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Barcelona exige al Estado el cierre definitivo del CIE de la Zona Franca

Un grupo de manifestantes piden el cierre del CIE de la Zona Franca

Jordi Molina

Barcelona —

El Ayuntamiento de Barcelona ha solicitado este martes al Estado que inicie el proceso que conduzca al cierre de todos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), en concreto el de la Zona Franca (Barcelona), cerrado provisionalmente por obras. En una rueda de prensa, el teniente de alcalde de Derechos de la Ciudadanía y Seguridad, Jaume Asens, ha hecho público el acuerdo que cuenta con el apoyo del pleno municipal. A excepción de Ciudadanos y PP, el resto de formaciones han apoyado la petición de las entidades sociales, que también han solicitado al Ministerio del Interior que cese las deportaciones exprés.

Las entidades SOS Racisme Catalunya, Migra Studium y Tanquem els CIEs, en representación de la plataforma Tancarem el CIE, han acompañado el teniente de alcalde Jaume Asens, que ha calificado de “vergüenza” que, a día de hoy, todavía se pretenda reabrir el centro. “Quiero recordar que en los CIE no hay delincuentes, sólo personas que han cometido faltas administrativas”, dijo Asens. De este modo, el consistorio de la capital catalana se suma al Parlament de Catalunya, que este julio también avaló por mayoría la petición al Ministerio de Interior de cerrar CIE, “una anomalía en el ordenamiento democrático”. En aquella votación PP y Ciudadanos también fueron los únicos partidos que votaron en contra.

Marc Serra, uno de los portavoces de Tanquem el CIE, remarcó que esta declaración “no es aislada” y que forma parte “de un cambio de paradigma sobre cómo se entienden las políticas migratorias”. Entre las demandas, también se insta al Ministerio del Interior a derogar el Protocolo de Deportación de la Policía Nacional de 2007 “por vulnerar los derechos fundamentales de los vecinos y vecinas del municipio”. Un protocolo que permite acciones como “la sedación forzosa, la inmovilización mediante camisas de fuerza, bridas o correas de las personas que serán deportadas”, según denuncian las entidades.

El CIE de Barcelona cerró las puertas antes de noviembre para llevar a cabo una serie de reformas, pero según el Ministerio del Interior reabrirá el próximo mes de febrero de 2016. La declaración, que se aprobará definitivamente este viernes en el pleno de Barcelona, interpela directamente al ministro Jorge Fernández Díaz que, tal y como han dicho las entidades, “no tiene ninguna intención de cerrar el CIE”. Sin embargo, esperan que los consistorios de las ciudades que aún hoy tienen en su territorio Centros de Internamiento, como es el caso de Madrid, Murcia, Algeciras o las Islas Canarias, se sumen a la iniciativa de Barcelona.

El próximo 30 de enero está prevista una gran movilización para garantizar que el CIE de la Zona Franca no reabra sus puertas. Desde Tanquem els CIEs se atribuye el cierre a una reacción del Ministerio por la presión de la ciudadanía, cada vez más intensa. Sobre todo desde que en enero de 2014 se aprobara el primer auto del juez de control del CIE de Barcelona, que instaba a eliminar las mamparas que impedían el contacto físico entre internos e incorporar aseos dentro de las celdas.

Fin en las identificaciones por motivos raciales

Fin en las identificaciones por motivos racialesDurante la rueda de prensa, además de la petición de que no se reabra el CIE de la Zona Franca, se han adquirido otros compromisos en la lucha contra el racismo. Las entidades, con el apoyo mayoritario del pleno municipal, piden medidas urgentes para garantizar que ninguna persona sea identificada y detenida por cuestiones raciales y privada de libertad por el solo hecho de encontrarse en situación administrativa irregular. Por este motivo, se instará a la Guardia Urbana ya todos los cuerpos policiales que actúan en Barcelona evitar cualquier identificación basada en el perfil racial.

En este sentido, el texto presentado este martes, pide que se garantice el derecho a libre movilidad en la ciudad de todas las personas. Es decir, que la documentación acreditativa de los usuarios de transporte público no implique acreditar, también, su situación administrativa.

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