SATSE Castilla y León exige la retirada inmediata del borrador del nuevo Decreto de residencias porque no corrige la falta de sanitarios en los centros

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Castilla y León ha solicitado a la Consejería de Familia que suspenda la tramitación del borrador de Decreto de autorización y funcionamiento de los centros de personas mayores de la comunidad. Según denuncia el sindicato en un comunicado, como ya sucedía hasta ahora, la nueva norma “no garantiza” una dotación suficiente de personal sanitario en las residencias.

La situación de emergencia que viven algunos centros de mayores de Castilla y León por el coronavirus ha dejado al descubierto “la importante carencia de profesionales sanitarios”, una realidad “ya existente” que ha incidido negativamente en el estado de los mayores residentes. En el comunicado, SATSE recuerda que lleva años denunciando la falta de enfermeros, en estos centros, y que incluso, consiguió parar el anterior Decreto elaborado por la Consejería en los tribunales en 2017. La falta de material de protección también evidencia las carencias que no aborda el nuevo decreto. 

SATSE Castilla y León pide a la Consejería de Familia que evalúe los errores cometidos hasta ahora, como la falta de una dotación de recursos humanos cualificados suficientes para las cargas asistenciales existentes en las residencias de ancianos de Castilla y León. Por ello, el sindicato considera “imprescindible la retirada inmediata del nuevo borrador, que está en fase de tramitación”, del Decreto que regula la autorización y funcionamiento de las residencias de mayores, ya que “incurre en los mismos errores y carencias que los anteriores decretos”.

El Decreto en tramitación no corrige las actuales faltas

El sindicato asegura que la falta de profesionales sanitarios ha tenido un impacto directo en el alcance de la epidemia del COVID-19. “Faltaban profesionales de atención sanitaria directa y esto también ha incidido en una tardía detección de la sintomatología”. Esta escasez, explican, ha supuesto una falta de detección de la cobertura de necesidades básicas, “revelándose residencias en las que las condiciones de atención a los residentes eran muy deficitarias”.

Así, el sindicato denuncia que la emergencia sanitaria ha dejado al descubierto que la regulación actual que establece unas ratios de atención de profesionales sanitarios en función del número de residentes “es fácilmente sorteada por determinadas residencias tanto privadas como públicas, que ante la situación de bajas de sus trabajadores no han llevado a cabo las sustituciones necesarias para mantener unos mínimos niveles de calidad asistencial”.

Falta de equipamiento

La falta de equipamiento necesario para proteger tanto la salud de los trabajadores como la transmisión del virus entre los residentes también ha quedado demostrada durante crisis, lo que ha provocado, según SATSE, el agravamiento de las expectativas de salud de las personas residentes.

Además, la situación actual ha puesto de relieve que las residencias de ancianos no pueden concebirse exclusivamente como un negocio con el objeto de obtener rendimientos económicos, sino que debe primar la salud, el bienestar y la protección de los residentes.

SATSE Castilla y León recuerda que  denunció ante la Justicia el Decreto de 2017 porque suponía un cambio de modelo asistencial respecto al de 2001, porque a su juicio, “despojaba a estos centros del carácter sanitario y a la vez regulaba de forma escasa, poco clara e imprecisa la ratio de profesionales con que debían contar, entre ellos los de enfermería”.

De este modo, dejaba la puerta abierta a que estos centros “se abrieran y funcionaran sin contar con suficientes enfermeros, fisioterapeutas, etc, recurriendo a los de Sacyl y sobrecargando el Sistema de Salud de la Comunidad”.