El juicio de la Hullera se celebrará 10 años después del accidente que costó la vida a seis mineros

Una década es el tiempo que llevan esperando las familias de los seis mineros muertos en el accidente del Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco Leonesa, en el municipio de Pola de Gordón, para ver por fin sentados en el banquillo de los acusados a los entonces responsables de la explotación minera en la que perdieron a sus hijos, hermanos, padres, el 28 de octubre de 2013.

El juicio por la muerte de Carlos Pérez, Manuel Moure, Antonio Blanco, Orlando González, José Luis Arias y Roberto Álvarez tendría que haberse celebrado en abril de 2021, después de ocho años, pero no empezará hasta el 6 de febrero del próximo 2023, cuando se cumple el décimo aniversario de la fatalidad, porque en la primera sesión las defensas se acordaron de que sus representados tenían seguros de responsabilidad civil. El rollo fue devuelto a instrucción para aclarar si existen o no tales pólizas y que, en caso afirmativo, las empresas aseguradoras tuviesen o no la responsabilidad civil del accidente que costó la vida de los seis hombres y que dejó heridos de distinta gravedad a otros ocho.

Dos años de agonía añadida para que los Del Valle, máximos responsables de la Hullera Vasco Leonesa en proceso de desguace tras su quiebra en 2015, den explicaciones del escape de gas mortal: su presidente, Antonio del Valle; vicepresidente y consejero delegado, Arturo del Valle; y vocal Aurelio del Valle. También están imputados el entonces director general, Marco Calvo, y el director facultativo de la explotación, José Eliseo Solís. El resto de acusados, hasta 16 antiguos responsables de la empresa minera, son ingenieros y vigilantes de seguridad de la compañía que debía garantizar la explotación. Además, pasarán también por la sala del Juzgado de lo Penal 2 de León un total de 60 testigos y peritos propuestos por las diferentes partes.

“¡Que vayan a la cárcel por lo que hicieron!”

“Llevamos nueve años esperando. Uno más qué más da. A nuestro hijo no nos lo van a devolver”, lamenta Manuel Moure, padre de Manuel Moure una de las víctimas. Jubilado de la mina, hijo y padre de mineros, quiere ver a los acusados “sentados en el banquillo” y “que vayan a la cárcel”. Ni olvida ni perdona el accidente mortal que acabó con la vida de su hijo cuando le quedaba medio año para dejar el pozo y pide “justicia” porque “no tendría que haber pasado. No fue una imprudencia en el trabajo, el trabajo lo tenían perfectamente, el peligro estaba detrás y los que lo sabían no hicieron nada”.

Reprocha a la Fiscalía, a la Junta de Castilla y León que “era la primera implicada”, a los sindicatos y a la empresa que “nos han dejado solos”, en un proceso que se dilata en el tiempo “porque el poder es el poder. Y el dinero. En España la justicia va rápido con quien quiere. Si fueran pobres ya estaban en la cárcel, y nos tocó la justicia de los pobres. Han ido metiendo palos en las ruedas a ver si nos cansábamos, pero va a ser que no”, sentencia a este medio.

Las empresas mineras, como la Hullera Vasco Leonesa, “estaban acostumbradas a que todo se tapaba con dinero. Salían indemnes con los accidentes, pero no nos pudieron comprar. En este caso les salió mal”. El problema del paso del tiempo, el dolor añadido a una herida que aún siendo imposible de cerrar no deja de supurar. También los testigos, porque “no es lo mismo recordar lo que pasó a los dos años que a los diez”.

Moure lo tiene claro. No hay día que no piense en ello. “La mina llevaba tiempo avisando. Estaban trabajando en una rampa nueva que se estaba hundiendo. Fueron salvando hasta el día ese que salió el gas y los pilló. Y de los 16 responsables de la empresa allí no había ninguno”, reprocha. Él estaba en el bar tomando un café cuando empezó a “sentir rumores”. Se presentó en el grupo “y un compañero de mi hijo me dio el pésame. Así me enteré de su muerte”. Llamó a la empresa desde casa pero, “me dijeron que no podían decirme nada. Y todavía no nos han dirigido una sola palabra. Ni la quiero ahora”. Esa falta de humanidad es sinónimo, para él, de que “la empresa 'modelo', como la denominó Arias Navarro, eran en realidad buitres carroñeros”.

Lo más difícil durante todos estos años, asegura, ha sido “verlos cada día y tener que aguantarte”. Ahora, celebra verlos por fin sentados en el banquillo con la esperanza de que “se haga justicia” por un accidente que “no tenía que haber ocurrido” y “¡que vayan a la cárcel por lo que hicieron!”

Peticiones de condena

Las peticiones de condena van desde los tres años y medio de prisión por seis delitos de homicidio con imprudencia grave y otro de lesiones por imprudencia de la Fiscalía a los seis años y medio que piden las acusaciones particulares de las familias de los fallecidos. Las defensas, en cambio, piden la libre absolución de los imputados alegando que el accidente, el más grave en una explotación minera en los últimos 30 años en España, fue “imprevisible”.

De la misma manera, se piden indemnizaciones económicas desde 770.000 euros a 1,1 millones para las familias de los heridos y los fallecidos.

En el auto de apertura de juicio oral se argumentaba que se trabajó en la zona afectada por el derrabe (derrumbamiento de carbón) sin las medidas de seguridad adecuadas, lo que ponía en peligro la integridad física de los mineros, como ocurrió. Como responsables civiles figuran la compañía Hullera Vasco Leonesa, en liquidación, y la aseguradora.