Delitos de odio y familias “desbordadas”: aciones del Servicio de Atención Integral LGTBI de Castilla-La Mancha
Desde su puesta en marcha en 2023, el Servicio de Atención Integrada (SAI) de atención a personas LGTBI de Castilla-La Mancha ha realizado 14.434 actuaciones, según ha informado la consejera de Igualdad, Sara Simón, cuando se cumple un año de la apertura de las sedes provinciales de este área. Según ha detallado, las consultas realizadas van desde delitos de odio hasta familias que se ven “desbordadas” por no saber cómo abordar la orientación sexual de sus hijos e hijas.
Precisamente, la consejera ha destacado en este balance cómo la ampliación presencial del SAI, que antes trabajaba de forma telemática, está ofreciendo al servicio “una mayor capacidad de atención y llegar a zonas más pobladas”.
En el marco de las 14.434 actuaciones del SAI-LGTBI se han abierto 550 expedientes de personas que han necesitado atención especializada, 3.397 desde el punto de vista social, 5.219 desde el punto de vista psicológico y 1.066 atenciones de carácter jurídico. A esto hay que añadir 4.752 consultas o peticiones de información por parte de personas, administraciones, empresas y asociaciones.
Simón ha indicado, comparando los datos del mes de julio en 2026, que la ampliación del SAI ha permitido incrementar en un 72,8% la atención a todas las provincias y los datos “no paran de crecer,” porque en lo que va de 2026 ya se han realizado el 82,2% del total de las actuaciones del año pasado; es decir, la tendencia es “al alza”.
“Que el SAI tenga cada vez más capacidad es buena noticia, porque quiere decir que el recurso es más conocido y accesible”, ha enfatizado la consejera, que ha mencionado cómo la media mensual de atenciones ha crecido tras la ampliación a todas las provincias, de 305 a 527 de media. Además, Siimón ha apuntado que el 50,2% de las atenciones corresponden a expedientes de personas que viven fuera de las capitales de provincia.
Consultas, agresiones y denuncias
Las consultas que recibe este servicio son muy variadas, desde delitos de odio en el ámbito social y laboral, “en los que nos piden asesoramiento psicológico”, como aspectos jurídicos. También hay atención a familiares con hijos LGTBI que en ocasiones “se ven desbordados, porque no saben cómo atender esa situación” y a personas que vienen de otros países donde sufren por su orientación sexual.
En cuanto a las agresiones, Simón ha apuntado que es difícil obtener una cifra, porque algunas “no se comunican y otras se transmiten directamente a las fuerzas de seguridad del estado”, pero ha dejado claro que si una persona es víctima, el servicio le orientará sobre cómo denunciarla“.
En conclusión, ha remarcado que los datos demuestran la “fortaleza de un servicio tan joven” como el SAI. Y también ha valorado que la expansión a las capitales de provincia ha tenido otras ventajas, como la mayor facilidad para trabajar contra los delitos de odio de la mano de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y un acceso a los centros educativos.
Para la expansión del SAI fue necesario incrementar el presupuesto del servicio 500.000 euros y la consejera considera que “el camino pasa por seguir ampliando las sedes provinciales del SAI”. “Nuestro objetivo es que el servicio siga creciendo en la próxima legislatura”, ha asegurado Simón, pero ha advertido de que esto no será posible “si algunas fuerzas políticas llegan al gobierno”.
“Esto es algo que nos preocupa, que hay un partido que está abogando por derogar la ley de diversidad sexual y derechos LGTBI y que el principal partido de la oposición dice que no tendría ningún tipo de problema en pactar con ese partido político”, ha señalado Simón en referencia a Vox y al Partido Popular.