El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha arremetido duramente contra el presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, que se dirigió hace unos días a la Consejería de Sanidad y preguntó cómo se había actuado en las residencias de ancianos durante la crisis del COVID-19.
La consejera, Verónica Casado, ha adelantado que se le responderá en breve, pero Igea ha aprovechado la pregunta de eldiario.es para recordar a Díaz Villarig uno de los principios de código hipocrático, primum non nocere (lo primero no hacer daño).
“He de decir con pesar que hemos recibido muchas preguntas, recriminaciones, requerimientos y, desgraciadamente, muy pocos ofrecimientos de ayuda del Consejo o de otros”, ha apuntado. Para el vicepresidente, médico de profesión, es “un poco lamentable” que “quien representa a la gente que se ha dejado la piel en esta crisis y que ha arriesgado su salud haya ofrecido tan poca ayuda y haya olvidado alguno de los principios elementales del oficio”.
Investigación de la Fiscalía de Castilla y León
Respecto a la investigación que ha abierto la Fiscalía de Castilla y León a raíz de lo publicado por eldiario.es y a petición de Defensor del Paciente, la consejera Casado ha comentado que este jueves ha remitido a la Fiscalía toda la información requerida. Casado, responsable de la Consejería que en una instrucción interna ordenaba “no movilizar ni trasladar” a los ancianos de las residencias enfermos de COVID-19 a los hospitales, ha salido en defensa de los equipos COVID-Residencias, que nadie cuestiona, y ha dicho que “han realizado un trabajo extraordinario”, que han aplicado todos los métodos y tratamientos y que “cuando han considerado ingreso se ha ingresado en los hospitales”. “No se prohibió el traslado de residencias a hospitales”, ha insistido a pesar del contenido de la documentación que publicó eldiario.es. “La atención en las residencias ha estado garantizada”, ha asegurado
Por su parte, Igea se ha mostrado “muy satisfecho” de que se realicen todas las acciones necesarias “para dar tranquilidad a los ciudadanos”.
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