Ecologistas en acción recurre la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid porque la considera “fraudulenta”
La organización Ecologistas en Acción ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Valladolid, por considerarla “fraudulenta” y “no cumplir con la finalidad y requisitos establecidos por la ley de cambio climático”.
Según ha informado este jueves la organización en un comunicado, han puesto a disposición del TSJCyL un informe elaborado por la consultora especializada en movilidad sostenible gea21 en el que se concluye que la ZBE “no cumple” con los objetivos de reducción de contaminantes de la ley de cambio climático.
Concretamente, para abordar este problema, la ley estatal de cambio climático estableció en 2021 que todas las ciudades mayores de 50.000 habitantes debían establecer zonas de bajas emisiones antes de 2023, con el fin de mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, promoviendo una movilidad basada en el transporte colectivo y los medios activos peatonales y ciclistas.
Así, el pasado 28 de octubre de 2024 el Ayuntamiento de Valladolid implementó su ZBE, que distaba mucho del proyecto inicial y rebajaba las zonas incluidas en este espacio, hasta el punto que Ecologistas en Acción asegura que es insuficiente para cumplir con el objetivo de reducir gases contaminantes como el dióxido de carbono o el ozono, que suele dar problemas en la ciudad.
Además, han alertado de que “el amplio abanico de excepciones” a las restricciones previstas de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos “no garantiza el cumplimiento de los objetivos cuantificables dispuestos para la ZBE”, ya que el acceso libre de no residentes a los garajes del centro, entre otras exenciones y accesos temporales contemplados en la zona de tráfico restringido, “convierten a la ZBE en un coladero y en un fraude de ley”.
“Favorable tratamiento de los SUV”
La organización ambiental considera “abusivo” el acceso libre a los aparcamientos rotatorios del centro, que “junto al favorable tratamiento de los SUV privilegia la movilidad motorizada de las personas con más renta”.
Por todo ello, han indicado que dado que la actual Zona de Bajas Emisiones de Valladolid “no cumple los requisitos ni plazos legales”, han solicitado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que reclame al Ayuntamiento “la devolución de los fondos europeos despilfarrados” -15 millones de euros- en una medida “ambientalmente inútil que se suma al desmantelamiento de los carriles bici y bus acometido por el actual equipo de gobierno municipal en su cruzada contra el medio ambiente”.
En última instancia, la organización ambiental ha atribuido la responsabilidad a la “negligencia y erróneo cálculo político del anterior alcalde y actual ministro, Óscar Puente, que, con el apoyo de Valladolid Toma la Palabra, se negó a implantar esta medida hasta pasadas las elecciones municipales que a la postre le desalojaron del poder, mostrando escasa convicción”, han apostillado.
Un recurso partidista e ideológico
El Ayuntamiento de Valladolid considera “sorprendente” el recurso presentado por Ecologistas en Acción y defiende el proyecto de zona de bajas emisiones, “más reducido pero efectivo”, que mejora la sostenibilidad ambiental en la ciudad, e insiste en que están cumpliendo con la normativa de fondos europeos.
El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, ha acusado en un audio remitido a los medios de comunicación a Ecologistas en Acción de presentar un recurso partidista, que tiene más que ver con lo ideológico que con la realidad.
“Sorprende que Ecologistas en Acción no recurra al Ayuntamiento de Zamora, que está gobernado por Izquierda Unida, formación política la que ellos apoyaron electoralmente, y en la que ni siquiera está previsto ni hay un calendario”, ha afirmado en relación a la implementación de la ZBE en la capital zamorana.
Gutiérrez ha insistido en que la organización pierde credibilidad cuando “hace la vista gorda o se tapa los ojos” ante acciones que derivan de formaciones políticas “afines”, y judicializa los asuntos solo cuando gobierna el Partido Popular.