La reunión del Patronato del Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla) ha concluido sin acuerdo entre la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que ha aprobado de forma unilateral siete de sus propuestas de futuro para este servicio, mientras que la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CCOO han votado en contra al no ver legal su planteamiento.
Fuentes de los agentes sociales han explicado a EFE que la votación de siete de los puntos que había anunciado el consejero, Mariano Veganzones (Vox), han acabado con cinco apoyos -los que representan a la Administración- y cuatro rechazos -los dos votos de CEOE y los respectivos de cada uno de los sindicatos.
Entre los puntos aprobados por los representantes de la Junta figuran los de mantener abiertos los trámites para una posible extinción de la Fundación Serla, la aceptación de la aportación económica que considere la Junta -sin especificar cuantía-, la anulación de la plantilla aprobada en 2017, el estudio y extinción si procede de tres contratos temporales y las propuestas anunciadas el pasado miércoles de limitar su actuación a los conflictos colectivos dejando fuera los individuales y que únicamente actúen un mediador y un árbitro por caso.
A todo ello se han opuesto los representantes de la patronal y de los sindicatos, pero están en minoría en el Patronato, por lo que ahora esperarán a ver los pasos administrativos que da y los que no da la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, según han detallado las mismas fuentes.
Al parecer, otros cuatro puntos del orden del día han sido retirados por el consejero, entre otros los referidos a la idea de Veganzones de que el futuro director del Serla sea el titular de la Dirección General de Trabajo y también la propia modificación de los Estatutos del Serla, por lo que esos puntos tendrán que ser abordados en una nueva reunión, sin que haya quedado fijada por el momento.
Como ya anunció el área que lidera Mariano Veganzones, definitivamente han aprobado un plan para el Serla que pasa por reducir la financiación hasta los 400.000 euros -reduciendo el 60 % el presupuesto del ejercicio anterior-, limitar su actividad a la mediación de los conflictos colectivos, eliminar el puesto del director general de la Fundación para que sus funciones sean asumidas por el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, y plantea el cierre de la sede de la entidad para trasladar sus dependencias a la Oficina Territorial de Trabajo.
Reacciones de los agentes sociales
En declaraciones a EFE, el representante de la UGT en la reunión, Raúl Santa Eufemia, ha calificado el encuentro como “el más kafkiano, antidemocrático y loco de la historia democrática de la Comunidad”, al pretender aprobar una serie de puntos sin el respaldo de informes preceptivos y sin amparo jurídico para una serie de decisiones que no cree que se lleven a la práctica.
Santa Eufemia ha considerado que se trata de un “ataque a los empresarios y trabajadores” de la Comunidad, y se ha mostrado especialmente crítico con el hecho de que hoy los siete empleados del Serla se quedan sin ingresar su nómina correspondiente a marzo, algo que no ha ocurrido desde su creación y de lo que ha responsabilizado a Vox y al PP por permitirlo.
A través de un comunicado, CCOO ha acusado al consejero de tratar de “actuar al margen de la legalidad disolviendo el Serla, en contra de las leyes y la sentencia del Tribunal Supremo”: “La democracia y las leyes pasan por encima como una apisonadora”, ha resumido.
“Veganzones ha hecho el ridículo más espantoso al verse obligado a retirar la mayoría de los puntos del orden del día del Patronato de la Fundación SERLA, por incumplimiento de lo legalmente establecido”, ha resumido en referencia a la asunción del consejero con la retirada de varios puntos.
Por su parte, el presidente de la CEOE de Castilla y León, Santiago Aparicio, ha mantenido que hay una serie de puntos del plan de la Consejería que son inaceptables para la patronal: la idea de que sindicatos y CEOE cofinancien el Serla porque eso es “obligación de la Administración”, la intención de eliminar los conflictos individuales de las competencias, la idea de que un único mediador por caso y la extensión del servicio a las nueve provincias. “Son líneas rojas”, ha resumido Aparicio.
El presidente de la patronal ha lamentado que la Consejería planteara sus propuestas como “un bloque”, ya que a algunas de las iniciativas contaban con el visto bueno -como la eliminación de la dirección autónoma y que pasara a ejercerla el director general de Trabajo-, aunque ha añadido que CEOE mantendrá su disposición al diálogo en futuras reuniones. “Es nuestra obligación estar en las mesas”, ha resumido.