El Cesicat reclama los derechos de autor del seguimiento de activistas en Twitter, según Dropbox
Según una comunicación de Dropbox enviada a una de sus usuarias, el Cesicat, organismo del gobierno catalán acusado de monitorizar con carácter ideológico a activistas en Twitter, ha reclamado la autoría de los documentos que evidencian este seguimiento, y que desde este domingo circulan por la red difundidos por Anonymous.
El servicio de alojamiento ha comunicado a la usuaria que ha desactivado el acceso a los archivos filtrados que estaban disponibles de forma pública en su cuenta, porque Cesicat asegura que infringe la ley americana de Copyright, que condiciona la actividad de Dropbox.
Desde el Cesicat ayer se negaban a pronunciarse sobre la autoría de los documentos, asegurando que no responderían a filtraciones anónimas.
Unas horas más tarde, Mega, el servicio de alojamiento impulsado por el magnate Kim Dot Com, también ha retirado la copia del documento que alojaba otro usuario. A diferencia de los estadounidenses, en el correo electrónico enviado al usuario, Mega no entra a detallar los motivos ni quien solicita la retirada del archivo.
Ficheros ideológicos de activistas
Los documentos recogen tweets relevantes relacionadas con movilizaciones concretas, como la acampada ante la sede de La Caixa, ocupaciones de universidades, el primer aniversario del 15-M, el Primero de Mayo o la campaña No vull pagar, de desobediencia a la hora de pagar peaje en las autopistas. Se identifica a los usuarios que utilizaron por primera vez un determinado hashtag y también se hace una clasificación de los usuarios más influyentes en cada tema. Entre las cuentas seguidas hay colectivos, activistas, abogados o periodistas.
El abogado Carlos Sánchez Almeida, especializado en la materia, aseguraba ayer en declaraciones a Catalunya Plural que no se puede hablar de espionaje, pero que la ley de protección de datos no permite hacer archivos que revelen la ideología de las personas. El abogado denuncia que la situación sería especialmente grave si se prueba que se han destinado fondos públicos a esta tarea.
