Castilla-La Mancha sigue sin recibir peticiones de ayuntamientos para declarar zonas tensionadas de vivienda
En pleno clamor social contra los desahucios y con una huelga general convocada para el 11 de noviembre por el derecho a la vivienda y la mejora de los salarios, el Gobierno de Castilla-La Mancha sigue sin recibir ningún “expediente documentado” por parte de los ayuntamientos para declarar zonas tensionadas en sus municipios. Es la posibilidad que recoge la Ley estatal de Vivienda para limitar los precios del alquiler, pero son los gobiernos locales los que deben solicitarlo a la comunidad autónoma, la administración con la competencia exclusiva para aprobar y publicar oficialmente dicha declaración.
“A día de hoy, no hemos recibido ningún expediente documentado, justificado, de ningún ayuntamiento que quiera plantear la limitación de precios del alquiler”, ha dicho a este respecto el consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando.
De hecho, el consejero ha puesto en valor este procedimiento, recordando que además de los informes técnicos necesarios, debe un periodo de información pública y un proceso de participación ciudadana en estos procesos. Declarar una zona tensionada es “algo que va a pasar en su barrio, en su localidad” y por ello debe tener todas las garantías.
Pero, por ahora, el Gobierno castellanomanchego no ha iniciado ningún expediente porque no hay ninguna petición. Todo ello pese a que dos ayuntamientos de la comunidad autónoma, los de Cuenca y Azuqueca de Henares (Guadalajara), ambos gobernados por el PSOE, aprobaron hace más de dos años sendas mociones para la declaración de sus términos municipales como zonas tensionadas, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda.
Cuenca en Marcha exige explicaciones
Además, se da la circunstancia de que esta misma semana, el Grupo Municipal Cuenca en Marcha (CeM) ha exigido al equipo de Gobierno municipal que aclare si ha solicitado formalmente al Gobierno regional como zona de mercado residencial tensionado. Si lo ha hecho, pide que muestre el documento y su registro de entrada.
La formación ha hecho esta petición después de que el consejero de Fomento negara que haya alguna solicitud. Para CeM, esa afirmación choca con el expediente municipal: el Ayuntamiento cuenta desde abril con un informe técnico de apoyo a la declaración. El informe concluye que existe “un riesgo especial de insuficiencia de oferta de vivienda asequible para la población residente y analiza los criterios exigidos para solicitarla”.
Por ello, la formación quiere saber si el equipo de Gobierno ha remitido el expediente a la Junta, cuándo lo ha hecho, a qué órgano se ha dirigido y qué respuesta ha obtenido. “Si el consejero dice que ningún Ayuntamiento lo ha solicitado, pero Cuenca tiene un informe técnico que acredita la situación de tensión residencial, alguien tendrá que explicar qué está ocurriendo”, ha señalado la portavoz de CeM, María Ángeles García.
Lo que no puede ocurrir es que Ayuntamiento y Junta se pasen la pelota mientras los alquileres siguen subiendo
Ha recordado que la polémica no es nueva. En mayo de 2024 Hernando ya afirmó que ningún municipio castellanomanchego había pedido ser declarado zona tensionada. CeM respondió entonces registrando ante la Consejería de Fomento el acuerdo plenario aprobado en Cuenca para reclamarlo, y denunció la contradicción entre las palabras del consejero y la información del propio Ayuntamiento.
“Lo que no puede ocurrir es que Ayuntamiento y Junta se pasen la pelota mientras los alquileres siguen subiendo y cada vez más personas tienen dificultades para acceder a una vivienda”, ha añadido la portavoz. García pide al Consistorio que, si no ha presentado la solicitud, explique por qué no lo ha hecho cuando tiene un informe que la respalda.
Para la portavoz, la declaración de zona tensionada no resolvería por sí sola el problema de la vivienda. Sí permitiría, en cambio, sumar mecanismos para actuar sobre los precios del alquiler y proteger a quienes tienen más dificultades para acceder a un hogar. “Cuenca necesita que todas las administraciones utilicen las herramientas que tienen a su alcance. Y si el Ayuntamiento ha trasladado formalmente la solicitud, será la Junta la que tenga que explicar por qué no actúa”, ha concluido.