Un día después de las elecciones en Castilla y León, el PP de Pablo Casado intenta desembarazarse de Vox y que un hipotético pacto con la ultraderecha lastre el discurso de mayorías que intenta construir en el largo camino a la Moncloa que le han diseñado sus estrategas. Mientras, el PP regional que preside Alfonso Fernández Mañueco hace gala de su independencia y se reserva el mando total de las negociaciones, así como la decisión final sobre sus socios. El partido de Abascal, por su parte, ha reiterado que no tiene intención de apoyar al PP sin entrar al Gobierno. Y esas líneas estratégicas, que hoy parecen paralelas, están llamadas a confluir según se acerque el riesgo de una repetición electoral por falta de mayorías.
Desde la dirección estatal tratan de repartir la presión entre los demás partidos que han logrado representación, especialmente las candidaturas provinciales, después de que el PSOE haya negado a la primera ocasión que ha tenido que vaya a permitir con su abstención la investidura de Mañueco. En el PP de Castilla y León, por su parte, lo tienen claro: la dirección de Casado, cuya influencia resultó decisiva para que Mañueco apretase el botón del adelanto electoral, no va a tener peso en las negociaciones y suya será la última palabra.
De momento, la única suma posible que hay es con el partido de Santiago Abascal, quien en la misma noche electoral utilizó la atención mediática por el resultado obtenido (13 procuradores) para fijar la posición: “Tenemos el derecho y el deber de formar gobierno en Castilla y León”. Si el domingo por la noche, en la sede nacional de la calle Génova de Madrid procuraban no abrir el melón de los pactos y responder con evasivas, mientras situaban el énfasis en el triunfo, amargo, de su candidato, este lunes sí se han prodigado portavoces de primer nivel, como el secretario general, Teodoro García Egea, para lanzar la consigna: el PP gobernará en solitario.
La estrategia pasa por amarrar algún apoyo de los grupos más pequeños de ámbito provincial, como UPL, Soria, ¡ya! o Por Avila, una escisión del propio PP que, según el relato de la convocatoria electoral, sería con quien negociaba Ciudadanos el apoyo a los Presupuestos a espaldas de Mañueco. Al PP le faltan 10 procuradores para la mayoría absoluta, pero si logra el apoyo de estas formaciones, o al menos su abstención, creen que se abre la opción de reeditar el escenario de 2019 (y de 2021 en Madrid): que Vox apoye desde fuera.
García Egea llegó a plantear este lunes el escenario del bloqueo. “Se abre un periodo de diálogo y esperemos que se imponga la cordura. Ya tenemos suficiente con un gobierno en coalición en España y la experiencia en otras comunidades”, dijo en esRadio. “Quien quiera sumarse puede votar al PP y si no, en caso de bloqueo, cada uno tendrá que explicarlo”, retó al resto de formaciones.
En Génova cuentan con que el paso de las semanas hará que la presión recaiga sobre los demás, especialmente sobre la ultraderecha, y que antes o después alguien cederá para no ir hacia una repetición electoral.
A Pablo Casado, a nivel discursivo, no le interesa una asociación fija con Vox. El líder del PP promueve desde la convención nacional del pasado otoño la idea de que la organización vuelva a ser la única fuerza del centroderecha en España. Emular lo que hizo José María Aznar en los años 90 del siglo pasado y que le llevó a la Moncloa. Un proyecto que saltó por los aires con la irrupción de Ciudadanos, primero, y de Vox, años más tarde.
Pero tampoco le conviene a Juan Manuel Moreno. El presidente de Andalucía llegó a plantear que anunciaría tras el 13F la fecha de las elecciones que deben celebrarse este año. El PP manejaba la idea de hacerlo al final del primer semestre, pero el resultado de Castilla y León ha congelado, de momento, los planes. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Ciudadanos), era partidario de agotar la legislatura y ha aprovechado la circunstancia para reiterar que el Gobierno de coalición aguantará hasta su final natural, en el último tramo del año.
La negociación, comandada por Castilla y León
Lo cierto es que serán Mañueco y su equipo quienes piloten las conversaciones y lleguen a los acuerdos que consideren necesarios para no perder el poder en la región 35 años después. Lo que no dejan claro es quiénes serán los interlocutores prioritarios. “Hablaremos con todos”, apuntan fuentes de la dirección autonómica. En plena campaña, Mañueco negó la opción de una repetición electoral y aseguró: “Soy capaz de entenderme con todo el mundo”.
En la misma noche electoral, ya con los resultados claros, el presidente en funciones de Castilla y León planteó que su intención es gobernar en solitario. Pese a estar a 10 escaños de la mayoría absoluta, la idea que ahora trasladan es que aliarse con el partido de extrema derecha parece la última opción.
Pero la jugada de desviar la atención hacia el PSOE, pidiendo su abstención para facilitar que el PP gobierne en minoría, no ha durado mucho. Los socialistas no han tardado ni un día en asegurar que no se abstendrán, pese a que el anterior portavoz de la Ejecutiva y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, sí apostaba por permitir un gobierno del PP para evitar a la extrema derecha. El temor de algunos socialistas es que ocurra lo mismo que en 2019 y que para un pacto de gobierno con Vox en la comunidad se sellen otros acuerdos en ayuntamientos y diputaciones para llegar a las elecciones municipales de 2023 con alianzas entre PP y Vox que les arrebaten alcaldías.
La primera prueba de fuego para el pacto con Vox se verá posiblemente el 10 de marzo, fecha en la que se constituirán las Cortes de Castilla y León. En 2019 esa sesión visibilizó una de las cesiones del PP para pactar con Ciudadanos: dar la Presidencia del parlamento al partido de Francisco Igea.