La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha conseguido sacar adelante su nuevo modelo de residencias de personas mayores, pero no con el respaldo de todas las comunidades autónomas. Castilla-La Mancha es una de las que votaron en contra de esta propuesta en el último Consejo Inteterritorial de Servicios Sociales con las comunidades autónomas. Se trata de una postura que ya había adelantado el presidente autonómico, Emiliano García-Page, y que se vio confirmada al constatar el Ejecutivo autonómico que la medida “no iba acompañada de la financiación suficiente”.
Este es motivo principal y así lo ha explica a elDiarioclm.es la consejera de Bienestar Social del Gobierno castellanomanchego, Bárbara García Torijano. Según afirma, no hubo ninguna modificación referida al presupuesto en el Consejo celebrado esta semana, respecto al documento presentado el pasado 25 de mayo.
“Trasladamos al Ministerio varias propuestas donde el documento recogiese la garantía de que el acuerdo se llevara a cabo con una financiación añadida, una financiación imprescindible para ponerlo en marcha y para garantizar los puestos de trabajo del sector y los propios recursos residenciales, pero no hubo ninguna modificación al respecto”, argumenta la consejera. Por tanto, recalca que el Ejecutivo regional no podía realizar ese “brindis al sol”, aprobando un documento “donde no haya un compromiso de financiación para poder llevarlo a cabo”.
En el Consejo Interterritorial sí que se habló del nivel acordado de protección para poder llevar a cabo este acuerdo, es decir, lo que destina el Estado y cada comunidad autónoma para el Sistema de Autonomía Personal y Dependencia (SAAD). Pero la Junta de Castilla-La Mancha recuerda que los criterios de valoración establecidos para ese reparto presupuestario se realizaron para destinar las partidas “a otros objetivos con los que ya hemos empezado a trabajar” y no a un nuevo modelo de residencias de mayores.
“Cambiar las reglas del juego a mitad de camino”
“Hemos sido la segunda comunidad autónoma con mejores resultados en reducción de listas de espera en Dependencia y en reforzar los cuidados en el entorno. Ese era el fin del nivel acordado, pero si ahora cambiamos las reglas del juego a mitad del camino, no se asemeja la financiación”, recalca la consejera.
Castilla-La Mancha es una de las regiones con mayor red de residencias públicas, concertadas y privadas de España, y su Gobierno considera que, en base a ello, los criterios de reparto tendrían que ir “asemejados a esas condiciones”. Además, recuerda García Torijano que existe la experiencia de que los gobiernos del PP eliminen ese nivel acordado de aportaciones y “no queremos correr riesgos a la hora de implantar un modelo en el que ya llevamos mucho tiempo trabajando”.
“No podemos dar un voto favorable sin una financiación adecuada en los plazos que nos marca este acuerdo, que no quiere decir que no sigamos trabajando en la senda de lo mejor para los ciudadanos”, agrega.
Además, la consejera de Bienestar Social critica que la propuesta del Ministerio “se exceda más allá de ser un documento de mínimos” ya que no todas las regiones son iguales. “Por eso queríamos un documento también más flexible. No ha podido ser, pero de cualquier forma, no hacía falta este documento para que sigamos trabajando en el estado del bienestar y sigamos siendo un referente en la aplicación de la Ley de Dependencia, incluso con una deuda con el estado de más de 800 millones de euros”.
En las estimaciones que la Administración castellanomanchega remitió a la ministra Ione Belarra sobre la financiación que necesita la región para implantar ese nuevo modelo, los cálculos rondaban los 100 millones de euros. Esta cifra no se incorporó en la reunión y además se hicieron modificaciones de última hora. “Ni siquiera nos dio tiempo a evaluar el impacto económico total”.
Con todo ello, el Gobierno de Page reconoce que ha habido una relación muy fluida con el Ministerio y “se agradece trabajar de esta manera”, pero los documentos “tienen que ir acompañados de una memoria económica, tenemos que saber cuánto cuesta y quién lo va a pagar, porque no podemos permitir que lo paguen los ciudadanos y mucho menos en los momentos en que nos encontramos”.
Otro de los motivos que señala la consejera es que el nuevo sistema pone en peligro el trabajo de muchos profesionales, sobre todo del sector privado. “Son una pieza muy importante, porque para dar cobertura y atención a toda la ciudadanía que lo necesita debe hacerse también con plazas concertadas, plazas públicas pagadas por la Junta”. Es decir, Castilla-La Mancha necesita ese modelo público-privado para “llegar a un equilibrio”.
La intención del Ejecutivo autonómica ahora es seguir trabajando en la hoja de ruta sobre su propio modelo residencial y de Dependencia, que “garantiza más estabilidad en el sector, mejores cuidados y más cobertura para la ciudadanía”. “Vamos a valorar varias opciones pero no vamos a dejar de lado los planes que hemos hecho para que todo el mundo tenga un recurso residencial, como referente que somos en la atención y en la Dependencia”, concluye.