La Junta de Castilla y León ha defendido este jueves que la Ley de Violencia de Género que ha decidido retirar estaba pactada en el diálogo social y con asociaciones, como ha señalado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, sin especificar cuáles han sido estas últimas. Sin embargo, la documentación oficial del proceso legislativo, que se recoge en el informe de huella normativa del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES), muestra que el texto había sufrido recortes respecto al acuerdo alcanzado con sindicatos y patronal en octubre de 2021. Esas alteraciones, introducidas tras un informe de los Servicios Jurídicos de la Comunidad en julio de 2022, modificaron buena parte de los compromisos pactados. La retirada del proyecto convierte a esta norma en la primera ley que la Junta de Castilla y León decide retirar en pleno trámite parlamentario.
El documento normativo revela que el proyecto que se pretendía aprobar ya no era íntegramente el que surgió de la negociación social, algo que han señalado desde el sindicato CCOO, presente en la negociación.
Uno de los cambios más relevantes se produjo en el apartado de definiciones del artículo 2, como señala el CES. El texto pactado recogía conceptos amplios de violencia que, en la versión final, fueron recortados. Se eliminaron referencias explícitas en la definición de explotación sexual, como la expresión “aun con el consentimiento de la víctima”, así como un listado completo de supuestos vinculados a la salud sexual y reproductiva. También se suavizó la definición de acoso sexual, que en el acuerdo original se extendía a “cualquier ámbito”. La Junta justificó estas modificaciones alegando que debía evitarse duplicar terminología penal o incorporar conceptos que excedieran las competencias autonómicas.
Invasión de competencias estatales y judiciales
Otro punto eliminado fue la obligación de que el informe anual de evaluación incluyera datos detallados sobre procedimientos penales: número de causas, tipo de delitos, medidas de protección y sentencias. Este compromiso formaba parte central del acuerdo del diálogo social, pero desapareció en el texto final. El Gobierno autonómico argumentó que introducir esa obligación supondría invadir competencias estatales y judiciales. En su lugar, la redacción quedó limitada al uso de estadísticas públicas del Consejo General del Poder Judicial.
También desapareció del articulado el papel central del Centro Regional de Formación y Estudios Sociales (CREFES), que en el acuerdo debía ser el eje vertebrador de la formación especializada para personal profesional. La Junta lo eliminó con el argumento de que su regulación debe realizarse mediante normas reglamentarias, no a través de una ley. De forma paralela, también se suprimió el contenido final del artículo de formación, que especificaba ámbitos de intervención.
El texto final prescindió además del artículo que blindaba por ley los órganos autonómicos de coordinación en materia de violencia de género, como la Sección de Género del Observatorio de la Comunidad o las Comisiones Territoriales. Este punto había sido pactado por sindicatos y patronal, pero la Junta lo eliminó alegando que la existencia y regulación de órganos administrativos debe decidirse por vía reglamentaria para preservar la “libertad organizativa” del Ejecutivo autonómico.
La ubicación de los Puntos de Encuentro Familiar también se modificó respecto a lo pactado. El acuerdo establecía que fueran ubicados en capitales de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes, pero la referencia desapareció en la versión final para evitar duplicidades con la Ley de Apoyo a las Familias de 2007. La Junta defendió que el servicio ya está regulado en esa norma y que no debían reiterarse criterios geográficos en una ley específica de violencia de género.
Tambíén se modificaron detalles relacionados con el empleo público cambiaron de ubicación. La obligación de incluir contenidos de violencia de género en los temarios de acceso público dejó de formar parte del capítulo de formación y pasó a integrarse en el artículo sobre acceso al empleo. El CES criticó este movimiento porque, aunque la obligación no desaparecía, perdía coherencia al desvincularse de la estrategia formativa general.
La Junta sostiene, según recoge el CES, que todas estas modificaciones se introdujeron tras el informe de los Servicios Jurídicos del 20 de julio de 2022 con el fin de dotar al texto de “rigor técnico”, evitar duplicidades legislativas y garantizar la coherencia interna del articulado. Entre los argumentos del Ejecutivo figura también la necesidad de respetar los límites competenciales entre administraciones. En algunos casos, como en la eliminación del término “violencia obstétrica”, el Gobierno autonómico asegura que la intención era ampliar la protección al no limitar determinados supuestos al ámbito sanitario.
Aporte de las asociaciones
Respecto al aporte de las asociaciones que han participado, el documento de huella normativa muestra quiénes han participado. La Asociación La Rueda logró que se sustituyera la expresión “servicio sexual” por “actividad con fines sexuales”, un cambio que la propia Junta consideró más adecuado para reflejar la explotación. El Foro Feminista de Castilla y León consiguió corregir la regulación de los Puntos de Encuentro Familiar, pero sus propuestas de carácter más conceptual —como cambiar el nombre de la ley a “violencia machista”— fueron rechazadas. La Asociación de Periodistas Feministas (APFCYL) no detalla cambios atribuibles de forma directa, aunque sí propusieron en la fase de Consulta Pública Previa incluir a los medios como agentes de prevención, crear un Observatorio, e incluir la explotación sexual. Sus peticiones fueron “valoradas y tenidas en consideración en la redacción del texto del anteproyecto” aunque no se incluyeron. También participaron los Colegios Profesionales de Trabajo Social, cuyos planteamientos para ampliar la formación obligatoria o reforzar el acompañamiento social fueron desestimados. A todo ello se sumaron ajustes internos impuestos por varias consejerías, como Educación, Fomento y Sanidad.
UGT cree que el “ambiente preelectoral ha paralizado” la ley de violencia de género
El sindicato UGT, uno de los sindicatos que abordó el desarrollo de la ley, ha lamentado este jueves que el “ambiente preelectoral” haya “paralizado” la tramitación del proyecto de ley de Atención Integral a las Víctimas de la Violencia de Género.
En un comunicado ha señalado que “pierden las mujeres y perdemos todos como sociedad”. Asimismo, ha lamentado “profundamente” que un texto que había sido consensuado en el ámbito del Diálogo Social no haya llegado al pleno de las Cortes, aunque ha defendido la “autonomía” de los grupos parlamentarios para presentar las enmiendas que consideren oportunas.
En su opinión, recoge EFE, tras los acuerdos y avances alcanzados en la anterior legislatura, la llegada de Vox al gobierno de coalición dejó esta norma “paralizada”, pese a haber sido “fruto de un amplio proceso de negociación”, en su opinión hasta mejorar “sustancialmente” la ley de 2010