Colau afronta el reto de convertir el superávit en gasto social

Jordi Molina

Barcelona —

Este viernes el gobierno comandado por Ada Colau se enfrenta a su primer asalto en su cruzada por las políticas sociales. Será en el pleno del ayuntamiento y pasados sus cien primeros días de mandato, donde la alcaldesa quiere volver a situar las políticas sociales en el centro de la agenda de Barcelona con una importante inversión antes de que acabe el año, nada menos que 96 millones de euros.

La iniciativa salió a la luz hace solo unas semanas, eclipsada por la contienda electoral catalana, cuando el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, informaba que su equipo había detectado que, aunque la previsión del presupuesto aprobado para 2015 era cerrar el ejercicio con un superávit de 16 millones de euros, esa cifra subía, en realidad, hasta los 120 millones de euros. Un superávit que Barcelona en Comú prefiere invertir en medidas sociales antes que guardar en las arcas municipales.

De este modo, Colau espera encontrar los apoyos necesarios para impulsar una modificación del presupuesto de 2015. De lo contrario, era más que probable que la oposición le reprochara cerrar un el curso con superávit, una práctica que la misma Colau había criticado enérgicamente del gobierno de CiU. Según Pisarello, el pleno de mañana se superará por “una cuestión de sentido común: No podemos dejar este dinero en la caja cuando hay necesidades sociales”.

ERC y PSC, en sintonía con la propuesta

ERC y PSC, en sintonía con la propuestaLa modificación, que se debería aprobar inicialmente este viernes, se rubricará el 30 de octubre y, según el procedimiento municipal, debe recibir el visto bueno de la Generalitat, en plena construcción. Antes, la Comisión de Economía y Hacienda ya aprobó de forma inicial, sin ningún voto en contra, la modificación de los presupuestos de este año que permitirá aprovechar los 96 millones de euros del superávit.

La CUP, ERC, C's y el PSC se mostraron favorables a la propuesta, aunque los tres últimos grupos han puesto condiciones a su apoyo en la votación definitiva. CiU y el PP, por su parte, se abstuvieron. Según fuentes cercanas a Colau, las conversaciones están avanzadas con ERC y el PSC, los dos principales socios de Colau. Ambos grupos “ven bien la propuesta” aunque piden concreción. Entre las filas de Barcelona en Comú están molestos por la “oposición de gestos” de los republicanos –como colgar la bandera estelada del Ajuntament– y se sienten más cómodos, de momento, con “la oposición más cooperativa” de los socialistas.

Sobre el papel, no parece un pleno marcado por una dura oposición. También Ciudadanos está previsto que apoye las medidas, tal y como ha anunciado la presidenta del grupo municipal, Carina Mejías, que aseguró estos días estar de acuerdo en la mejora de las inversiones en políticas sociales. Eso sí, con matices estratégicos: “que Colau no desatienda los intereses de determinados sectores, como el turístico, que contribuyen a la recuperación económica”, dijo Mejias, redundando en el estigma de que Colau da la espalda al turismo.

“No se está gastando lo que no se tiene”

“No se está gastando lo que no se tiene”La lógica del pleno de mañana es evitar dejar dinero en un cajón y destinarlos a las personas. Así lo confirman las mismas fuentes, que niegan con rotundidad que la inversión condicione la solvencia económica del consistorio. De hecho, los números del superávit superan las previsiones. Y el primer sorprendido fue el gerente de Economía, Jordi Ayala, que admitió hace unas semanas que la cifra era muy superior a la prevista. “Las previsiones de ingresos por IBI o plusvalías habían pecado de exceso de prudencia”. Tanto Pisarello como Ayala coincidieron en insistir en que, en ningún caso, “ se está gastando lo que no se tiene”.

De los 96 millones de euros, la partida más importante (40,9) está previsto que se destine a mejoras urbanísticas y del espacio público. En este capítulo se incluye mantenimiento de calles, aceras, iluminación o alcantarillado. La siguiente inversión más abultada será de 29,4, e irá directamente a medidas sociales y de atención a la infancia; 12,7 en acceso a la vivienda o 5,7 en renovación de equipamientos. Además, el equipo de Colau se compromete a que todos los proyectos es que se puedan ejecutar tengan su impacto antes de acabar el 2015.