tras conocerse la presentación del recurso, el Gobierno regional está estudiando “fórmulas legales” para que en el caso de que el Tribunal Constitucional decrete medidas cautelares, no haya “ni un solo despido por culpa de Cospedal en la sanidad pública de Castilla-La Mancha”. Después, ha admitido que no se puede garantizar este extremo porque si se paraliza la normativa “habrá que volver” a las 37 horas y media, y habrá que estudiar “qué pasa con todos esos nuevos trabajadores públicos”.
“Nos vamos a dejar uñas y dientes para que esto no suceda”, ha insistido el portavoz, precisando además que los servicios jurídicos de la Junta ya están trabajando “a contrarreloj” en los argumentos legales “que van a conseguir que ganemos esta batalla legal”, porque “no solo tenemos la ley a favor, sino también la ética, la moral, y el apoyo de los ciudadanos, pese que Cospedal el PP quieran seguir dinamitando el progreso en esta región”.