Castilla-La Mancha reactiva su Comisión de Cambio Climático ante fenómenos extremos “cada vez más frecuentes”

Tormentas con lluvias, viento o nieve que provocan inundaciones y sequías persistentes conviven en nuestro país, y no están ni siquiera sujetas a las estaciones. El contexto climático es otro. El último episodio, con un tren de borrascas que por momentos parecía interminable ha provocado la reacción del Ejecutivo castellanomanchego.

La comunidad de Castilla-La Mancha creó la Comisión Regional de Coordinación de Políticas de Cambio Climático en el año 2008, bajo el Gobierno de José María Barreda vía decreto como “órgano colegiado consultivo y de coordinación en materia de cambio climático”. Después, en el año 2012, bajo el gobierno de Dolores de Cospedal, se cambió su denominación para pasar a llamarse Comisión Regional de Cambio Climático.

Su creación se ha ido adecuando, incluso en su composición, para adaptarla tanto a la estructura del Gobierno regional, como a la estructura interna de la Consejería de la que depende: en la actualidad es competencia del área de Desarrollo Sostenible y su función es de coordinación para impulsar políticas y estrategias con posibles repercusiones en materia de cambio climático.

Pese a todo, lo cierto es que de esta Comisión Regional de Cambio Climático no ha sido una de las grandes protagonistas de las dos últimas legislaturas. Ni siquiera por el hecho de que, asociada a esta comisión, se diseñó allá por 2011 una Estrategia de Cambio Climático para la región, aunque ya con el PP en el Gobierno regional, pasó sin pena ni gloria a lo largo de aquella legislatura. En 2019 se trabajó un nuevo documento con horizonte 2030, que fue aprobado en 2020, en el año de la pandemia de COVID-19 y con unas elecciones autonómicas de por medio.

Ahora, el Gobierno de Castilla-La Mancha asegura que quiere impulsar “una etapa decisiva para la acción climática en Castilla-La Mancha con la renovación de la Comisión Regional de Cambio Climático”.

La titular del departamento Mercedes Gómez acaba de reunir a este órgano, en el que ejerce como presidenta. Ha renovado el cargo y acompañada por la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro, han citado a representantes de todas las consejerías y administraciones con competencias en la materia.

Otro decreto para “modernizar” su funcionamiento y composición

Desde hace unos meses hay un nuevo decreto para esta cuestión. Es el decreto 81/2025, de 14 de octubre, que según el Gobierno regional ha “modernizado” su composición y funcionamiento, “alineándola con la estructura actual de la Administración y con los nuevos retos climáticos de la región”.

Según la consejera es importante “reactivar este espacio de gobernanza conjunta”, pues “los fenómenos climáticos extremos son cada vez más frecuentes y graves y la ciudadanía espera respuestas claras y coordinadas”.

¿Qué se va a hacer? Mercedes Gómez dice que la intención es “avanzar en nuevas herramientas de apoyo al territorio” y “fortalecer el trabajo con todos los sectores, especialmente con los más vulnerables”.

También explica que se van a “explorar instrumentos innovadores como un mercado interno de gases de efecto invernadero que convierta la sostenibilidad en una oportunidad”.

Esto no es estrictamente nuevo. El consejero de Medio Ambiente allá por 2018, Francisco Martínez Arroyo ya explicaba que Castilla-La Mancha ingresaría 150.000 euros más por su reducción de gases de efecto invernadero. Ese año la comunidad autónoma comenzó a registrar su huella de carbono.

Hoy, la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030 ha presentado los datos más recientes del Inventario Regional de Emisiones, que, como ha indicado la consejera, “son muy importantes para orientar las políticas públicas y evaluar las estrategias de descarbonización en Castilla-La Mancha”.

Según los datos hay “tendencia continuada de reducción de emisiones desde 2007” como resultado, señala el gobierno “del impulso de las energías renovables y las mejoras en eficiencia y transformaciones en sectores productivos”, aunque reconocen “un estancamiento en la última década que hacen necesario seguir trabajando”, ha indicado la consejera.

La Ley regional de Cambio Climático, “prioridad” de legislatura

Además, la Comisión ha conocido el proceso de elaboración de la futura Ley regional de Cambio Climático, “una de las prioridades legislativas de la Consejería de Desarrollo Sostenible en la presente legislatura”, ha dicho Gómez. Es un compromiso de Emiliano García-Page de 2019.

En este ámbito, se ha realizado un análisis comparativo de las normativas autonómicas, nacionales e internacionales en materia climática; la sistematización de un conjunto amplio de instrumentos de mitigación, adaptación, financiación y seguimiento, que constituirán la base técnica de la nueva norma; y se ha informado sobre la celebración en el mes de marzo de dos talleres internos con todas las consejerías implicadas, con el fin de alinear criterios sectoriales y coordinar enfoques transversales.

“Queremos que esta ley nazca del diálogo y del rigor técnico, incorporando las aportaciones de todos los agentes socioeconómicos y ambientales”, ha señalado la consejera, añadiendo que la futura ley será “una herramienta estratégica para garantizar un desarrollo sostenible y competitivo, adaptado a la realidad climática de Castilla-La Mancha”.

La cátedra de Cambio Climático y Sostenibilidad de la UCLM

También se ha dado a conocer el informe actualizado de la Cátedra Participativa de Cambio Climático y Sostenibilidad del Sector Primario, desarrollada en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Entre los elementos más destacados se han presentado “las oportunidades para que el sector primario participe en mercados voluntarios de carbono, generando créditos que reconozcan y remuneren prácticas climáticamente responsables”, aunque en realidad este sistema ha sido duramente criticado por los diversos sectores científicos que hablan del “error de mercantilizar la naturaleza para conservarla”.

Castilla-La Mancha apunta también que impulsará el 'insetting', el mecanismo mediante el que las empresas pueden compensar parte de sus emisiones invirtiendo en proyectos de mejora ambiental dentro de su propia cadena de valor. Se habla de “la incorporación de créditos de biodiversidad, que permitirán reconocer económicamente la conservación y mejora de ecosistemas agrarios y forestales” o de identificar “líneas de trabajo que permitirán a la región posicionarse como un territorio pionero en soluciones basadas en la naturaleza, aplicadas al sector agrario”.