La Junta de Castilla y León calcula que dejará de recibir 160 millones de euros al mes tras el rechazo al decreto ómnibus
La Junta de Castilla y León ha cifrado en 160 millones de euros mensuales la cuantía que no ingresará tras no actualizarse las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica para 2026. Al no aprobarse en el Congreso la decreto ómnibus, que recogía esta actualización, con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, la Comunidad tendrá que mantenerse con las cuantías fijadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2023.
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha explicado este jueves, en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, que la no convalidación del real decreto implica que la Comunidad no percibirá las cantidades comunicadas en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado en diciembre, y deberá gestionar el ejercicio de 2026 con los recursos calculados hace tres años.
El decreto incluía, además de la actualización de las entregas a cuenta, otras medidas como la revalorización de las pensiones, actuaciones en materia de transporte público o la paralización de determinados desahucios. Al no salir adelante, según ja indicado Fernández Carriedo, el Estado abonará las cuantías correspondientes a 2023, último ejercicio con presupuestos vigentes.
“Esto significa que abordaremos la gestión de la sanidad, la educación y los servicios sociales con los recursos de 2023, pero con los costes y los retos del año 2026”, ha apuntado el consejero. La cuantía de la Junta que no recibirá es 160 millones de euros, según ha cifrado Carriedo. Asimismo, el portavoz ha recordado que se produjo una situación similar en 2023, tras la caída de otro decreto ómnibus, con una merma de unos 100 millones mensuales, y en 2024, cuando la ausencia de nuevos presupuestos supuso alrededor de 50 millones menos cada mes.
Pese al impacto que esta desactualización tiene sobre la planificación presupuestaria, el portavoz de la Junta ha garantizado que se va a realizar una prestación “adecuada” de los servicios públicos fundamentales y ha matizado que Castilla y León afronta este escenario en una “mejor posición” que otras comunidades, dadas sus circunstancias financieras.
No obstante, Fernández Carriedo ha indicado que no es un problema único para Castilla y León, ya que el problema afecta al resto de comunidades. Es por eso, que ha señalado que el Gobierno central debería haber articulado una solución “con mayor rapidez”, ya que el pasado año los recursos adicionales no estuvieron disponibles hasta el mes de septiembre, lo que supuso unos 1.500 millones de euros de merma en el conjunto del ejercicio. “Esperemos que se pueda resolver lo antes posible”, ha afirmado.
En el contexto electoral, Carriedo ha incidido que no se interprete por una “crítica política” al Gobierno, sino que se entienda como una explicación técnica de las consecuencias derivadas de la no aprobación del decreto.