La Policía esclarece una falsificación documental en una bolsa de empleo de celadores del servicio de salud de Castilla y León
La Policía Nacional en Valladolid ha dado por concluida una investigación de más de un año de duración en la que ha dado con el autor de una falsificación de documentos públicos con los que presionó a Sacyl. La denuncia partió de los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León en julio de 2025, cuando se detectaron varias comunicaciones electrónicas manipuladas referentes a una bolsa de empleo de celadores del SACyL.
Los investigadores de la Policía Nacional en Valladolid constataron en sus pesquisas cómo el hombre investigado podría haber alterado el contenido de una respuesta auténtica de la Administración mediante correo electrónico, en la que había insertado párrafos falsos, haciendo válida una candidatura a su nombre a una bolsa de empleo de celadores del SACyL. El investigado habría hecho uso de la dirección de correo corporativa, logotipos oficiales, escudos y cláusulas de confidencialidad de la Junta de Castilla y León. Así mismo, esta persona habría creado una identidad profesional ficticia de un letrado, remitiendo a nombre del falso profesional varios escritos de presión al órgano competente del SACyL para la resolución de la bolsa de empleo de celadores, en los que citaba el correo manipulado con las resoluciones falsificadas como si fueran actos firmes de compromiso legal.
Los investigadores de la Policía Nacional detectaron inconsistencias graves en estos escritos de presión, en los que se utilizaban datos de un abogado real colegiado en una provincia distinta a la supuesta sede del despacho, ubicada falsamente en la localidad de Plasencia.
Fue la investigación técnica, mediante el análisis de las cabeceras de los correos y el rastreo de las direcciones IP, una pieza fundamental para situar el origen de las comunicaciones fraudulentas del investigado en un domicilio particular de la localidad de Motril (Granada). La investigación de la Policía Nacional se ha dado por concluida habiéndose dejado constancia de la autoría del investigado así como el rastro digital de las comunicaciones, que ha quedado como prueba de cargo en las diligencias instruidas, ya que el investigado podría haber incurrido en delito de falsificación de documento público. Toda la investigación policial ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial competente.