El Parlament de Catalunya ha aprobado este jueves regular por primera vez los alquileres de temporada, una fórmula adoptada por miles de caseros en los últimos años para no aplicar la Ley de Vivienda. El proyecto de ley avalado por la Cámara catalana contempla que estos arrendamientos estén también sujetos a los topes a la subida de precios, como lo están el resto de contratos de alquiler de residencia habitual en la mayor parte de las ciudades catalanas.
La regulación de los alquileres de temporada y de los de habitaciones estaba incluida dentro de un proyecto de ley más amplio, de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo. La parte que afecta a estos arrendamientos por meses, pactada por PSC, ERC, Comuns y CUP, ha salido adelante con el voto de estos cuatro grupos parlamentarios.
Junts ha avalado el conjunto del texto, pero ha rechazado los artículos que atañen al alquiler de temporada. PP, Vox y Aliança han votado en contra.
A partir de la entrada en vigor de la ley, tanto los alquileres de temporada como los de habitaciones estarán sujetos al mismo límite a las subidas de precio que el resto de arrendamientos de residencia habitual, tal como prevé la Ley de Vivienda. Solo quedarán fuera de esta regulación los contratos de alquiler temporales que acrediten ser para usos recreativos, turísticos o vacacionales.
Catalunya se adelanta de esta forma a las distintas administraciones que preparan sus propias leyes y normativas para evitar la fuga de alquileres convencionales a temporada, que en ciudades como Barcelona ya suponen entre el 20 y el 30% de los nuevos contratos. Por ejemplo, el Congreso de los Diputados, con una propuesta redactada inicialmente por el Sindicato de Inquilinas. O el Ayuntamiento de Barcelona, que se comprometió con los Comuns a atajar estos alquileres mediante una modificación del Plan General Metropolitano.
En su objetivo de perseguir el alquiler de temporada como fórmula para subir los precios del alquiler, lo que hace el proyecto de ley aprobado en el Parlament es someter a una parte de estos arrendamientos por meses a las normas que afectan a los arrendamientos de residencia habitual. De esta forma, cualquier contrato de alquiler, sea cual sea su duración, se considera de vivienda permanente. Esto afecta a arrendamientos por razones profesionales, de estudios, por temas médicos o por obras. Solo se excluyen los motivos turísticos o recreativos.
La normativa obliga también a que los contratos de arrendamiento temporal deban justificar documentalmente esa corta duración, así como aportar la fianza en el Institut Català del Sòl (Incasòl). Además, el texto prevé que en caso de prórroga de uno de estos contratos temporales, o de firma de un nuevo contrato, se considerará automáticamente vivienda habitual si el inquilino no acredita la causa de esa estacionalidad y que dispone de residencia fija en otro lugar.
Para el caso del alquiler de habitaciones, una vía también al alza entre aquellos caseros que buscaban seguir subiendo precios del alquiler, el proyecto de ley establece que estos contratos deben respetar también la normativa en materia de alquiler para las viviendas residenciales. Por lo tanto, la suma de las rentas pactadas para cada habitación no puede superar el tope que se le establece a ese piso dentro de la zona de mercado tensionado.
Avalado por el Consejo de Garantías Estatutarias –al que acudieron Junts y el PP–, el proyecto de ley recoge un amplio paquete de medidas para favorecer la construcción de vivienda y atajar la crisis de precios. Entre ellos, destacan la ampliación para ejercer la compra pública de vivienda, establece topes permanentes a la venta de los pisos de protección, y crea una nueva licencia básica para facilitar la construcción de nuevos hogares.