El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, ha cargado esta tarde contra Pedro Sánchez por asegurar en un acto del Día de homenaje a las víctimas del exilio que va a combatir las contrarreformas de PP y Vox en memoria democrática. en un acto del Día de homenaje a las víctimas del exilio. García-Gallardo ha defendido 'su' Ley de Concordia acusando al PSOE de intentar “blanquear los 145 años de historia criminal” de los socialistas.
En un mensaje en la red social X, el vicepresidente de la Junta ha reaccionado a un vídeo compartido por Pedro Sánchez, en el que ha recordado el informe de Naciones Unidas sobre estas leyes. “Como ha manifestado uno de los relatores de Naciones Unidas en su informe sobre estas normas pactadas por PP y Vox, hay que ser mala persona para no atender el reclamo de las víctimas de lo que fueron violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista”.
Otro aspecto que ha criticado Sánchez y que ha hecho saltar al vicepresidente de Castilla y León es que leyes, como es el en caso de esta Comunidad, no hayan superado debates “como llamar dictadura a un régimen como el franquista o el ensalzamiento de militares y políticos que tuvieron las manos manchadas de sangre. Eso se llama de muchas maneras, pero nunca se puede llamar concordia. Se llama revisionismo histórico”.
Ante la frase de “manos manchadas de sangre”, García-Gallardo ha aludido a Bildu diciendo que “las de vuestros socios de ETA”, mientras que sobre ser “malas personas, el líder de la derecha radical populista ha aseverado que lo son aquellas personas que ”utilizan a sus cónyuges para mantener el poder“.
García-Gallardo ha utilizado una fórmula ya repetida en anteriores ocasiones en las Cortes de Castilla y León, tanto él como procuradores de su partido han acusado en varias ocasiones al PSOE de ser una “banda criminal” liderada por Pedro Sánchez, como así aseveró el vicepresidente, o acusar a los socialistas de tener una “historia criminal”. En esas ocasiones eran asuntos como preguntas sobre el cumplimiento de la Agenda 2030 o una comisión parlamentaria de Industria, Comercio y Empleo.
A este mensaje de García-Gallardo hay que sumar también la queja del presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), que este martes acusó al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, de “injerencia” en la tramitación de la Ley de Concordia por pedirle en una carta que el líder de Vox informe a los Grupos parlamentarios la comunicación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre esta normativa.
En ese informe, como recordaba el ministro a Pollán en su carta, hasta tres relatores de las Naciones Unidas solicitaban tanto al Gobierno de España, como a las autoridades legislativas de nuestro país, “adoptar todos los medios necesarios paro garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de los derechos humanos”.
En el documento remitido tras la denuncia presentada por el Gobierno de España se asegura que “las llamadas leyes de concordia aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria en las Comunidades Autónomas de Aragón, Castilla y León y Valencia podrían transgredir la obligación del Estado español, incluyendo sus tres poderes y sus entidades nacionales y locales, de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de Derechos Humanos”,
El informe añade que las contrarreformas “ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios web y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de Derechos Humanos” cometidas en el franquismo y “previstas o creadas en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica vigente en la materia”.
El texto también critica que el intento de equiparar a las víctimas del franquismo con las de otro tipo de crímenes “podría llevar a asimilar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil a un grupo heterogéneo de crímenes y/o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España, quitándole el reconocimiento y la atención necesarios a los derechos de las centenas de miles de victimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, cometidas durante la dictadura franquista”.