Un juez reabre la causa para analizar si la demolición de un azud en Segovia ha supuesto “un grave daño al medio ambiente”
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sepúlveda (Segovia) ha acordado reabrir el procedimiento judicial sobre la demolición del azud y presa de Puente Mesa en el río Cega, entre los términos municipales de Veganzones y Cabezuela, y ha encargado al Seprona de la Guardia Civil la investigación de los hechos.
Según el auto dictado el pasado 30 de abril, el juzgado admite la denuncia presentada por la organización Aguaiuris tras recibir el testimonio de la resolución de la Audiencia Provincial de Segovia, que previamente había revocado el archivo inicial de la causa.
La resolución judicial acuerda encomendar al Seprona la investigación para determinar si la demolición del azud y presa de Puente Mesa, situado en la Zona de Especial Conservación ‘Riberas del río Cega y afluentes’, “ha podido determinar un grave daño al medio ambiente y al patrimonio histórico”. Asimismo, el juzgado ordena requerir a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para que remita el expediente íntegro relativo a la demolición, incluidos los informes técnicos sobre el impacto histórico y ambiental de la actuación.
En el auto, el juzgado ha pedido a la CHD documentación completa relacionada con el derribo de esta infraestructura hidráulica tradicional sobre el río Cega. Aguaiuris ha valorado la decisión judicial al considerar que confirma la necesidad de investigar cómo se autorizó y ejecutó la demolición del azud y cuáles han sido sus posibles consecuencias ambientales y patrimoniales.
Además, sostiene que la desaparición de Puente Mesa no puede considerarse una mera actuación técnica, sino un asunto de relevancia pública por su afección al ecosistema del río Cega y al patrimonio hidráulico de la zona. El azud de Puente Mesa fue demolido el pasado enero en una actuación promovida por la CHD que provocó protestas vecinales en Veganzones y Cabezuela, donde numerosos vecinos defendían la conservación de la presa por su valor histórico, paisajístico y sentimental.
La infraestructura había sido objeto de controversia desde 2022, cuando representantes del Gobierno y de la CHD anunciaron públicamente un acuerdo para restaurar y conservar el azud, tras lo cual los ayuntamientos solicitarían una concesión administrativa para asumir su mantenimiento.