El PSOE de Segovia exige al Ayuntamiento aclaraciones sobre las obras de unos trasteros que se ejecutaron sin licencia

La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Segovia, Clara Martín, ha exigido al alcalde, José Mazarías, que revise y corrija un decreto de Alcaldía —del que se informó al pleno— para esclarecer quién es el propietario y promotor real de las obras de 18 trasteros que se ejecutaron sin la autorización y que han desatendido de manera reiterada los requerimientos del Ayuntamiento desde abril de 2023. Este miércoles en rueda de prensa, Clara Martín ha informado sobre el expediente urbanístico vinculado al Decreto de Alcaldía nº 3.369, firmado por el alcalde el 19 de junio de 2025, para regular una actividad y legalizar estas obras ejecutadas sin licencia.

La portavoz socialista ha pedido aclarar si el promotor de las obras está relacionado con algún miembro del equipo de gobierno. “Ya hemos pedido dimisiones en otros casos, como en el mercado de Navidad o en la situación de la concejala Serrano, y no dudaremos en volver a hacerlo si se confirma que todo este proceso ha beneficiado a una sociedad privada en la que esté implicada algún miembro del equipo de Gobierno en detrimento del interés general de los segovianos”, ha señalado enn un comunicado emitido por el grupo municipal.

Martín ha reiterado que el PSOE defiende que la legalidad urbanística debe cumplirse sin excepciones, porque el interés general de la ciudad debe primar sobre cualquier interés personal o empresarial, y ha solicitado expresamente que se modifique el decreto, que es público, ya que contiene un error importante.

Según ha explicado, la empresa constructora que figura en el decreto de Alcaldía —que habría ejecutado las obras sin autorización y ha desatendido de forma reiterada los requerimientos de los técnicos municipales— no es la propietaria del inmueble ni la promotora real de la actuación (construcción de 18 trasteros), sino que actúa en calidad de representante de la sociedad promotora, tal como figura en la declaración responsable presentada inicialmente.

Martín ha insistido en que si el expediente hubiera reflejado correctamente al promotor, podrían desvelar esa información, pero que, en todo caso, corresponde al alcalde, como responsable de la firma del decreto y máxima autoridad municipal, corregir este error y explicar a los segovianos, mediante un nuevo decreto, quién es realmente el responsable de estas actuaciones urbanísticas, que han tenido pendientes a los técnicos municipales y a otros propietarios de un expediente complejo lleno de irregularidades durante los dos años del Gobierno en el Ayuntamiento del PP.

Requerimiento municipal a la empresa representante

Clara Martín ha recordado que desde el Grupo Municipal Socialista se ha tenido acceso al expediente hasta en tres ocasiones, dos de ellas en el último trimestre de 2024 y otra el pasado 18 de junio de 2025, justo el día anterior a la firma del decreto, y ha subrayado la coincidencia de que varias reactivaciones del expediente se han producido tras las consultas del grupo municipal.

La portavoz ha detallado que el 17 de febrero de 2023 se presentó una declaración responsable para ejecutar 18 trasteros, en la que figuraba una sociedad promotora y la empresa constructora como representante, y que diez días después, el 27 de febrero, el técnico municipal emitió un informe desfavorable por no ajustarse a la legalidad urbanística.

El 13 de abril de 2023, el jefe de Urbanismo remitió un requerimiento a la empresa representante, y no al promotor, indicando expresamente que no quedaban legitimadas para ejecutar las obras, que debían presentar la documentación requerida en el plazo de diez días y que, de ejecutarse, podrían imponerse sanciones de entre 1.000 y 300.000 euros.

Martín ha explicado que, a pesar de que el requerimiento indicaba que transcurridos tres meses sin respuesta el expediente caducaría, la documentación se presentó casi un año después, el 7 de marzo de 2024, y fue evaluada por técnicos, resultando nuevamente insuficiente, lo que llevó a nuevos requerimientos el 20 de septiembre y el 22 de noviembre de 2024, reiterando la paralización de las obras y la presentación de documentación, pero manteniendo plazos de solo diez días y sin incoar procedimiento sancionador efectivo.

Desgraciadamente, no se han cumplido los plazos y son los técnicos municipales los que ante la falta de información cierran una fecha con la propiedad para una inspección técnica el 11 de abril de 2025. En esta inspección se constató que los trasteros estaban finalizados aunque la instalación eléctrica no era operativa, lo que demuestra que se desoyeron los requerimientos y se continuó con las obras.

Posteriormente, el 29 de mayo de 2025, la empresa constructora, representante de la propiedad, presentó una documentación parcial, que se informa, por parte de los técnicos municipales, a través de un nuevo requerimiento que es el que da forma el decreto emitido el 19 de junio de 2025. Este decreto es el que marca el inicio del procedimiento de regularización, pero hasta la fecha las obras, al menos que sepa este grupo municipal, no han sido legalizadas y el procedimiento sigue abierto.

“Durante más de dos años se han sucedido hasta cinco requerimientos municipales para paralizar las obras y aportar la documentación necesaria. Todos ellos han sido desoídos. Y a pesar de ello, la inspección de abril de 2025 constató que los trasteros estaban terminados. Esto demuestra que se ha actuado con absoluto desprecio hacia la legalidad urbanística”, ha declarado Clara Martín.

Para el Grupo Socialista, el alcalde debe aclarar el caso e informar sobre las decisiones, criterios y medidas que van a adoptar para evitar que esto se repita. Además, insiste en la importancia de aclarar si hay “cualquier relación o circunstancia” vinculada a personas del equipo de Gobierno.

“La decisión de legalizar unas obras debe ser explicada con claridad. No se trata de un trámite menor, sino de un decreto que compromete la confianza de la ciudadanía en la gestión del Ayuntamiento, y más aún si puede haber personas de su equipo de Gobierno vinculadas a este expediente”, protesta el Grupo Socialista. Clara Martín ha reclamado de nuevo explicaciones sobre la Rosalía Serrano, que

“Seguimos reclamando explicaciones sobre la situación de la teniente de alcalde Rosalía Serrano, que ocultó más de un año su participación en empresas del sector inmobiliario. Cuando elDiario.es publicó esta noticia, la concejala aseguró que no había cobrado ni entonces ”ni nunca“ por participar en empresas, aunque abandonó la dirección de la empresa que ocultó durante un año.